INAU: blancos plantean demanda penal

La Comisión Investigadora sobre hechos acaecidos en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en la noche del 14 al 15 de junio de 2005, actuaciones posteriores y situación del organismo, se pronunció ayer por mayoría con los votos oficialistas, respaldando el accionar de la ministra Marina Arismendi, del senador Eduardo Lourier, y los jerarcas de la institución.

Sin embargo, los informes del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron ásperamente el desempeño de las autoridades del gobierno en este asunto: los blancos piden el pase de los antecedentes a la Justicia Penal, mientras que los colorados se remiten a efectuar los señalamientos de responsabilidad política.

El informe del Frente Amplio establece que no hay responsabilidades de Arismendi ni de Lourier, que actuaron con «un sentido humanitario», y «esa intervención evitó males mayores», y consideran que el establecimiento «siempre estuvo al mando de las autoridades».

 

Denuncia penal

En lo referente al informe del Partido Nacional, «se promueve la remoción de los directores del INAU, y propone comunicarle al Poder Ejecutivo que el directorio del INAU no goza de la confianza del Parlamento», expresó a LA REPUBLICA el diputado herrerista Pablo Abdala.

Agregó que «la gestión fracasó y los directores del INAU han perdido el control en lo que se refiere específicamente a la Colonia Berro, y a las políticas destinadas con la contención y reeducación de los menores infractores».

Plantean además la remisión a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a los efectos de que «el Poder Judicial determine la eventual configuración de ilícitos penales, y esto está referido a la participación de la ministra Marina Arismendi y el senador Eduardo Lourier en el motín, en donde advertimos que sus conductas podrían coincidir con las descriptas en el Código Penal en lo que se refiere a los delitos contra la administración pública, aquellas situaciones en donde por el abuso del desempeño de los funcionarios se incurre en algún tipo de perjuicio para la administración». *