El gobierno quiere "nueva ética" en la función pública

Luego de la política del gobierno sobre los hechos del pasado y los delitos de lesa humanidad, ahora la mira está puesta en ex jerarcas de organismos estatales que hayan incurrido en ilícitos o actos de corrupción.

El primer paso hacia ese objetivo se produjo el año pasado cuando la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley por el cual se establece la responsabilidad penal de los ministros por delitos que hubieran cometido durante el ejercicio de sus funciones, pero la iniciativa tuvo un contratiempo en el Senado, porque desde el Partido Socialista se pretendió ampliar los alcances de la norma a los ex jefes de Estado y el proyecto salió de la agenda.

Pero ahora, los diputados de la izquierda pretenden sancionar con celeridad una iniciativa por la cual se establece, la responsabilidad civil del Estado por daños causados a terceros. Es decir, que aquellos jerarcas estatales que hubiesen cometido ilícitos y por los cuales el Estado debió responder a través de un juicio que le emprendió un tercero, deberán pagar por sus actos. Además, se establece el alcance de la norma con una retroactividad de 10 años.

Precisamente es el artículo 24 de la Constitución de la República establece que el «Estado, los gobiernos departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección».

Al amparo de esa norma se generó uno de los juicios más emblemáticos contra el Estado uruguayo que tuvo lugar a raíz de la crisis económica de 2002 cuando los bancos accionistas del ex Banco Comercial -Credit Suisse First Boston, Dresdner Bank Lateinamerika y J.P. Morgan- ganaron un pleito al Uruguay, por más de 100 millones de dólares, por incumplimiento del contrato de capitalización de la desaparecida institución financiera.

Pero si bien ese fue uno de los casos más recordados, tampoco es el único porque según la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura hay cerca de 2.000 juicios contra el Estado por más de 600 millones de dólares.

En tanto, el artículo 25 de la Carta Magna establece que cuando el daño haya sido causado por funcionarios del Estado en caso de haber obrado con «culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación». Sin embargo, este artículo «no ha sido aplicado», según lo entiende el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) e impulsor del proyecto.

Ortuño recordó que el derecho uruguayo establece distintos caminos judiciales para castigar o enfrentar situaciones de este tipo. «Existe la responsabilidad penal que supone un juicio por acciones de ilegalidad y la responsabilidad política que puede terminar por acción del Parlamento en la destitución o juicio político. Mientras que la responsabilidad patrimonial por daños causados es lo que se pretende reglamentar».

 

«Mayor responsabilidad»

Explicó que la propuesta tiene objetivos «complementarios» y el primero de ellos es «dar una señal para que hacia el futuro se promueva una mayor responsabilidad en el ejercicio de la función pública por parte de funcionarios y jerarcas».

Es decir que con la normativa «se exigirá responsabilidad, aún patrimonial, a autoridades estatales si es que tuvieron culpa grave, con el cometido de trabajar hacia una nueva ética y responsabilidad en la función pública».

Asimismo la iniciativa pretende «lograr justicia, porque cuando hay responsabilidad de jerarcas que han generado costos y daños para los dineros públicos no puedan quedar impunes y deben asumir su responsabilidad».

«El proyecto otorga elementos para el control y la sanción política de las irregularidades en la administración pública y refuerza las políticas de austeridad y transparencia», subrayó Ortuño. En ese marco, el legislador acotó que su fuerza política estará atenta a los resultados de las denuncias penales que presentaron las actuales autoridades de OSE, BHU y Antel contra los ex jerarcas de esos organismos, «porque sería una buena señal para la democracia y el sistema de garantías del Uruguay que todos aquellos que hayan cometido delitos tengan la misma responsabilidad que tiene cualquier ciudadano cuando se aparta de la ley». Por otro lado, con la propuesta también se busca «relevar, conocer y mejorar la defensoría del Estado ante juicios en su contra». *