Pidieron procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry

La fiscal penal de 5º Turno, doctora Ana María Tellechea, pidió a la jueza penal de 7º turno, Graciela Gatti, el procesamiento con prisión del ex dictador Juan María Bordaberry por los delitos de atentado a la Constitución y la coautoría en la privación de libertad de siete ciudadanos y el homicidio de otros dos.

Una de las conclusiones del ministerio público sería que a Bordaberry le cabe responsabilidad en las muertes de Ubagesner Chaves Sosa y el escribano Fernando Miranda, cuyos cuerpos fueron encontrados en una chacra de Pando y en una unidad militar, treinta y dos años después de ser asesinados.

La Fiscalía también le adjudicaría culpabilidad al dictador en la «privación de libertad» en siete casos de desaparición forzada, probablemente las de: José Arpino Vega, Otermín Montes de Oca, Julio Correa Rodríguez, José Arévalo Arispe, Juan Manuel Brieba, Eduardo Bleier y Luis González González.

La jueza Gatti estudiará ahora la acusación de la Fiscalía para pronunciarse en un término máximo de 45 días, por lo que el fallo judicial en favor o en contra del procesamiento con prisión de Bordaberry se estaría dando a conocer en una audiencia a realizarse antes de fin de año.

Aunque se desconocen los términos y argumentos establecidos por la fiscal Tellechea, quien se negó a dar a la prensa el contenido de su escrito, en el ámbito judicial se especula sobre la calificación de crímenes de lesa humanidad que el ministerio público pudo incorporar en su acusación.

Si la condición de delito contra la humanidad queda establecida, el dictador Bordaberry no podrá utilizar por su edad el beneficio de una excarcelación o arresto domiciliario previsto en la ley de humanización de cárceles, que expresamente excluye la opción en las violaciones de los derechos humanos.

 

4 años, 2 meses, 12 días…

Juan María Bordaberry había sido electo presidente en los comicios del 28 de noviembre de 1971, como opción alternativa ante el intento de reforma constitucional promovida por el Partido Colorado para la reelección del entonces presidente Jorge Pacheco Areco.

Bordaberry asumió la Presidencia el 1º de marzo de 1972 y solo un mes y medio después propuso la declaración del Estado de Guerra Interno que implicó la pérdida de garantías de los derechos civiles y un incremento en las detenciones, torturas, secuestros, desaparición y muertes.

El 27 de junio de 1973, Bordaberry firmó la resolución 464/973 con la que decretó la disolución del Parlamento y la creación de un Consejo de Estado que supuestamente debía controlar al Poder Ejecutivo en la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Durante su gestión clausuró la central de trabajadores CNT, encarceló a los principales dirigentes del Frente Amplio, censuró a la prensa no oficialista, decretó la intervención de la Universidad de la República, e ilegalizó a los partidos políticos de izquierda.

Bordaberry fue destituido de su cargo el 12 de junio de 1976. En los cuatro años, dos meses y doce días de su gobierno se produjo la progresiva intromisión de las Fuerzas Armadas en organismo del gobierno. En el período se constataron 45 muertes y 16 desapariciones forzadas. *