Beneplácito del Serpaj y de la AFJU

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) expresó que «Hoy, 21 años después de finalizada la dictadura, comenzamos a transitar por el verdadero camino de la Justicia: el Poder Judicial dictó el primer auto de procesamiento con prisión, contra militares y policías involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Luego de un régimen que, abusando del poder del Estado, cometió los más aberrantes actos contra la población civil, no se puede reconstruir la convivencia social con el olvido, el ocultamiento de la verdad y la negación de la Justicia.

Si queremos construir una sociedad firmemente asentada sobre nuevas bases éticas enmarcada en los Derechos Humanos, debemos aspirar a consolidar un Estado de Derecho democrático pleno, en el cual la Justicia penal para los crímenes de lesa humanidad debe ser un principio innegociable, y consecuentemente, una obligación del Estado. Hoy se ha avanzado en relación con delitos cometidos por los militares uruguayos en la Argentina, pero indefectiblemente deberá declararse la nulidad de la Ley de caducidad para juzgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y además, por el principio de igualdad de la Justicia, es inadmisible justificar la construcción de una cárcel exclusiva para violadores de Derechos Humanos, con privilegios de los que no gozan el resto de las personas privadas de libertad.

La impunidad continúa siendo un hecho real, que sigue proyectando sus efectos a pesar de los logros de la Justicia. Queda, todavía y por lo tanto, un largo recorrido para derrotarla definitivamente».

Por su parte la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) entendió que se comenzó a derrumbar la impunidad. Manifestó que «en el día de la fecha la Justicia resolvió el procesamiento de los primeros ocho militares uruguayos violadores de los DDHH en los años de la dictadura, un hecho de una enorme trascendencia para el presente y el futuro de nuestro país.

La resolución de procesamiento histórica dictada por el magistrado, compartiendo la solicitud de la señora fiscal, es la primera dictada en nuestro país en la que se hace justicia con quienes violaron, tortutaron, saquearon, asesinaron, secuestraron e hicieron desaparecer luchadores sociales por el solo hecho de pensar diferente. Este procesamiento deja para luego de concluido, el traslado de los requeridos por la Justicia argentina, si es que se determina su extradición. A su vez queremos resaltar que no es en la órbita de la Justicia donde se determina el lugar en que van a quedar recluidos los reos, sino que es el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Cárceles quien debe definir este punto.

La AFJU se siente consustanciada con todos los que buscan, la verdad, la Justicia y el nunca más y saluda esta decisión, que no hace más que cumplir con el deber que le está marcado a este Poder del Estado». *