Fiscal lamentó respuesta de Batlle y evalúa presentar denuncia ante OEA

Ayer, el ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo confirmó que el Poder Ejecutivo se negó a entregar la información solicitada al considerar que la misma está comprendida dentro de la Ley de Caducidad. «Los motivos están claramente determinados por la Ley de Caducidad; por lo tanto, le estamos contestando al juez argentino que no corresponde evacuar la información que solicita de acuerdo a la normativa legal uruguaya», alegó Brezzo.

El secretario de Estado puso como ejemplo que el gobierno tampoco podría conceder la extradición de los responsables por la muerte del ex agente norteamericano Dan Mitrione en virtud de que existe una ley de amnistía que ampara a los ex guerrilleros. Brezzo también informó que el gobierno ya tomó una resolución respecto a la investigación de la maestra Elena Quinteros, desaparecida durante la dictadura en 1976. Si bien no quiso dar detalles del informe, explicó que las declaraciones del ex soldado Sergio Pintado –en quien se basaron para realizar la investigación– resultaron «muy confusas, muy contradictorias».

La respuesta al fiscal argentino, que lleva la firmas del presidente de la República Jorge Batlle y del secretario de Defensa, fue remitida a la Suprema Corte de Justicia para que ésta responda al exhorto.

La Ley 15.848, aprobada el 22 diciembre de 1986 y ratificada en un plebiscito el 16 de abril de 1989, estableció que «ha caducado el ejercicio de la pretención punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985″, como consecuencia de la «lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984″. La norma amparó a «funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto» con excepción de «las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, exista auto de procesamiento» y de «los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico».

Además, estableció que «el juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones» y que para estos casos el Poder Ejecutivo «dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos».

La causa argentina

En diálogo con LA REPUBLICA, el fiscal argentino Miguel Osorio indicó que pidió conocer en qué unidades revistaban los militares uruguayos José Gavazzo, Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Enrique Martínez, Ricardo Medina, José Arab, Pedro Mattos y Jorge Silveira, entre 1976 y 1982, si aún mantenían sus vínculos con las fuerzas de seguridad y sus domicilios reales actuales.

La solicitud estaba inscripta en la investigación por los delitos de asesinato y desaparición forzada cometidos durante la dictadura militar en la capital federal. Entre los casos, además, se cuenta la mayoría de los expedientes sobre uruguayos denunciados como desaparecidos (ver nota aparte) en el vecino país, cuyo destino intenta esclarecer la Comisión para la Paz. Osorio sentenció que entre los antecedentes figura un dictamen de la Justicia argentina de 1986 que decretó la prisión preventiva para estos oficiales por el delito de privación ilegítima de libertad. En aquel momento, el juez de la causa Néstor Blondi llegó a solicitar la extradición de estos oficiales, pedido que el gobierno uruguayo nunca respondió. También prestaron declaración los sobrevivientes uruguayos de Automotores Orletti y, recientemente, el ex soldado Julio César Barboza, que revistó en el SID (Servicio de Información de Defensa). El PIT-CNT también entregó documentación a la sede judicial argentina.

El fiscal argentino señaló que el propósito era «identificar a estos militares y ubicarlos rápidamente». Manifestó que ya había reunido «suficiente prueba» y que la información solicitada constituía «el paso previo para solicitar la extradición» de los imputados.

Osorio agregó que la causa «tiene que ver con la actividad que desarrollaron en capital federal fuerzas argentinas, uruguayas y chilenas en orden a secuestros y desaparición de personas y por considerar que el delito continúa y que no le es aplicable la Ley de Punto Final que se dictó en la República Argentina». Señaló que en el caso de los militares chilenos «la participación no es tan clara como la de los uruguayos». Indicó que estas acciones judiciales se conocen en Argentina «con el nombre de causas de la verdad», en las que «se trata de reconstruir los acontecimientos históricos» y sostuvo que desde el punto de vista jurídico «no existe ninguna traba» para juzgar a un militar uruguayo. El letrado argentino indicó que, en principio, una vez que reciba la contestación, estudiará los pasos a seguir, pero «en principio», puntualizó que habría dos caminos a recorrer. «Uno sería recurrir a la OEA, ante el Comité de Derechos Humanos en virtud de que se estaría incurriendo en violaciones a los tratados internacionales; ese camino puede ser incluso recorrido por los propios querellantes, familiares de las víctimas, y por el otro, a lo mejor yo puedo pedir que se denuncie el Tratado de Asistencia Judicial que tenemos con Uruguay».

«No pasa nada»

A modo de reflexión, Osorio señaló que aclarar estos delitos implica «empezar a construir cimientos sólidos para ambas sociedades, tanto la uruguaya como la argentina».

Lamentó la respuesta del gobierno uruguayo y sentenció que «como señal, no es nada gratificante la impunidad de ningún delito». Agregó que «además de la sanción que pudiera caberle a la persona, individualmente ésta cumple una función preventiva muy importante, que es disuadir a otros habitantes a que no cometan delitos. De esta manera el mensaje del gobierno es: pueden seguir cometiéndolos, no pasa nada».