Redactan fallo del Tribunal del Mercosur: arriban magistrados

El domingo arribarán a Montevideo el magistrado español Luis Martí Mingarro, presidente del Tribunal Arbitral del Mercosur, y Carlos Barreira, juez designado ad hoc por Argentina, con el fin de reunirse con el nombrado por Uruguay, el catedrático José Gamio; para dictar un veredicto respecto a la demanda planteada por Uruguay contra la vecina orilla por su accionar ante los cortes de ruta implementados por la asamblea ambiental de Gualeguaychú durante cuatro meses, como protesta por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

Según indicaron fuentes allegadas al ámbito de resolución de controversias los jueces, que se han mantenido en comunicación a través de medios electrónicos, comenzarán «posiblemente en la tarde del domingo» las deliberaciones que les permitan llegar a un acuerdo, para luego redactar el fallo.

El plazo para la emisión del dictamen vence el próximo jueves 7 de setiembre, pero los informantes aseveraron que podría llegar a una resolución antes de esa fecha.

Durante los días que transcurran las reuniones que permitan llegar a un consenso o una mayoría de 2 a 1 (mínimo necesario para dictar un fallo), los tres árbitros se reunirán desde media mañana y hasta media tarde en el Edificio Sede del Mercosur, ubicado en el Parque Rodó.

Entre las posibles resoluciones a las que puede llegar el Tribunal, la más favorable para Uruguay es que éste determine que el gobierno argentino omitió cumplir con sus obligaciones para con el bloque al no impedir los cortes de ruta.

Esta decisión habilitaría al gobierno a iniciar demandas indemnizatorias ante la Justicia Civil por los más de 400 millones de dólares en que se estiman las pérdidas ocasionadas por los bloqueos.

Una resolución que también sería bien recibida por la administración, especialmente teniendo en cuenta los anuncios de los asambleístas respecto a que en primavera volverán a la ruta, sería que el Tribunal resuelva que de repetirse los bloqueos el gobierno argentino estará obligado a desarticularlos de manera inmediata.

El peor de los casos sería que los árbitros consideren –lo cual es improbable– que las acciones de la asamblea ambiental y la pasividad del gobierno argentino no transgredieron las normas del Mercosur.

Cualquiera sea el fallo, la parte disconforme con el mismo tiene un plazo de 15 días para iniciar un recurso de casación ante el Tribunal de Revisión Permanente del Mercosur, con sede en Asunción.

 

Las dos posturas

Para tomar la decisión los árbitros han estudiado los escritos de demanda y contrademanda, además de los resúmenes de las audiencias orales celebradas en Montevideo a principios de julio, y donde se presentaron 10 testigos uruguayos y 6 argentinos. En los alegatos, Uruguay sostuvo (a lo largo de un documento de 50 páginas) que el Estado argentino incurrió en «omisión» frente a los cortes de rutas, a los que se hace referencia como acciones que «violaron» el «derecho de libre circulación de bienes y servicios», sin vincularlos directamente con el rechazo de parte de la población de Gualeguaychú a las plantas de celulosa.

En tanto que Argentina defendió su posición en un escrito de 37 páginas, donde afirmó que la demanda es abstracta, porque las manifestaciones no existen ahora ni cuando esta fue presentada; que ningún tribunal juzga acciones a futuro por lo que Uruguay no puede pedirle a los árbitros que comprometan a la Argentina a impedir nuevos cortes. Aunque también remarcó que no se violó ninguna norma del Mercosur debido a que no hubo medidas gubernamentales que afectaran la libre circulación, ya que los cortes fueron realizados por particulares que actuaron por su propia voluntad, no bajo gestión del Estado, el cual intentó disuadir a los manifestantes.

Y para rematar aseguró que Uruguay no sufrió daños económicos, y que el comercio y el turismo bilateral crecieron durante el período en que los puentes binacionales fueron bloqueados. *