"El Ejército sigue ocultando información"

Los primeros testigos fueron el abogado Javier Miranda, integrante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (hijo del desaparecido Fernando Miranda, cuyos restos fueran recientemente hallados), y el investigador y periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez.

Hoy miércoles comparecerán ante la Justicia el procesado por la desaparición de Adalberto Soba, el coronel (degradado) Gilberto Vázquez, y el ex asesor de la Presidencia Carlos Ramela.

Mañana jueves, finalmente, se espera la declaración de las ex presas políticas Alicia Sabatel y Estela Reyes.

Javier Miranda explicó que el interrogatorio de la jueza Gatti se centró en la detención y desaparición de su padre, el escribano Fernando Miranda, cuyos restos aparecieron recientemente en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 13.

A la salida del juzgado Miranda declaró a los medios que el Ejército continúa ocultando información. «El Ejército sigue ocultando información, no tengo la menor duda», aseveró.

Seguidamente agregó: «Por más que el comandante en jefe del Ejército diga que no tiene información, el Ejército era parte del Servicio de Información de Defensa (SID) de la época».

En tal sentido, puntualizó que no puede creer que el Ejército no tenga información sobre las «20 o 22″ personas que fueron trasladadas en el llamado «segundo vuelo de Orletti», el 5 de octubre de 1976. Miranda agregó que no está en condiciones de afirmar que «él (el actual comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz) esté mintiendo; sí puedo afirmar que el Ejército como institución, en la medida en que compromete a su comandante en jefe, está encubriendo información».

Finalmente concluyó: «El comandante en jefe del Ejército no da la información que se está buscando, y que existe».

 

«El rottweiler de la represión»

El periodista Roger Rodríguez, quien fue citado en su condición de investigador en casos sobre violaciones a los derechos humanos, reconoció ante la jueza Gatti la autoría de una serie de artículos de LA REPUBLICA que habían sido incluidos como pruebas contra Bordaberry por los denunciantes. En su testimonio, Rodríguez explicó que sólo tenía 13 años de edad cuando el golpe de Estado de 1973, pero que en su papel de periodista pudo realizar durante los últimos 26 años diversas investigaciones sobre casos de represión, asesinatos y desapariciones en el período dictatorial en el que Bordaberry estuvo en la presidencia.

Rodríguez, quien obtuvo los datos que en 2002 permitieron al senador Rafael Michelini encontrar a Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez que le había sido robado en julio de 1976. Ha publicado en los últimos años en LA REPUBLICA una serie de investigaciones relacionadas con el «segundo vuelo» de Orletti, la «Base Valparaíso», donde desapareció María Claudia García de Gelman, y los intereses económicos que también tuvieron los militares uruguayos en la coordinación represiva del Plan Cóndor.

El periodista mencionó ante el juzgado elementos relacionados con los escuadrones de la muerte, el homicidio del estudiante Hugo De los Santos, el secuestro en Argentina, traslado a Uruguay y asesinato de los llamados «fusilados de Soca», la creación del Plan Cóndor, los operativos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) desde 1974, hasta la intervención uruguaya en Orletti con el secuestro del sindicalista Gerardo Gatti el 9 de junio de 1976, tres días antes de la destitución de Bordaberry.

Finalmente, Rodríguez entregó a la jueza Gatti, entre otros materiales, un adelanto de una investigación en proceso sobre el organigrama que durante la dictadura tenía el aparato represivo antes, durante y luego de la gestión Bordaberry, a quien consideró responsable de «desatar» aquel 27 de junio de 1973 a «una suerte de rottweiler entrenado por décadas para la represión que, sin control parlamentario ni judicial, generó sólo en su gobierno 46 muertes y 13 desapariciones», según declaró a la salida del juzgado.

 

Agregan prueba

Walter De León, uno de los abogados denunciantes, junto a la doctora Hebe Martínez Burlé, en más de una denuncia que señalan la responsabilidad del ex presidente de la dictadura, Juan María Bordaberry, en violaciones a los derechos humanos. De León presentó el pasado lunes una abultada carpeta de escritos solicitando se agreguen como prueba en el expediente que instruye la doctora Graciela Gatti.

Parte de la prueba consiste en documentación secreta que ratifica la existencia del Plan Cóndor. Tal es el caso del «Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional» del 28 de noviembre de 1975, donde firma por Uruguay el coronel del Ejército José Andrés Fons García, junto a delegados de inteligencia de Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.

Igualmente presentó un CD con varias investigaciones, procesamientos mediante, que implican la participación de civiles, militares y policías uruguayos, vinculados a violaciones de derechos humanos en Argentina. Además se solicitó se tome en consideración el informe de 4.760 documentos desarchivados por Carlos Osorio (director del Proyecto de Documentación de Argentina del National Security Archive), documentación que según el jurista incrimina al ex dictador, no únicamente en la denuncia por «atentar contra la Constitución», sino también, entre otras cosas, por «coautoría de homicidio» y «revelación de secretos políticos y militares», en tanto se coordinó la represión con militares y gobiernos de otros países. *