Auditoría confirma caos en Juan Lacaze

Esta semana, a raíz del tratamiento del tema en la Junta Departamental, se conocieron los «anexos» del informe del Tribunal de Cuentas en el que se recogen las declaraciones de los involucrados en el caso Juan Lacaze, incluso declaraciones de los procesados Gustavo Suárez y Alicia Espinosa, tomadas cuando ya estaban detenidos en el penal de Piedra de los Indios.

Como recordarán los lectores, el ex convencional de la lista 904 Gustavo Suárez, propietario de la florería San Cayetano, y la ex secretaria de la junta local de Juan Lacaze Alicia Espinosa fueron condenados a prisión por «un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación de documento privado», en tanto que a la ex secretaria se le tipificó «un delito continuado de peculado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de falsificación de documento privado en calidad de autoría y coautoría respectivamente», el 1º de setiembre del año pasado.

Nueve días después renunciaría a su cargo en forma «indeclinable» el ex director de Hacienda Gualberto Ercoli, a quien hoy la investigación del Tribunal de Cuentas deja al menos en falta ante el desorden administrativo que permitió que durante varios años fueran saqueadas las arcas de la intendencia coloniense, descubriéndose un total de 2.423 facturas truchas por un monto de 2.476.990,92 pesos y un faltante de caja de 599.532,46.

De las declaraciones surge que, tal como lo denunciaba en el recinto departamental el edil José Luis Laport (EP), había en Juan Lacaze una operativa política más compleja que trascendía ampliamente al florista y a la secretaria de la Junta Local sabalera.

Ercoli no sabía nada

En el anexo 13 del expediente, aparecen las declaraciones que el ex director de Hacienda Gualberto Ercoli realiza el 4 de abril de este año en la sede del Tribunal de Cuentas de la República en Montevideo ante los contadores Antonio Castro y Ricardo Díaz. Allí el ex jerarca declara que nunca se enteró en la Junta Departamental, pese a que un año antes el edil José Luis Laport lo había denunciado públicamente, que estaban ocurriendo irregularidades en Juan Lacaze, y confirma que la secretaria de la Junta lacacina tenía vinculación directa con la Secretaría General de la Intendencia. «La secretaria tenía un relacionamiento directo con la Secretaría General; nunca fui consultado por ella en el sentido de la posibilidad de realizar o no un gasto», declaró. Las declaraciones del ex jerarca ponen al descubierto lo que todo Roma sabía en Juan Lacaze: los estrechos vínculos del secretario general, Alfredo Alvarez, mano derecha del intendente, con la estructura de poder nacionalista en la ciudad sabalera.

Pese a que los secretarios de las juntas locales históricamente tienen orden de depositar en el banco todos los días el dinero recaudado en su localidad, en la Junta de Juan Lacaze esto no se hacía desde 1997. Sin embargo, según declaró a los auditores del Tribunal, el responsable de las cuentas y dineros de la Intendencia de entonces no sabía nada al respecto. En efecto, consultado sobre si sabía que la Junta Local de Juan Lacaze no depositaba íntegramente su recaudación en el período fines 97 a julio de 1999, explicó que «el saldo de caja de las juntas locales compuesto por efectivo y cuentas pendientes de liquidación, como así también el saldo de las cuentas corrientes en el BROU, eran comunicados diariamente por las juntas locales a la Dirección de Auditoría». «Nunca fui informado por ésta de que hubiera fondos en efectivo importante sin depositar», declaró.

Palabra tras las rejas

Las declaraciones de los dos principales involucrados en el caso Juan Lacaze, luego de ser procesados y ya en la prisión, aportan una versión importante de los hechos ocurridos.

Este corresponsal logró obtener estas declaraciones a los funcionarios del Tribunal de Cuentas, realizadas el cinco de octubre del año pasado en el penal de Piedra de los Indios ante la asesora letrada de la comuna Ivonne, Laguna, e incorporadas al expediente de la investigación que venía realizando el Tribunal de Cuentas.

En ellas se pueden ver claramente cómo mientras Gustavo Suárez despega toda responsabilidad del fraude realizado de la cúpula municipal, la ex secretaria adjudica a «órdenes de arriba» el desfalco ocurrido.