Gestión de 260 días signada por los DDHH

Los ocho meses y medio del ayer relevado teniente general Carlos Alejo Díaz Moussampes como comandante en jefe del Ejército del primer gobierno de izquierda en Uruguay, marcaron una de las etapas más sensibles de la relación de la administración Tabaré Vázquez y las Fuerzas Armadas.

En su gestión, se produjo la extradición de tres militares uruguayos a Chile por el asesinato en 1992 del químico Eugenio Berríos y seis oficiales -junto a dos ex policías- fueron procesados con prisión por «asociación para delinquir» y «privación de libertad» en el caso de un desaparecido.

Carlos Díaz también sufrió el «deshonor» de la breve fuga del coronel (r) Gilberto Vázquez que llevó al Ejército a no ser más garante de los oficiales requeridos por la justicia argentina, quienes de su arresto en una unidad militar pasaron a cumplir prisión administrativa en la cárcel central.

Díaz, quien había realizado junto al general Carlos Barnex la investigación sobre el destino de los desaparecidos durante la comandancia de su antecesor Angel Bertolotti, también debió aceptar que los datos sobre «enterramientos» que le aportaron aquellos oficiales retirados, eran falsos.

 

El informe y la reunión

La instancia que comenzó a definir su sustitución se produjo una semana atrás, cuando, en su segundo informe sobre los desaparecidos, deslindó la responsabilidad del Ejército en la ejecución masiva de una veintena de uruguayos que la Fuerza Aérea admitió haber trasladado en octubre de 1976.

En su breve informe, Díaz responsabilizó al Servicio de Información y Defensa (SID) por el destino de los pasajeros del llamado «segundo vuelo» de Orletti, y contradijo al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien había entendido que el Ejército reconocería la masiva ejecución. Su argumento de que los mandos militares del Ejército desconocían las operaciones del SID (dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA (sometida al comando de la División de Ejército I) provocaron malestar en el gobierno.

Las reuniones inconsultas del comandante en jefe con los líderes de la oposición (se entrevistó con Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau, y preveía hacerlo con Jorge Larrañaga en una semana) precipitaron la decisión del Poder Ejecutivo de relevarlo del mando.

 

Ascensos y disensos

La opción de Tabaré Vázquez de designar al general Carlos Díaz Moussampes como comandante en jefe del Ejército, se conoció el 20 de diciembre de 2005 e implicaba saltear siete lugares en la derecha del generalato y provocar la designación de cinco nuevos generales.

La designación de Díaz provocó el pase a retiro anticipado del general Hebert Fígoli, quien se encontraba como jefe de misión de paz ante la ONU en Chipre, y de Ricardo González, quien no tenía destino desde que Jorge Batlle le relevó de la Jefatura de la Casa Militar de la Presidencia.

Díaz asumió el 1º de febrero de 2006, a la vez que ascendían al generalato Raúl Gloodtdofsky, Luis Pérez, Daniel Castellá, Jorge Rosales y Wile Purtscher, en sustitución de Francisco Wins, Roberto Alvarez, Tomás Medina y Juan Córdoba, quien, discrepante con el gobierno, ya había pasado a retiro.

Pese a esos desplazamientos, el nombramiento del general Carlos Díaz a la comandancia cumplía las «reglas de juego» y evidenciaba que en el nuevo gobierno «no había un caballo del comisario», aunque sí se «premiaba» la labor de quien había elaborado el primer informe sobre desaparecidos.

 

Derechos Humanos

Díaz había asumido el 16 de agosto de 2005 el comando de la poderosa División de Ejército I en reemplazo con el general Córdoba, quien no estaba de acuerdo con la nueva política en materia de derechos humanos ni la interpretación que se daba a la Ley de Caducidad.

Carlos Díaz, de 56 años de edad, casado en segundas nupcias, padre de cuatro hijos, nacido en el departamento de Colonia, había ingresado a la Escuela Militar en 1967 y se graduó como alférez de Infantería en 1972. En 1983 llegó a mayor, en 1987 a teniente coronel y en 1992 a coronel.

Vinculado a la masonería, Díaz había llegado al generalato en 2002, dentro del gobierno de Batlle, en el cual tuvo a su cargo la dirección de la Escuela Militar y, simultáneamente, la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Pudo permanecer en el cargo de comandante hasta el año 2010.

Aunque evitó tener un alto perfil mediático, desde antes de su asunción la gestión del comandante Carlos Díaz quedó signada por el tema de los derechos humanos, al punto de que colocó como uno de sus objetivos poner fin «de una vez por todas» el tema de los desaparecidos.

 

Dolores de cabeza

No había pasado un mes desde su asunción cuando Díaz tuvo un primer problema. La visita a Uruguay de un grupo de activistas norteamericanos contra la School of Americas (SOA), terminó evidenciando que el propio comandante y diez de sus generales habían asistido a los polémicos cursos.

Días después, el gobierno decidió derogar el acto oficial del «Día de los caídos en la lucha contra la subversión», que anualmente se conmemoraba el 14 de abril, lo que motivó varios actos organizados por los clubes militares, a uno de los cuales asistió Díaz y los demás comandantes en jefe, vestidos de civil.

El presidente del Círculo Militar, general (r) Ricardo Galarza, consideró que había sido un «fracaso» la búsqueda de restos de desaparecidos en unidades militares y el presidente del Centro Militar, general (r) Luis Pírez, dijo que permitir la extradición de militares era un «peligroso antecedente».

Precisamente, tres días después, los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, eran extraditados y trasladados en un Hércules C-130 a Chile, para que respondieran en un juicio sobre el homicidio en 1992 en Uruguay del químico Eugenio Berríos.

 

De espaldas y de rodillas

Luego de la extradición a Chile, los procesos judiciales comenzaron a acelerarse, desde que un tribunal de apelaciones sentenció que se indagara la responsabilidad del dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco en el homicidio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Paralelamente, concluía el convenio con la Facultad de Ciencias para que un grupo de arqueólogos excavaran en los Batallones 13 y 14, sin que se pudieran confirmar los datos que el propio comandante Díaz había escrito en el informe sobre los desaparecidos elaborado por el Ejército.

Casi de inmediato, diez ex comandantes en jefe del Ejército, encabezados por el ex dictador Gregorio Alvarez, firmaron una carta pública en la que asumían toda la responsabilidad por los hechos cometidos por sus subalternos en el período que comprendió la «lucha antisubversiva», en otro claro mensaje a Díaz.

El propio «Goyo» Alvarez protagonizó otro incidente el 18 de mayo, durante el homenaje a cuatro soldados muertos en 1972, cuando interrogado por la prensa sobre la posibilidad de pedir perdón, espetó la frase: «Antes, caer de espaldas que de rodillas».

 

Un «Pilín» en fuga

Pero sería luego de la detención de un grupo de militares retirados para su eventual extradición a Argentina y posterior fuga de uno de ellos, el coronel (r) Gilberto Vázquez, que el teniente general Carlos Díaz pasaría sus peores horas desde que asumió la comandancia del Ejército.

Sería un trabajo policial, de efectivos de Interpol, el que determinó la detención del prófugo, cuya aventu
ra llevó al comandante Carlos Díaz a poner su cargo a disposición del presidente Tabaré Vázquez, quien no le aceptó la renuncia y lo confirmó en el mando del Ejército.

La fuga no sólo implicó un problema político que llevó a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, a dar explicaciones en el Parlamento, sino que provocó una pérdida de confianza interna en el Ejército, que dejó de respaldar a sus ex integrantes, que fueron trasladados a la Cárcel Central.

En una de sus múltiples apariciones en prensa, Gilberto Vázquez denunció que Díaz les había propuesto que se hicieran responsables de algunos delitos, para evitar su inminente extradición a la Argentina. El propio Díaz debió salir a desmentir al coronel retirado.

 

La historia reciente

Díaz también se vio obligado a salir al cruce de declaraciones de Carlos Demasi, uno de los historiadores que elaboran un nuevo programa de historia sobre el pasado reciente de Uruguay, quien afirmó que el golpe de Estado de 1973 no fue producto de un proceso iniciado por la guerrilla.

Pocos días después, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, explicaba que a través de un informe verbal el comandante Díaz le había dicho que todos los pasajeros del llamado «segundo vuelo» de Orletti en 1976 habían sido efectivamente ejecutados por el Ejército.

La revelación le generó a Díaz otro incidente con el ex dictador Gregorio Alvarez, quien el 14 de setiembre, durante una acto en homenaje al coronel (r) Juan Rodríguez Buratti (quien se suicidó para no ser encarcelado), le increpó no haber desmentido a Gonzalo Fernández. Sería ese segundo informe, sobre el destino de los trasladados en el «segundo vuelo» de Orletti en octubre de 1976, lo que terminaría por dejar mal parado al comandante del Ejército, que pudo transformarse en una suerte de general Martín Balza uruguayo, al borde de la pérdida de confianza del gobierno. *