Primer pedido de procesamiento de militares y policías sacude la Justicia

El magistrado se dispone a interrogarlos atendiendo al artículo 126 del Código del Procedimiento Penal («Requisito de Procesabilidad») que reza que el magistrado debe tomar declaración a los individuos en presencia de sus abogados defensores. Además, según las disposiciones procesales, la Fiscalía y la defensa también pueden interrogar.

Ayer miércoles se procedió a las notificaciones formales del pedido de procesamiento a la defensa de los militares y policías implicados en la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso.

Por consiguiente, el juez Charles deberá resolver, luego de dicha instancia, si hace lugar al pedido de la fiscal, que pretende aplicar la pena máxima por «privación de libertad» de José Nino Gavazzo, Jorge «Pajarito» Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, José «Turco» Arab, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Ricardo «Conejo» Medina, José Felipe Sande Lima, y Luis Maurente Mata.

Respecto del prófugo Manuel Cordero, la Justicia uruguaya deberá elevar un nuevo pedido de extradición a la Justicia brasileña.

 

Repercusiones

El general Ricardo Galarza, presidente del Círculo Militar, expuso que en caso de confirmarse la condena «no nos alegraría en lo absoluto, en todo caso, no serían extraditados como consecuencia de ese procesamiento y condena». Al respecto aclaró que, tanto el Círculo como el Centro Militar, ya han manifestado con claridad que no van a interferir de ninguna manera «como se ha tratado de decir en algún momento por algunas personas; ni interferencias sobre la Justicia, ni presionar ellas, sino que todo nuestro esfuerzo ha sido dirigido específicamente a evitar la extradición, porque la Justicia argentina no da garantías, y por tanto no nos merece confianza».

Por su parte Pablo Chargoñia, abogado querellante en la denuncia en cuestión, así como de la familia Barrios, denunciantes de la desaparición el 18 de setiembre de 1974 del militante tupamaro Washington Barrios, manifestó en diálogo con LA REPUBLICA que «se abre una etapa muy importante en la lucha por la justicia, que consecuentemente va a dar lugar a otras solicitudes, y por lo tanto será posible recabar más pruebas y determinar que haya más indagados».

El doctor Oscar López Goldaracena, abogado denunciante en la causa denominada «segundo vuelo» de Orletti, e integrante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) manifestó que este hecho denota un «avance contra la impunidad».

«Hay que destacar que se trata de hechos que ocurrieron en Argentina y por eso fueron excluidos de la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848), por lo que, en consecuencia, aguardo que se disponga el procesamiento, de igual forma, contra los mandos por el ‘segundo vuelo'».

Explicó que la Ley de Caducidad sigue siendo igualmente un obstáculo para juzgar el resto de los casos que han sido archivados, como por ejemplo, el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman y la usurpación de la identidad de su hija, Macarena.

El doctor José Luis González, abogado de Gelman, expuso que «la solicitud de procesamiento es la consecuencia natural sobre toda persona que haya cometido un delito ahora, si se tomaran en cuenta los efectos de la dictadura aún la pena máxima es irrisoria».

Finalmente agregó que en caso de ser positiva la resolución del magistrado, esto no significa que «agote el cúmulo de personas responsables y a partir de ahora es posible que se involucre a otras personas que puedan estar comprometidas. Los delitos de la dictadura no se pueden suscribir a 10 o 15 personas, sino a un aparato militar y político del que participaron cientos de personas».

El doctor Javier Miranda, abogado representante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (hijo de Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados a fines del año pasado) expresó que «es la primera vez que un fiscal de la Nación pide el procesamiento de militares por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, y además se da la noticia en un momento clave, que es el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido-Desaparecido». Con relación a este día concluyó: «Una casualidad si se quiere, pero que de alguna manera dignifica el trabajo del Ministerio Público y Fiscal, y sienta bases de futuro importantes para el Uruguay».

El doctor Walter De León, abogado denunciante en los casos de «atentado a la Constitución» y «asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz», los que apuntan como responsable a el dictador Juan María Bordaberry, entiende que se abre «una etapa que cumple una acumulación de trabajo, de sufrimiento, de nervios, de decisiones de mucha gente, durante un período muy largo, sobre todo resultado de la permanente lucha de los familiares». En el mismo sentido consideró que ha sido importante el trabajo de los abogados vinculados a casos de Derechos Humanos, que vienen también «empujando la cosa».

Además sostiene que «el cúmulo de denuncias que se han hacho, el cúmulo de jueces que tienen casos de Derechos Humanos, han determinado un paso muy importante en la lucha contra la impunidad».

De León, de todas formas, alerta respecto de dos pasos pendientes que considera fundamentales para seguir avanzando en el terreno de la justicia. «Una integración del Derecho Internacional a la justicia interna, que añada, por ejemplo la figura de «desaparición forzada de personas».

Aclaró a este respecto que en el artículo 72 de la Constitución están incluidos todos los tratados internacionales.

El otro paso que, según el abogado, es necesario, es la creación de una Comisión de la Verdad. Explicó que este proyecto consiste en una comisión que procese, compile y unifique toda la información disponible». «Es un trabajo fundamental para reconstruir la verdad» concluyó. *