Abogado Varela: los militares cumplieron órdenes "del Estado uruguayo a través de sus autoridades"

Gavazzo y Arab reciben asesoramiento de jurista de la ultraderecha argentina

El abogado argentino Florencio Varela, quien defiende a 30 militares de su país acusados de violar los derechos humanos, reconoció y justificó la existencia del Plan Cóndor. «Sin duda que existió», dijo, «pero fue un acuerdo de Inteligencia entre países del Cono Sur para combatir al terrorismo».

Para Varela hay «una confusión» que frecuentemente se presenta y es «la coordinación a nivel de Inteligencia» con «el uso o el empleo que se haga de la información lograda».

Por eso consideró que «cualquier Estado tiene que precaverse a través de sus actividades de Inteligencia, para contrarrestar todas las acciones que atentan contra él».

«El caso de los militares uruguayos que han desarrollado actividades de Inteligencia, no lo hicieron por cuenta propia, lo hicieron en cumplimento de órdenes que emitió el propio Estado uruguayo a través de sus autoridades», aseguró Varela a Compacto 1410, informativo de AM LIBRE.

A la vez señaló que «no hay ninguna prueba de la participación material de los hechos que se les imputa» a esos militares uruguayos acusados del asesinato de Michelini y Gutiérerz Ruiz.

Varela recordó que no se vivió «una guerra convencional, donde hay dos ejércitos enfrentados, donde cada uno viste sus uniformes y tiene sus banderas y los enemigos mutuamente se pueden identificar». «Aquí el enemigo está mimetizado en la población, puede ser un tranquilo abogado, periodista o religioso o lo que fuera, por lo cual las actividades de Inteligencia para individualizarlos son arduas, muy sutiles, muy difíciles», dijo, para preguntar de inmediato: » ¿Qué estaban haciendo en Buenos Aires Michelini y Gutiérrez Ruiz?».

Varela, quien veranea desde hace años en Punta del Este, dijo conocer personalmente a Pedro Bordaberry cuando era ministro de Turismo, en el gobierno del doctor Jorge Batlle. «Lo conocí con motivo de un tema vinculado al rugby», pero no habló de la situación del padre porque «no tenía la menor idea de era hijo de quien había sido presidente de Uruguay».

Sobre el debate Bordaberry-Michelini en Canal 10, al cual tuvo acceso por la prensa, dijo que «hay mala fe» por parte de quienes «sostienen las imputaciones» contra Juan María Bordaberry. «Esas son las máscaras, personas que actúan haciendo una suerte de proclamación de su buena fe y de su entrega, cuando en realidad cambian las versiones de los hechos, sino que además sostienen cierta actitud que nunca tuvieron», comentó.

Volviendo sobre las «máscaras», ante una pregunta, dijo que se refería a Michelini, quien «tiene una duplicidad de procederes que no va». Pasa que «aquellos que realmente fueron combatiente, hoy día no quieren saber nada con todo esto y miran para adelante, mientras que los que hoy especulan con el dolor, la sangre y las lágrimas son esos tipos que nunca le pusieron el pecho a las balas, ni tuvieron el coraje de tomarse una pastilla de cianuro».

Varela dijo que estuvo hace diez días en nuestro país, para mantener un contacto con «dos abogadas, cuyos padres están detenidos: Gavazzo y Arab». Ellas, anteriormente, «me habían venido a ver a Buenos Aires para darle elementos y yo le di una opinión». «De mi parte fue una actitud de colaboración y de buena voluntad, nada más, pero al mismo tiempo me fue muy útil porque tuve la posibilidad de conocer aspectos que son propios y peculiares del Uruguay», explicó.

Sobre la situación de José Nino Gavazzo y Arab dijo que tiene «una opinión general». «Para tipificar asociación ilícita tiene que haber un acuerdo de voluntades para delinquir, pero un militar al cumplir órdenes no está estableciendo ningún acuerdo, simplemente está cumpliendo» con las órdenes. «Hay que determinar si las órdenes que cumplió fueron impartidas y si quien las impartió estaba autorizado. Ahora el contenido de las órdenes, dentro de una fuerza armada, cumple y nada más». Esto es tan así que «cuando se reformó el código de Justicia Militar en la Argentina, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, se estableció que los militares no podían cumplir aquellas órdenes que eran aberrantes». Esto quiere decir que «hasta ese momento tenían que cumplirlas», porque «la guerra es espantosa, es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, pero pretender juzgar a la guerra conforme a las leyes y procedimientos civiles es un dislate».

Florencio Varela está vinculado a los sectores más ultraderechistas de Argentina, como es «Argentinos por la memoria Colectiva» y al general Reynaldo Bignone, el último jefe militar de ese país que recientemente convocara a los jóvenes militares a que «terminen lo que nosotros no supimos ni pudimos terminar».

Varela es abogado del general del Ejército, general Cristino Nicolaides, vinculado al caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman. *

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