"Dolor" de Familiares ante actitud de Batlle

En un comunicado, la organización reafirmó «el compromiso de seguir llevando adelante la lucha por la verdad» y anunció que está «en condiciones de proporcionar la información en nuestro poder, sobre lo solicitado por el fiscal argentino». También expresaron que «el respeto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado esgrimida por el gobierno, como fundamento de su negativa, impide a un tercer país la consecución de alcanzar la verdad y la justicia».

A su vez, manifestó «el respeto a la aplicación de la ley mencionada en el territorio nacional», pero rechazó que «ésta sea esgrimida ante los poderes de otros estados».

Los Familiares reafirmaron además «el compromiso de seguir llevando adelante la lucha por la verdad, como lo venimos haciendo en la colaboración con el trabajo que actualmente hace la Comisión por la Paz».

«Con ese espíritu lo haremos con todas las instancias fuera de fronteras y en ese sentido, anunciamos que estamos en condiciones de proporcionar la información en nuestro poder, sobre lo solicitado por el fiscal argentino», agregó.

Por último, afirmó que «contribuir a la verdad y a la justicia es en la actual hora un imperativo ético e imprescindible para construir una sociedad más humana y solidaria». El lunes, el gobierno uruguayo alegó que la Ley de Caducidad impide entregar los datos requeridos por el fiscal argentino y así se lo comunicó a través de la Suprema Corte de Justicia.

Osorio pidió conocer en qué unidades revistaron ocho militares uruguayos entre 1976 y 1982, si mantienen algún vínculo con el Estado y cuáles son sus domicilios actuales. En diálogo con LA REPUBLICA, Osorio reconoció que el pedido era el «paso previo» para solicitar la extradición de los oficiales. La Fiscalía Federal Nº10, a su cargo, investiga desde hace meses los casos de secuestros y desapariciones, varios de ellos de uruguayos, ocurridos en la capital federal argentina, cuyos responsables integraron las «fuerzas argentinas, uruguayas y chilenas». En esta causa actuó como parte querellante Sara Méndez, a raíz de la desaparición de su hijo Simón Riquelo, nacido en Argentina, y secuestrado por militares uruguayos, al igual que varios sobrevivientes de Automotores Orletti.

Por otro lado, el PIT-CNT también manifestó su preocupación con la actitud del Poder Ejecutivo en relación al pedido del fiscal argentino. La central sindical reafirmó su respaldo a la Comisión por la Paz, no obstante lo cual advirtió sobre la existencia de elemenos que pueden afectar «seriamente la credibilidad de los manifestados esfuerzos por la paz». En ese plano, mencionó la propuesta para designar al coronel (r) Angel Neira como integrante de la Suprema Corte de Justicia, la asunción de Julio César Lupinacci como embajador en el Vaticano, a lo que se agrega «la respuesta negativa que se cursara al fiscal argentino Miguel Osorio, en la que el Poder Ejecutivo pretende transnacionalizar la Ley de Caducidad, para preservar a militares uruguayos por delitos cometidos en el extranjero». Por otra parte, el PIT-CNT también incluyó la «actitud omisiva de las obligaciones que le impuso el Poder Judicial al Estado, con relación a la investigación administrativa del caso de Elena Quinteros». Respecto a este tema, cuestionó que el Ministerio de Defensa no tomara en cuenta la información adicional suministrada por el PIT-CNT y sostener que la investigación «al parecer solamente circunscripta a las declaraciones del ex soldado Sergio Pintado, no habían dado ningún resultado».

Informe de Serpaj

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), convocó para hoy a una conferencia de prensa para brindar información sobre los restos aparecidos en la zona de «La Esmeralda» en el departamento de Rocha, en abril de 1978, y conservados en el cementerio de la ciudad de Castillos.