Los senadores se preguntan qué hacer con la información originada en el espionaje militar

El interesante debate fue protagonizado el pasado jueves 7 de setiembre en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y los legisladores de los diferentes partidos coincidieron en que es un asunto delicado.

En su intervención, el senador Leonardo Nicolini (Espacio 609) adelantó que presentará «algunos aditivos referidos al tema de los archivos que están en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, que configuran una situación especial».

Según los datos que tenemos, señaló Nicolini, «abarcaría a un millón y medio de compatriotas, cifra realmente muy importante. Uno no sabe qué es lo que se puede encontrar allí» y es partidario de «un criterio mediante el cual cada uno es el que puede administrar su ficha».

«Esas fichas involucran a una gran cantidad de personas, entre las que están incluidos los dirigentes políticos y otros. Esto puede haber sido hecho por un funcionario de cualquier guarnición, que puede haber tomado aspectos privados de nuestra vida», sostuvo.

El legislador colorado, ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti precisó que «no hay ningún organismo que estudie exactamente esto».

Nicolini, en tanto, evaluó que «su destrucción es impensable porque forma parte de la historia del país y, por otro lado, la difusión, como se ha solicitado reiteradamente a nivel de la Cámara de Representantes, también es un asunto muy delicado».

En definitiva, la solución sería «autorizar a cada uno a retirar, a hacerse poseedor de su ficha. En consecuencia, cada persona autorizaría, o no, su difusión, ya sea parcial o total, y demás asuntos vinculados a ella».

En lo personal, «sería partidario de la destrucción, pero aconsejan, tal como sucede en otras partes del mundo, guardar la información, porque forma parte de la memoria y del archivo del país».

«Se trata de un asunto extremadamente delicado», expresó el legislador herrerista Gustavo Penadés.

Para Margarita Percovich, «lo más complejo es el tema de la reserva de datos».

«Quizá habría que extenderse en el artículo 7º, agregando datos especiales que hagan a la coyuntura actual del Uruguay, con relación a los recabados en un período tan especial como fue el de la dictadura donde esos datos se recabaron por gente que ni siquiera tenía criterio para discernir cuáles eran los que realmente importaban. En ese momento, cultural y políticamente, pueden haberse tomado datos que hoy sean complicados para determinadas personalidades públicas», agregó.

 

«Cuidadosos»

Penadés convocó a «ser muy cuidadosos, justamente por la vulnerabilidad que se puede ocasionar en uno o en otro sentido, porque además el Estado tiene que recabar datos y manejar información. En ese sentido, en algún momento hasta solicitaría que el proyecto se enviara a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional para conocer su opinión y sus comentarios. No digo que nos basemos en ellos, pero todos sabemos de qué estamos hablando».

Nicolini reflexionó que «se podría crear una comisión que analizara y eliminara aquellos aspectos personales de las fichas, aunque no soy partidario de eso porque es algo muy difícil». «Es imposible de implementar», respondió el nacionalista Ruperto Long.

Sin embargo, aclaró Percovich, «en algunos períodos, cuando se hace la publicación, aparecen los nombres tachados. Eso sucede en todas partes del mundo. Además, a veces sólo se accede parcialmente a los documentos y se eliminan los datos que son sensibles, que refieren a las personas o algún dato de seguridad nacional, comercial, etcétera, que no se quiera dar».

«Se mantiene la identidad», acotó Penadés.

Según Percovich, «a veces se accede parcialmente a los documentos. «Sabemos que hay aspectos menores de la vida personal, como ser, una visita a un departamento o el lugar donde pernoctó determinada persona», finalizó Nicolini.

Para conocer la opinión de este asunto se resolvió convocar al secretario de la Presidencia de a República, Gonzalo Fernández. *