Primera sentencia judicial en Uruguay por desaparición ocurrida en Argentina

Todos fueron procesados por el delito de «privación de libertad» en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de «asociación para delinquir».

Es la primera sentencia de procesamiento que dicta la Justicia uruguaya desde la reinstalación de la democracia en el país, en 1985, y que involucra una causa de violación de los derechos humanos durante la dictadura.

Ocho fueron los procesados, teniente coronel (r) José Nino Gavazzo, coronel (r) Jorge «Pajarito» Silveira, coronel (r) Gilberto Vázquez, coronel (r) Ernesto Ramas, coronel (r) Luis Maurente, y los ex policías Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima.

El procesamiento implicaba también al coronel (r) Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó el pasado domingo, horas antes de la audiencia.

Sobre este suceso, ayer hubo distintos pronunciamientos, tanto de los militares retirados como del propio gobierno (ver páginas 4 y 5).

El juez también libró una orden de captura internacional (con fines de extradición) para el coronel (r) Manuel Cordero, quien se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya, y, según nuestro Código Penal, no es posible procesar en ausencia del imputado. Según los últimos datos, Cordero se encontraría en algún punto de Brasil, presuntamente cercano a la ciudad de San Pablo.

La resolución del juez Charles contempla en forma parcial el requerimiento realizado por la fiscal letrada nacional en lo Penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, ya que las figuras imputadas refieren únicamente a la desaparición de Adalberto Soba.

El magistrado entendió que sus facultades estaban limitadas a ese caso en concreto en virtud de la resolución del Poder Ejecutivo (requisito de procedibilidad en el marco de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado).

El destino de reclusión final de los procesados, ya que por el momento permanecen en Cárcel Central (a excepción de Ramas y Maurente, internados en el Hospital Militar) compete al Poder Ejecutivo, único órgano facultado para decidir acerca del lugar y las condiciones de reclusión de los procesados.

Los delitos podrán luego ampliarse a los casos Alberto Mechoso y del «segundo vuelo» de Orletti, que a partir de ayer quedó «acordonado» a la causa contra la «patota» del OCOA y sobre el cual el Poder Ejecutivo está por expedirse

El texto del dictamen será dado a conocer mañana, cuando Charles termine de analizar una abundante cantidad de escritos que presentaron las defensas de los militares.

El procesamiento se anunció verbalmente por Charles, en presencia de la fiscal.

Primero, en el despacho del juez, al grupo de militares que defienden los abogados Germán Amondarain y Julio Suárez.

Luego en un box, a Gavazzo, en presencia de sus abogados Rosana Gavazzo (hija) y el doctor Germán Aller.

Aller sostuvo la hipótesis de que, como en Uruguay no existe la tipificación de desaparición forzada y al hecho sólo puede ser aplicada la de «privación de libertad», corresponde al ministerio público demostrar que Soba está privado de libertad, ya que no puede haber detención de un cadáver, y a 30 años de los hechos se debe presuponer su muerte. El Juzgado desecharía la hipótesis que intenta revertir la carga de la prueba en vez de revelar lo ocurrido finalmente con Soba tras su detención y tortura en Argentina.

Finalmente, en otro box, se comunicó la decisión a José Arab, defendido por su hija, la abogada Estela Arab.

Luego, sobre el mediodía, Charles y la fiscal Guianze se dirigieron al Hospital Militar donde comunicaron la decisión judicial a Maurente y Ramas.

Ramas tuvo un duro intercambio de palabras con Guianze a quien habría recriminado que un familiar fue compañero de armas suyo y de Rodríguez Buratti.

Se espera que los defensores presenten apelaciones antes de que venza el plazo formal de cinco días. Junto al estudio de la apelación, el Juzgado deberá estudiar la serie de escritos presentados con una larga lista de pedidos de prueba.

Si el procesamiento deriva en la condena de los implicados en ambos delitos, deberían cumplir una pena de 12 años de penitenciaría más otros 6 años por los agravantes del segundo delito, lo que implicaría una condena de 18 años de prisión que legalmente deberían cumplir en un presidio de la Dirección Nacional de Cárceles dependiente del Ministerio del Interior.

Respecto de los pedidos de extradición de parte de la Justicia argentina, este procesamiento no los excluye, en el sentido de que los trámites continúan normalmante, más allá de que finalmente no sea posible hacer efectiva la extradición. Esto es, una vez cumplida la pena por esta causa, se debe proceder a la extradición, si es que ésta no refiere al mismo caso.

 

Setiembre 11

7:45 horas de la mañana de ayer, arribaron al Juzgado, sito en Misiones 1469, los militares retirados José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, el militar degradado José Arab, y los ex policías José Sande Lima y Ricardo Medina. El juez Luis Charles ya se encontraba en la sede judicial.

El portón del Juzgado fue protagonista de la gran pregunta; alguien en la madrugada esbozó con pintura roja un contorno humano y la interrogante: ¿Dónde están?

Además, la agrupación Hijos había desplegado una gran pancarta que rezaba: «Para los responsables, para los que callan, para los que los defienden, Pido Castigo».

A primeras horas de la mañana el número de manifestantes no superaba las quince personas. Empero, con el transcurso de la mañana, más de medio centenar de personas, fundamentalmente integrantes de Hijos y Plenaria Memoria y Justicia.

Además, se dieron cita algunas personas vinculadas a la vida política y cultural de nuestro país, como es el caso del secretario general de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puig; el dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Jorge Zabalza, así como Mario Carrero, integrante del legendario dúo de canto popular Larbanois/Carrero.

El operativo de seguridad se hizo cada vez más numeroso conforme iban arribando más personas.

Se solicitó a las autoridades del Departamento de Operaciones Especiales (DOE), una custodia de efectivos dentro de la misma sede judicial, y en el perímetro del Juzgado. La calle Misiones, entre 25 de Mayo y Cerrito, estuvo cercada por un cordón policial bajo la orden del comisario de la Seccional 1ª, con el típico vallado que se ha dispuesto cada vez que los militares son conducidos a declarar ante la Justicia. Pudo verse, incluso, algunos guardias apostados en la azotea del Juzgado. Se dispuso además de una zona de exclusión que no permitió, a diferencia de otras oportunidades, el ingreso a la prensa. El traslado estuvo a cargo de varias unidades de Interpol desde Cárcel Central hasta el Juzgado de Misiones, brindándole las máximas condiciones de seguridad a los encausados.

No obstante, la multitud logró aglomerarse frente a la entrada principal del Juzgado, espacio destinado a la prensa.

Los encausados fueron conducidos en una camioneta de Interpol y otra del Ministerio del Interior, a excepción de Gilberto Vázquez, quien llegó (y se retiró) esposado en un auto particular. La custodia se realizó mediante efectivos de las fuerzas Especiales de Guardia Metropolitana, desplazados en dos camiones blindados.

En la esquina que da a 25 de Mayo las agrupaciones convocantes instalaron una extensa exposición fotográfica mediante la cual los rostros de los desaparecidos hicieron acto de presencia. Además exhibieron fotos de varios centros de tortura y reclusión durante la dictadura, como el Batallón Nº 13 y Servicio d
e Material y Armamento; el «300 Carlos R» de Punta Gorda; «La Casona» de Millán, entre otros. Igualmente fueron escrachados los rostros de algunos represores como los ya conocidos Cordero, Gavazzo, Silveira y Rodríguez Buratti. También figuraba el teniente coronel Walter Miralles Ponce de León; Roberto Huar de la Armada Nacional; el capitán Eduardo Ferro Bizzozero; Menotti Ortiz del Puerto de Caballería; y el policía Jorge Guldenzoph.

Pasado el mediodía el juez Charles y la fiscal Guianze dejaron el Juzgado en dirección al Hospital Militar, con el objeto de entrevistarse con los ex militares internados, Ramas y Maurente. Dos horas después retornaron. Aproximadamente a las 17:30 horas comenzaron a salir los ya en ese entonces procesados con prisión. Hubo cierto ambiente de tensión, producto del choque entre los manifestantes y la guardia policial, que se abalanzó sobre las vallas, que obstaculizó la normal tarea de los fotógrafos.

Vázquez se retiró sonriente, esposado, en un auto particular. Sande Lima se manifestó hostil e insultó a los manifestantes. Gavazzo se mostró medianamente sonriente, aunque en cierta medida, atemorizado. Silveira, Medina y Arab, inexpresivos. Desde la multitud, partieron gruesos insultos y varios huevos, que se estrellaron en las paredes del Juzgado y sobre alguno de los imputados.

 

La denuncia

El procesamiento es consecuencia de la denuncia tramitada en el expediente caratulado «Fernández Hilda y otros. Denuncia. Rebollo, Juan y otros. Antecedentes», ficha 2-43332/2005.

La denuncia de la desaparición de Soba fue presentada el pasado 3 de abril de 2006 y la causa era fiscalizada por Elsa Machado, fiscal penal de 6º Turno. De modo que, ante esta unificación de causas, la fiscal Mirtha Guianze, que actuaba en el caso Barrios, asumió competencia en la investigación. La primera refiere a la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, el 18 de setiembre de 1974, en Córdoba. Esta causa se encuentra actualmente a estudio de la Fiscalía.

Ambos casos fueron unificados en un solo expediente en virtud de que, además de compartir parte de los testigos, coexiste la presencia de imputados en ambas investigaciones.

Del mismo modo la causa del «segundo vuelo», antes instruida por la jueza Gabriela Merialdo, fue recientemente unificada a las anteriores.

El motivo de esta unificación de causas responde al hecho de que coinciden el grueso de los indagados, más allá de la diversidad de los episodios; y porque gran parte de los testigos ha aportado elementos que alimentan las tres causas. De este modo, el centro de gravedad de las tres investigaciones pasaría a ser el «segundo vuelo».

La desaparición de Soba Fernández comúnmente se vincula a la desaparición de Alberto Mechoso Méndez, en razón de que ambos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fueron detenidos, y nunca más se los volvió a ver, el 26 de setiembre de 1976, pero por este último no se ha presentado denuncia penal.

 

Aspectos jurídicos

En este procesamiento participan tres figuras jurídicas: la «asociación para delinquir», la «privación de libertad», pero además «la del delito conexo y la del delito complejo».

Este último responde al artículo 56 del Código Penal.

a) El delito conexo consiste en una pluralidad de hechos unidos entre sí por un vínculo que los vuelve recíprocamente dependientes. Puede ser teleológica, cuando un delito es el medio para cometer otro (ejemplo: hurtar un arma para matar), consecuencial, cuando un delito es consecuencia del anterior (ejemplo: incendiar una casa para ocultar huellas de un delito que allí existe).

b) El complejo está legislado en la frase del artículo: «contempladas en la ley como circunstancias constitutivas o agravantes del delito central». Consiste en dos tipos delictivos, que la ley por ficción unió creando un tercer delito o una expresión calificada de un delito. Ejemplo: rapiña y hurtos calificados.

El artículo 150 del Código Penal refiere a la «asociación para delinquir» y decreta que «los que se asocien para cometer delitos, serán castigados por el simple hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

Finalmente, el artículo 281 del Código Penal sobre la «Privación de libertad» que sentencia que «el que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría. La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el autor del hecho o un copartícipe de éste, liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido».*