Dictadores no gozarán de las honras fúnebres

El respaldo fue casi unánime: 23 en 24, votando solamente en contra Enrique Antía (Correntada Wilsonista), lo que fue objetado por Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) a través de unas palabras.

«Tal vez en los años que han transcurrido desde la restauración democrática luego del período de la dictadura este tema no haya aparecido, pero es una forma también de poder llegar a razonar la vergüenza o el signo trágico que tendría nuestro país si el Estado, la nación, homenajeara con los máximos honores que puede brindar nuestra nación a alguien que ocupó, usurpó, nada más y nada menos que el cargo de Presidente de la República, mérito que está destinado para muy pocas personas por obviedad y que representa determinados períodos de nuestro país», sostuvo el senador Leonardo Nicolini (MPP).

A su entender, «cualquier eventualidad de estas características hubiera llevado a un estado de vergüenza nacional que nuestra nación homenajeara a alguien que fue nada más ni nada menos que dictador en nuestro país».

Están incluidos quienes ocuparon este cargo entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.

«De esta forma se pretende ubicar en su justo término el ejercicio ilegítimo del poder practicado de estos personajes», dijo Nicolini.

El senador herrerista Gustavo Penadés dijo que «al 27 de junio de 1973 había un ciudadano que era Presidente de la República, que era Juan María Bordaberry, y la pregunta es «¿está incluido en este proyecto?».

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) expresó que «no se le pueden brindar honras fúnebres por estar incluidos dentro del artículo 1º».

Su correligionaria Margarita Percovich (VA) indicó que el espíritu es que «está incluido».

El quincista Martín Aguirrezabala estimó que se señala que «queda excluido del deber de otorgarles las honras fúnebres pero no dice que el Poder Ejecutivo no podrá otorgárselas».

Para el legislador Alberto Cid (Asamblea Uruguay) «queda claro que exceptúa explícitamente los casos de quienes lo hayan hecho dentro de la dictadura, entre el 27 de junio de 1973 y marzo de 1985. No hay posibilidades de dos interpretaciones».

El parlamentario Alberto Breccia (Espacio 609): «Para las personas físicas, los individuos, rige el principio de libertad, pueden hacer todo lo que la ley no ordene. Para los poderes públicos, rige el principio de legalidad, pueden hacer solamente lo que la ley les imponga. Acá, al disponer la ley que debe otorgar honras fúnebres a determinados casos, con excepción de otros, no es que queden facultados para otorgarlos en otros casos: no pueden hacerlo porque no tienen ninguna ley que los faculte».

 

Deudores alimentarios

En otro orden, la Cámara alta sancionó el emprendimiento por el que se dictan normas sobre la comunicación de los deudores alimentarios morosos al Banco Central del Uruguay, y se derogan los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 17.957, de 4 de abril de 2006.

Asimismo, se aprobó el proyecto por el que se faculta a la Corte Electoral a retribuir la mayor carga horaria cumplida durante el año 2006, con motivo de la informatización de la Sección Ciudadanía Legal del departamento de Secretaría.

 

Venia frustrada

En cambio, al menos en la jornada de ayer, no pudo adoptarse decisión favorable en la solicitud del Poder Ejecutivo para designar en calidad de representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, al economista Juan Arturo Echevarría Ignatenco, que requería 3/5 de los componentes del Senado, lo que no se logró al no acompañar la misma nacionalistas y colorados.

El senador Milton Antognazza (AU) destacó el currículum de Etcheverría.

El senador nacionalista Ruperto Long recordó que el Partido Nacional había votado en el 2005 las venias en la CND y que le causó «sorpresa» la renuncia del vicepresidente Ricardo Puglia.

«Se solicita ahora una nueva venia. Quisiera saber cuáles fueron las razones que llevaron a la renuncia del contador Ricardo Puglia como vicepresidente para ratificar las informaciones que tenemos», dijo Long.

Percovich indicó que «es pertinente el planteo», y agregó que «hemos reclamado al Poder Ejecutivo una mayor precisión con los informes».

El presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, dijo poseer «alguna información». admitiendo que existió de parte del renunciante «una fuerte desavenencia» por la toma de una decisión por un crédito para la empresa Pluna.

Long manifestó que «se ratifica la información que teníamos» y «se le pidió la renuncia».

«No estoy en condiciones de votar la venia», agregó.

Cid puntualizó que se está promoviendo la designación de un integrante para el directorio de la CND. «Con todo respeto, creo que existen otros instrumentos para conocer por qué un ciudadano pudo o no haber renunciado, como un pedido de informes», ejemplificó, y por tanto «estamos discutiendo algo periférico». *