Blancos de Colonia rechazaron con sus votos una denuncia por corrupción
Gabriel Monteagudo – Colonia
Con los votos de la mayoría del Partido Nacional la Junta Departamental de Colonia «enterró» la posibilidad de que este cuerpo legislativo presente una denuncia judicial contra el intendente Carlos Moreira, el secretario general Alfredo Alvarez y el ex director de Hacienda Gualberto Ercoli. Los jerarcas habían sido sindicados como responsables directos de la estafa ocurrida el año pasado en la junta local de Juan Lacaze, según se desprende del informe de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas que fue tratado este viernes en la Junta Departamental.
Los nacionalistas, con sus 16 ediles, apoyaron una moción con la que dan un espaldarazo a la gestión del juez de Rosario, Homero Rivero, que instruye en la causa y que el año pasado procesó con prisión a la ex secretaria de la junta local sabalera y al ex convencional en la lista del intendente Moreira, como autores materiales de la estafa que provocó el faltante de 50 mil dólares en la caja de la Junta y la liquidación de 2.423 boletas por trabajos inexistentes.
«Hubo una asociación para delinquir en Juan Lacaze», fue la teoría que el año pasado se propagó con fuerza desde círculos del oficialismo departamental. Un año después, el informe del Tribunal de Cuentas confirma, para la oposición, la existencia de responsabilidades en el más alto poder jerárquico de la comuna coloniense que por casi dos años «hizo la vista gorda» de lo que ocurría en Juan Lacaze y que motivó por ende, la moción reclamando la presentación a la Justicia de la denuncia formal de toda la Junta Departamental. Esta propuesta, finalmente fue rechazada por la mayoría nacionalista.
Los dieciséis ediles blancos votaron una moción que se limitó a enviar la documentación emanada del Tribunal de Cuentas al juzgado de Rosario a cargo del juez Homero Rivero, el que luego de los procesamientos del año pasado mantuvo la causa abierta pero no profundizó sobre las responsabilidades jerárquicas que se manifestaron de los ilícitos ocurridos en aquella época.
La lectura detenida del informe del organismo de contralor que el viernes trató la Junta y cuya auditoría en su momento no fue apoyada por la bancada blanca hace preguntarse si el florista Gustavo Suárez, quien luego se supo monopolizó las obras en Juan Lacaze y la secretaria de la junta sabalera eran dos oportunistas que se confabularon para estafar a la comuna, o si por el contrario, existió un entramado de complicidades mucho más complejo que aún se intenta develar.
Unas horas antes de la sesión del viernes, como bien adelantó LA REPUBLICA en su edición de ayer, la bancada de ediles del Encuentro Progresista presentó una denuncia en el Juzgado de Primer Turno a cargo del Dr. Gerardo Siri, en la que presentó el informe del Tribunal de Cuentas y los Anexos.
Para el Encuentro Progresista, el informe del tribunal «revela irregularidades, omisiones y contradicciones que pedimos que se investiguen» ya que «existen responsabilidades que exceden el ámbito de Juan Lacaze y que involucra a toda la estructura de gobierno departamental».
En medio del debate ocurrido el viernes el edil colorado Daniel Delucchi manifestó en sala que no puede creer «que irregularidades cometidas desde 1997 hasta el año pasado no hayan sido detectadas. Le debemos a la ciudadanía de Colonia una aclaración de todos los hechos hasta el final de este episodio». Para el edil el informe del Tribunal de Cuentas» es el más completo de los que he visto en toda la historia». Por eso agregó «luego de leer esto nos preguntamos, como en la famosa película: ¿Dónde está el piloto?, porque no podemos creer que esta situación se agote en el funcionario de turno» dijo.
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