Informe del comandante Díaz contradice documentos elaborados por la dictadura

El informe del teniente general Carlos Díaz, en el que deslinda totalmente la responsabilidad de Ejército en la recepción, detención y asesinato de la veintena de uruguayos desaparecidos del llamado «segundo vuelo» de Orletti en 1976, contradice materiales elaborados por las propias Fuerzas Armadas.

En el documento, entregado al presidente Tabaré Vázquez como ampliación del informe del Ejército sobre los desaparecidos, el comandante Díaz adjudica toda la responsabilidad en aquel crimen al Servicio de Información y Defensa (SID) que, argumenta, «no era orgánicamente una repartición del Ejército».

Con su afirmación, Díaz coloca al Ejército por fuera de la estructura de poder creada por las propias Fuerzas Armadas en los años de la dictadura cívico-militar, según se puede apreciar en el II Tomo (El Proceso Político) del libro «Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental» editado en 1978.

Díaz también evita referirse a una investigación de LA REPUBLICA publicada en agosto, en la que un ex sargento sostuvo que los del «segundo vuelo» estuvieron en el centro de torturas «300 Carlos» ubicado en el Servicio de Material y Armamento (SMA) del propio Ejército.

El comandante también contradice el primer informe del Ejército sobre los desaparecidos, texto en el cual el propio Díaz y el general Carlos Barneix fueron asesores, donde su antecesor en el mando, Angel Bertolotti, responsabilizó de las desapariciones al OCOA, dependiente de la División de Ejército I.

 

La Junta y el Esmaco

La existencia del Servicio de Información y Defensa (SID) y el papel que jugó en los años de la dictadura, sólo puede ser comprendido atendiendo el marco del poder que el Ejército, la Armada y la Aviación uruguayas fueron acumulando en Uruguay desde principios de la década del setenta.

Desde el 9 de setiembre de 1971, cuando el entonces presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la subversión, los mandos militares fueron creando nuevos escenarios y organismos con los que terminaron por controlar el gobierno.

En el Tomo II (El Proceso Político) del libro «Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental» firmado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1878, se puede seguir la consecuencia de resoluciones gubernamentales, pedidos militares y autodeterminaciones de los mandos, con los que se dirigió la represión.

Fue el propio Pacheco Areco quien, por el decreto 672/971 del 16 de diciembre de 1971, creó «a título experimental» para luchar contra la subversión a la propia Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), con los que las Fuerzas Armadas concentraron el poder.

El comandante del Ejército (general Hugo Chiappe Posse) era, obviamente, uno de los miembros de la JCJ y uno de los generales de mayor nivel del Ejército (el general Gregorio Alvarez) fue el jefe del Esmaco, desde donde se realizaba el estudio, asesoramiento, coordinación y planificación de acciones.

 

La dependencia del SID

Fue luego de la crisis del 9 de febrero de 1973, con el Pacto de Boiso Lanza, que los mandos militares instituyeron su presencia en el Poder Ejecutivo, a través de la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), integrado por los comandantes y con la secretaría del propio Esmaco.

El Esmaco tenía tres funciones: la de «coordinador» («tareas de información, asesoramiento y planificación de operaciones del conjunto de las Fuerzas Armadas»), de «especialista» («enseñanza, movilización, defensa civil, estadísticas, historia, acción cívica») y de «personal» (administrativa).

El 14 de mayo de 1973, la JCJ y el Esmaco le entregaban a Juan María Bordaberry un documento llamado «Memorándum para el Sr. Presidente de la República», donde se incluía un «Organigrama del Sistema de Planificación y Control del Desarrollo bajo condiciones de Seguridad Nacional».

En el organigrama se observa con claridad la relación entre el Cosena y el Esmaco como asesores del Poder Ejecutivo, y la dependencia directa que de ellos tenían el Servicio de Información y Defensa (SID), el Servicio de Información Exterior (SIE) y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

El SID, dependía del Esmaco, que planificaba para la Junta de Comandantes en Jefe, que integraban el Cosena, donde se decidía lo que el Presidente terminaría por aceptar y lo que las fuerzas represivas terminarían por hacer, dentro o fuera del país. El Ejército no era ajeno a esa línea de mando.

 

«Oscares», «Indios» y «300»

Cuando a las Fuerzas Armadas se les encomendó la dirección de la lucha contra la subversión, en cada una de las cuatro Divisiones en las que está descentralizado el Ejército en el territorio nacional se creó un Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Cada OCOA estaba comandada por un general, dos coroneles, tres comandantes, que dirigían las acciones del personal de «Operaciones» a los que se denominaba «Oscar» y de los agentes de «Información» a los que se llamaba «Indios», utilizando la primera letra del grupo en el que revestían.

Los «Oscar» como los «Indios» se numeraban según el orden de mando: «Oscar 1″ fue Ernesto Ramas («Oscar Romeo»), «Oscar 2″ era José Nino Gavazzo, «Oscar 7″ era Jorge Silveira, «Oscar 8″ el «francés» José Boudean, mientras que «Indio 1″ fue el coronel Victorino Vázquez, entre otros.

El OCOA de la División de Ejército 1 operaba en distintos centros de tortura y detención a los que denominaban «300 Carlos». Primero fue en el Batallón de Artillería 1, luego en la Casona de Punta Gorda, en la pera del Servicio de Material y Armamento, en la Casona de Millán y finalmente en La Tablada.

Todas las acciones del OCOA se comunicaban al SID, que enteraba de los hechos al Esmaco, que informaba a la Junta de Comandantes, que debatía con la Junta de Oficiales Generales, daba cuenta a la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) o trazaba lineamientos en el Cosena. El Ejército, sabía.

 

La subordinación militar

El 5 de agosto de 1974, la Junta de Comandantes y el Esmaco aprobaron las «Directivas al personal militar designado para prestar servicios en reparticiones públicas ajenas al MDN (Ministerio de Defensa Nacional)», que estableció la intervención militar en todas las dependencias públicas.

En aquellas directivas se estableció que la Junta de Oficiales Generales (Joogg), de la que participaban los 16 generales del Ejército, era el órgano formulador y actualizador de la política nacional de las Fuerzas Armadas y la Junta de Comandantes en Jefe, el máximo organismo de conducción y ejecución de esas políticas («como supremo organismo del mando militar»).

El SID, integrado operativamente con el Esmaco, la Dirección General de Estadísticas y Censo (Dgeyc), la policial DNII y el Servicio de información Exterior (SIE) de la Cancillería, constituían el centro de información nacional, interior o exterior, de más alto nivel, en «beneficio» del Gobierno Nacional.

El Esmaco, integrado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) constituían el máximo organismo de asesoramiento, planificación, evaluación y control en lo que respecta a seguridad, desarrollo, presupuestación y administración pública.

«La totalidad de oficiales de las FFAA designados para actuar en organismos públicos civiles, estará subordinada militarmente a la JCJ y su actuación será coordinada por el Director del SID (información) y por el Esmaco (asesoramiento, planificación y ejecución) según sea el caso», se ordenaba.

 

Destin
o del segundo vuelo

A partir de esas directivas de mayo de 1974, los efectivos militares tenían una doble dependencia de mando. Por un lado, recibían órdenes de la unidad en la que revestían dentro del Ejército, la Armada o la Aviación, y por otro lado dependían del SID y del Esmaco en su misión, actividad o función de Estado.

Los militares que cumplieron actividades en materia de «seguridad» o en «operaciones antisubversivas», fueran servicios de inteligencia del Ejército (S II), la Armada (N II), la Aviación (A II) o la Policía (DN II), coordinaban con el SID y el Esmaco, que informaba a la junta de oficiales y la junta de comandantes.

Los desaparecidos del «segundo vuelo» habían sido secuestrados en Buenos Aires, torturados en «Automotores Orletti» y traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el confeso Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) en una operación coordinada por el Servicio de Información y Defensa (SID).

En el operativo de detención y traslado actuaron miembros de la «patota» del OCOA dependiente de la División de Ejército I, quienes llevaron a aquella veintena de uruguayos al centro de torturas «300 Carlos» ubicado dentro del Servicio de Material y Armamentos (SMA) del Ejército Nacional.

Un subalterno con años de servicio militar confesó a LA REPUBLICA, que a aquel grupo de «tupas» los llamaban «los del ómnibus» porque en el propio micro del SMA habían sido llevados al «300 Carlos». De ellos sólo sabían que habían sido traídos desde la base «El Palomar» de Buenos Aires.

El comandante en Jefe del Ejército como miembro de la JCJ, los generales del Ejército como integrantes de la Joogg, el general en la jefatura del Esmaco, el general al frente del SID, el comandante de la División de Ejército I como mando directo del OCOA que operaba en Montevideo y Canelones, todos miembros del Ejército, supieron qué ocurrió con aquellas víctimas.