El affaire Moro y el Grupo Peirano

El semanario Búsqueda se hizo eco de tales informaciones en su edición del jueves pasado. Se trata de una información que había sido ya adelantada varias veces por dicho semanario. En el mes de mayo del año pasado había anunciado que la nueva serie de obligaciones se emitiría en el mes de junio (de 1999).

LA REPUBLICA, gracias a fuentes judiciales de primer nivel, está en condiciones de afirmar categóricamente que eso no es cierto, ya que la emisión de las nuevas obligaciones depende de la aprobación judicial del concordato. Y esto, en el mejor de los casos para Granja Moro SA, no sería posible hasta dentro de dos o tres años, ya que el trámite judicial todavía tiene por delante el eventual recurso de apelación y luego la casación ante la Suprema Corte de Justicia, lo que puede llevar ese tiempo.

Por lo demás, las mismas fuentes aseguran que es inevitable el rechazo del concordato y la decisión de quiebra de la empresa, ya que la aprobación no resulta posible ante el cúmulo de irregularidades puestas de manifiesto en el proceso judicial.

Fuentes vinculadas al Banco Central del Uruguay afirman además, que existiendo causas penales en trámite, el organismo rector de la actividad financiera no podría aprobar la emisión de obligaciones negociables. Se entiende, por parte de la autoridad bancocentralista, que el mercado de valores debe ofrecer la máxima cristalinidad y que eso no se asegura permitiendo la emisión de obligaciones a empresas cuya conducta está seriamente cuestionada en el plano de la Justicia Penal.

El bono inefable

Ha creado gran malestar en jerarcas del Banco de la República la divulgación efectuada por LA REPUBLICA con respecto a la maniobra del bono del tesoro de los Estados Unidos que el Grupo Rasic habría ensayado en combinación con algún banco de plaza y sus colaterales de Islas Caymán.

Banco de la República era fuerte acreedor de Granja Moro SA y tenía buenas garantías hipotecarias respaldando sus créditos.

Rasic, mediante una empresa colateral, llamada Saliway International, con sede en Panamá, le compró los créditos contra Granja Moro SA sin pagarle un solo peso por la adquisición. Se limitó a darle un bono del tesoro de los Estados Unidos por valor nominal de 18.000.000 de dólares con vencimiento dentro de veinte años.

Es decir que el BROU cambió sus sólidas garantías hipotecarias por un bono a pagar dentro de veinte años. Lo que daba seriedad a la operación era que el bono está emitido por el gobierno de los EEUU.

Rasic y sus abogados afirmaron por todos lados que habían gastado siete millones de dólares en la compra de dicho bono.

En el proceso judicial de impugnación del concordato la verdad fue saliendo lentamente a la luz.

Las dudas comenzaron cuando Milenko Rasic tuvo que declarar como testigo ante el juez. Sus evasivas fueron tan conspicuas que movieron primero a la indignación y luego francamente a la risa.

Resulta que no sabía ni qué precio había pagado por el bono ni se acordaba cómo lo había pagado ni dónde tenía los fondos para hacerlo. Su abogado, el doctor Ricardo Olivera García y el gerente general de Granja Moro SA, puesto por Rasic al frente de la empresa, contador Raúl Vidal, tampoco se acordaban de esos detalles tan pequeños y nimios. Parece que en Granja Moro SA tienen tanto dinero que ni se dan cuenta de dónde tienen guardados siete millones de dólares u otras cantidades pequeñas como esa.

Cuando se les exigió que acreditaran en forma efectiva el pago de los siete millones de dólares que habrían desembolsado por la compra del bono salieron con nuevas evasivas y hasta el día de hoy no han aportado la prueba del pago de tan elevada suma ni del origen del dinero ni de los estados de cuenta que acrediten la tenencia de tan voluminosa cantidad de dinero.

El doctor Israel Creimer, también abogado de Granja Moro SA, trató de paliar el bache agregando un documento, no autenticado por nadie, de un banquito de Islas Caymán, en el cual se afirma que Saliway International tenía «crédito abierto» por siete millones de dólares en esa entidad. Dada la total falta de autenticidad del documento y su evidente cariz evasivo (no se afirma, por ejemplo, que Saliway tuviera una cuenta abierta en el banco con una cantidad determinada de dinero depositada, sino que meramente se afirma, con total vaguedad, que «tendría crédito abierto por esa suma». No se sabe, obviamente, si el «acreditante» tendría capacidad financiera para prestar esos siete millones de dólares).

Todo lo cual llevó a la convicción de que el pago de los siete millones de dólares no es más que un cuento, ya que, de haber sido cierto tal pago, muy fácil hubiera sido para Rasic probar el pago y dónde estaban los fondos con que se hacía tal pago.

Al poco tiempo salió a luz la verdad de la operación. Con colaboración del Banco de Montevideo (perteneciente al Grupo Peirano), que aportó el apoyo de algunos de sus «bancos» de Islas Caymán fue que se hizo la operación que permitió llevarse las hipotecas del Banco República. No debe olvidarse que esos «bancos» de las Islas Caymán no son más que una oficinita de un par de habitaciones y dos empleados que funcionan con teléfonos, fax y correo electrónico, sin respaldo patrimonial de ningún tipo.

La operación no habría sido de compra del bono (lo que supone un pago de siete millones de dólares) sino un mero arrendamiento del bono, lo que implica un pago de solamente quinientos mil dólares al «banco» que hace el servicio. Y que es un «banco» que se especializa en eso.

Ese «banco» de Islas Caymán compra realmente un bono del tesoro de los EEUU (debe recordarse que no se trata de láminas físicas, sino de bonos escriturales, o sea que se limitan a anotaciones por medios electrónicos). Adquiere en propiedad ese bono y luego monta el negocio de arrendarlo a cambio de quinientos mil dólares por cada operación.

El interesado en ofrecer un bono en garantía, puede, en vez de comprarlo pagando siete millones de dólares, arrendarlo a ese «banco» de Islas Caymán pagando solamente quinientos mil. El titular del bono lo acredita, por medios electrónicos, al tomador del bono (en este caso el BROU) quien adquiere el derecho de cobrar el bono a su vencimiento (dentro de veinte años).

Claro está, podrá cobrar el bono, si el «banco» de Islas Caymán subsiste dentro de veinte años. Y aún, si llega vivo a esa fecha, podrá cobrarlo si los demás arrendatarios del bono cumplieron con sus obligaciones para esa fecha.

Ya que el negocio del «banco» es arrendar el bono en garantía, y entonces el mismo bono sirve de garantía a una enorme cantidad de operaciones financieras a lo largo del mundo. Por ende, si dentro de veinte años todos los arrendatarios cumplieron, el BROU podrá cobrar el bono, pero si algunos no lo hicieron, tendrá que repartirse el único y solitario bono con el resto de los tomadores a quienes se adjudicó el mismo bono en garantía de sus operaciones. Fuentes financieras afirman que no quisieran estar en el lugar del BROU dentro de veinte años cuando llegue el momento de cobrar el bono.

Las mismas fuentes informan que uno de los más conspicuos integrantes del Grupo Peirano ha comprado grandes cantidades de campos hipotecados a favor del BROU en el departamento de Río Negro, en los últimos dos años.

La operativa consiste en comprar al BROU sus créditos hipotecarios sobre esos campos, pagándole con un bono del tesoro de los EEUU.

Dada la identidad de los «bancos» intervinientes en la operación (todos ellos integrantes del Grupo Peirano), hay fuertes sospechas de que el bono con que se ha comprado esos campos sería e
l mismo que fuera arrendado a Rasic para despojar al BROU de sus hipotecas sobre los inmuebles de Granja Moro SA.