Caso Michelini-Gutiérrez Ruiz implica a Bordaberry

El magistrado entonces, tiene un plazo de 45 días hábiles para realizar la sentencia interlocutoria y notificar a las partes de su resolución, por lo que el doctor Timbal deberá pronunciarse antes del 1º de diciembre del corriente año.

Mirtha Guianze, la fiscal actuante, pidió el procesamiento con prisión para ambos indagados por «homicidios múltiples muy especialmente agravados» que tiene una pena máxima de 30 años, y por «privación de libertad», de 12 años.

Lo que deviene en la inminencia de los procesamientos, es además, que según fuentes cercanas a la investigación, la doctora Guianze, fiscal Penal de 2º Turno, «obviamente apelaría de oficio» en caso de una negativa por parte del magistrado, demanda que caería en manos de los ministros del Tribunal de Apelación de 2º Turno, sede que actuó en primera instancia.

El expediente fue completado la semana pasada producto del arribo al juzgado de la declaración por escrito del ex presidente argentino Raúl Alfonsín, a quien, a pedido de la defensa, se le había enviado un exhorto a efectos de que compareciera como testigo.

La participación de Alfonsín se debe a que, en su momento, los familiares de las víctimas de la dictadura se entrevistaron con el entonces presidente, el que solicitó a su ministro del Interior, Albano Hargindeguy, investigue los hechos. Como producto de dicha investigación se constató oficialmente la presencia de militares uruguayos actuando en argentina.

En el curso de la investigación declararon en calidad de testigos el ex presidente Julio María Sanguinetti; el ex embajador Juan Raúl Ferreira, hijo del histórico dirigente del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate; y Alberto Zumarán, candidato a la presidencia por el Partido Nacional en 1984. Además comparecieron en calidad de indagados, Bordaberry y Blanco. Fue trascendente la declaración de Zumarán ya que reveló que los homicidios fueron discutidos en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) votando por 4 a 2 asesinar a los legisladores.

La denuncia, patrocinada por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León Orpi, señala la responsabilidad de ambos indagados, puntualmente por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, el 18 de mayo de 1976; y la desaparición forzada de Manuel Liberof. Además se los acusa de «Las violaciones a los derechos humanos en las Dictaduras del Cono Sur, el Plan Cóndor» especificando que «los homicidios investigados están comprendidos en los delitos de Lesa Humanidad».

La denuncia, que fue presentada originalmente en 1985, fue reabierta en el 2002 por las familias de Michelini y Gutiérrez Ruiz, a nombre de Felipe Michelini.

El expediente entonces cayó en manos del juez Timbal, por ser el titular de 11º Turno Penal, turno que acogió la denuncia original.

A mediados de 2005 el magistrado determinó que el crimen había prescrito y que era cosa juzgada, pero a fines del mismo año el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia revocaron el fallo. *