"Investigar a través de las Fuerzas Armadas no es el mejor camino"

 ¿Para qué una Comisión para la Verdad?

 Lo que los jueces no piden en cada caso son elementos probatorios, y estas pruebas siempre están muy dispersas y son limitadas. Todos los países que han pasado por la misma situación que nosotros, como Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Salvador, Sudáfrica, etc., todos aquellos que pasaron por períodos de guerra o dictadura, salieron adelante luego de violaciones a los Derechos Humanos, creando una Comisión para la Verdad. Es la herramienta fundamental para reconstruir la verdad, no solamente como elemento de prueba para los juicios y para luchar contra la impunidad, sino también como reconstrucción de la memoria, es una necesidad de nuestro pueblo, y un derecho reconocido internacionalmente.

 ¿Qué aportaría hoy, en Uruguay, una Comisión para la Verdad?

 Hoy tenemos que a la información la tienen los compañeros de organizaciones como Serpaj (Servicio Paz y Justicia), Ielsur (Instituto de Estudios Legales del Sur), Amnistía Internacional, personas particulares, y algo tienen los militares, y otro poco el gobierno. Una Comisión para la Verdad es un trabajo científico; lo que tenemos hasta ahora es artesanal. Los abogados que tenemos denuncian por Derechos Humanos, cuando vamos a presentar un nuevo caso, nos llamamos para ver «¿qué tenés de este tema?» , y eso no puede ser. Para un país tiene que ser un tema institucional, con una integración que de credibilidad, con un método de trabajo que recopile, clasifique, procese e interrelacione la información.

 ¿Que diferencia este proyecto de la Comisión para la Paz?

 La Comisión para la Paz fue absolutamente limitada, porque era solamente para casos de desaparecidos, y de una determinada cantidad, con limitaciones de todo tipo. Ya en cuanto a su objeto, estuvo limitada totalmente. Igualmente, la investigación que ordenó el presidente actual a los mandos de las Fuerzas Armadas, está bien, pero no alcanza. No conforma por falta de credibilidad, porque quien tiene elementos, y nosotros creemos que los Gavazzo, los Silveira, no son buena fuente, sino aquel que hizo el pozo, el suboficial. Entonces, el soldado no va a declarar ante un comandante, que no sabe qué consecuencias sobre sí mismo tendrán sus declaraciones. Tienen que ser personalidades de prestigio, por ejemplo, y así lo planteamos al presidente el año pasado, una comisión presidida por Adolfo Pérez Esquivel (premio Novel de la Paz), por personalidades de la cultura, de la ciencia o de la educación, que crean otras condiciones de credibilidad, y también de trabajo, de metodología.

 ¿Este proyecto prescinde del consentimiento del gobierno para existir, o tiene otras alternativas?

 En el documento que presentamos al Presidente, mencionamos que hay Comisiones para la Verdad «oficiales» en la zona, que son gubernamentales, como Argentina y Chile, pero en Paraguay y Brasil no fueron gubernamentales, surgieron por iniciativa de diversas organizaciones. Entonces, es algo que tarde o temprano se va a tener que hacer, de una forma u otra se hizo en todos los países. Por ejemplo ahora hay sentencias como la del ex dictador argentino Rafael Videla, en la que se lo condena por el Plan Cóndor, donde dice que fue una coordinación de gobiernos y de sistemas de Inteligencia del cono Sur, lo cual implica que puede darse prueba trasladada a los juicios similares acá en Uruguay. En esas sentencias de mil páginas, hay quinientas de declaraciones de víctimas, aportadas por la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y por otras organizaciones de otros países. Es lo que ha llevado a descubrir que existen esos archivos de los que siempre hablamos, que algunos están apareciendo y los otros seguramente están, no tenemos duda, porque las Fuerzas Armadas y los organismos de Inteligencia, son muy burócratas, y hacían varias copias de cada cosa. En Paraguay, Martín Almada, el abogado que descubrió los archivos del terror, nos ha mandado infinidad de documentación que hemos agregado a la investigación de los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz, o en el juicio contra Bordaberry por «atentado a la Constitución». Todo eso se descubrió a raíz de la integración científica de esfuerzos. La Comisión para la Verdad, en la medida en que varias organizaciones ya estamos trabajando coordinadamente, tendría un muy buen andamiento, inclusive está previsto que si no saliera en forma gubernamental, en determinado momento, si la necesidad sigue siendo cada vez mayor, va a ser necesaria.

 ¿Qué repuesta han obtenido por parte del gobierno?

 El gobierno dijo que iba a estudiar la propuesta y hasta ahora no hemos tenido ninguna mención de que pudiera tener andamiento, hasta ahora no lo han manejado como posibilidad, o si lo manejaron, no ha trascendido. Creemos que los esfuerzos que se han gastado de investigar a través de las Fuerzas Armadas, han demostrado que ese no es el mejor camino. Esta propuesta, sin trasladar esquemas, es lo mismo que se hizo en varios países donde hubo un resultado muy satisfactorio; la base de la documentación de por ejemplo, todos los juicios en Argentina, ha surgido de las Comisiones de la Verdad. *