Giorgi: "El alcohol está haciendo estragos en la juventud uruguaya"

–Ubiquemos a la opinión pública. ¿Cómo halló al INAU cuando asumió?

–Le voy a dar algunos índices. En ese momento se estaba atendiendo a unos 60.000 niños y adolescentes en todo el país. El organismo tenía una deuda con sus proveedores de 140:000.000 de pesos aproximadamente, lo que hacía casi imposible armar licitaciones porque nadie confiaba como para venderle. El personal, con una media de edad de 50 años, inadecuada para esta función, con 25% de certificaciones médicas –lo que habla de un deterioro de la salud de los funcionarios por las condiciones de trabajo– y, además, ausencia de licencias. Porque había escasez de personal, pero además había una política para estimular con horas extras y compensaciones, que hacía que el funcionario evitara tomarse la licencia y la cobrara, aumentando el desgaste. Todo esto, más la extensión de las jornadas, bajaba la calidad de la atención. Por otra parte, un enorme volumen de sumarios en trámite, de la más diversa índole, muchos graves, que terminaron en destituciones. También un deterioro muy marcado de la infraestructura, con edificios inhabitables, falta a de vehículos, en fin. Cuando asumimos conseguimos algunos vehículos prestados por otros organismos públicos y recién ahora vamos a hacer la primera compra, en ocho años, de unidades nuevas y adecuadas para el trabajo. Son diez minibuses, como para empezar, y después llegarán otros. Y finalmente destacaría, de la realidad institucional, el desgaste, la desmotivación de los funcionarios, muy acostumbrados a manipulaciones políticas de todo tipo, sabedores de que la mejora funcional se daba a cambio de favores, generando una muy baja credibilidad de las evaluaciones, promociones, etcétera. Sobre este escenario empezamos a trabajar y todo ha llevado más tiempo del que inicialmente calculamos, más allá de que el propio directorio saliente nos planteó con mucha franqueza la situación. Pero hallamos más dificultades de las previstas.

 

–Para visualizar el INAU y cuánto ha cambiado me parece pertinente por razones de actualidad, aunque quizás no sea lo más ordenado, comenzar por el tema de la seguridad. Se han tomado medidas. ¿Qué resultado se obtuvo?

–El tema seguridad ha sido, en este año y medio, el centro de atención. Es como si las políticas de niñez y adolescencia pasaran sólo por la cuestión de los menores infractores, lo cual es un sesgo preocupante. Ciertamente, la seguridad y los vaivenes de la Colonia Berro, los motines, incidentes, fugas, llevó un tiempo resolverlos, lo que fue un síntoma de todo el deterioro que hallamos. Obligó a varias medidas. Tal vez la más notoria fue el ingreso de personal especializado en contención, treinta funcionarios que fueron seleccionados de un llamado público y que se organizaron en equipos. Al poco tiempo fue bajando notoriamente el nivel de violencia. Un indicador claro son las intervenciones policiales, que se han reducido claramente. Pero esto vino acompañado de otras medidas, tal vez menos visibles, como el ingreso de personal con otro perfil de educación. Por ejemplo, el SER tiene hoy día personal joven y en su totalidad nuevo.

–En el plano de la rehabilitación, que no sólo hace al personal que se va incorporando sino también a la infraestructura y otros recursos, ¿cuál es la situación?

–El primer objetivo en los establecimientos de privación de libertad fue lograr una cierta estabilidad y bajar la violencia interna. Esto, en sí mismo, acerca algo a los objetivos de rehabilitación porque impone un cierto cotidiano, una rutina, un manejo de hábitos. Pero lo que es realmente la tarea educativa recién está en etapas de instrumentación. Yo siempre digo que es un poco grandilocuente, cuando hay privación de libertad, pensar que esa situación va a culminar en una rehabilitación. Yo creo que la privación de libertad a lo primero que obliga es a evitar que sea negativa. Esa es la primera meta, que no sea un posgrado de delincuencia. La segunda es lograr alguna reflexión en la persona, un quiebre entre el antes y el después, de manera que al egreso haya una disposición de reencauzar la vida. Esto se va a lograr en la medida en que, cuando el joven egrese, haya una estructura de oportunidades mínimas que permita capitalizar lo hecho hasta entonces. Que haya oportunidades laborales, educativas. Lo que vemos a diario, con mucho dolor, es que luego del esfuerzo que se hace aquí en la rehabilitación, muchas veces el muchacho vuelve al mismo medio, a los mismos vínculos, a la situación que generó la condición en que estaba.

 

Lo que pasa después

–Algo que preocupa a la sociedad, dentro de una sensación de inseguridad generalizada, es la incidencia que, en el comportamiento general de la minoridad, está teniendo la drogadicción, sobre todo la pasta base. A punto tal que algunos magistrados, jueces de familia, no penales, aparecen reclamando penas mayores, lo que, desde cierto punto de vista, puede causar perplejidad.

–El tema de la pasta base me gustaría retomarlo después, para profundizar. Pero en cuanto a lo que el INAU necesita de los demás operadores para su tarea de rehabilitación, estamos trabajando en una serie de acuerdos y convenios. Por ejemplo con UTE, la Intendencia de Montevideo, la Banca de Quinielas, para lograr un puñado de becas de trabajo juvenil que nos permita darles a nuestros egresados, no sólo a los infractores, cierta oportunidad laboral que los introduzca en el mundo del trabajo. Ahora, hay potencialidades y problemas. Por un lado, la ley actual de empleo juvenil nos permite una beca anual de nueve meses no renovable, lo cual es un período demasiado breve para integrar a estos muchachos y darles un mínimo de experiencia. Estamos trabajando en un proyecto de ley que ubicaría al egresado del INAU en una categoría similar a la de los estudiantes de otras instituciones de formación, como UTU, la Universidad de la República, las universidades privadas. El artículo básico se llama «Becas de formación de recursos humanos» y creemos que es adecuado para el INAU, porque para nuestros jóvenes la experiencia laboral es una experiencia de formación. Y la idea es que estas becas sean por un año con opción a otro. Por otra parte, estamos trabajando en Maldonado sobre un proyecto para infractores, un proyecto de semilibertad donde los muchachos estarían doce horas diarias en una actividad, y hemos hecho un acuerdo con la intendencia para generar becas de trabajo que beneficiarían a aquellos jóvenes que han alcanzado cierto grado de comportamiento positivo. Esto tiene una ventaja sobre otras opciones, porque en Maldonado los muchachos se integran a las cuadrillas junto con los demás trabajadores, permitiendo una mayor socialización. En otros casos, trabajan con jóvenes también en situación de exclusión…

 

–…y se genera un círculo vicioso…

–…claro, se repite, se reproduce el horizonte limitado que tenían antes. Obviamente, esto limita mucho sus posibilidades de levantar la vista y ver otras cosas.

 

La pasta base

–Volvamos a la pasta base. Claro que no es un tema sólo del INAU ni de sus internados, sino de toda la sociedad. Pero me interesa su punto de vista, en un momento en que convive un cierto desborde del consumo con iniciativas muy fuertes para hallar salidas. Está el caso de los jóvenes del Partido Socialista, que promueven un debate sobre la legalización de la marihuana como una forma de detener la expansión de la pasta base.

–El tema drogas hay que verlo siempre en una ecuación que tiene que ver con la persona, con la sustancia y con el medio ambiente. La introducción de la pasta base en Uruguay ha implic
ado una realidad nueva, pero que toma su diseño dramático no sólo por las características de la sustancia  especialmente tóxica, fuertemente adictiva– sino porque además ingresa en los sectores más pobres de la sociedad, donde el ambiente es menos proclive al rescate, a ofrecer alternativas de vida. Y a su vez actúa sobre jóvenes que ya vienen golpeados en cuanto a su historia social, institucional. El otro tema es que, mirando los índices generales de consumo de la sociedad uruguaya, la pasta base sigue significando un consumo minoritario. El consumo fundamental es el alcohol y luego la marihuana y algunas otras sustancias ilegales. Pero, claro, el consumo de pasta base es de alto impacto en los sectores más pobres. Por eso el INAU ha quedado un poco a solas, ya que es su población la que está más afectada. En ese sentido estamos coordinando con la Junta Nacional de Drogas, con Salud Pública y con las intendencias, porque es una de las prioridades de esta etapa. Estamos ampliando el proyecto del «Portal Amarillo» para incluir un ala de atención de niños y púberes, diría yo, para la desintoxicación. Estamos reciclando un viejo hogar de varones en San José, que estaba casi inutilizado, para generar ahí una segunda etapa de este proceso. Se está iniciando otra obra en Minas para otro centro de desintoxicación de alcohol y pasta base. Y en Maldonado hay también un centro que lo coordinamos con la intendencia, Salud Pública y la Junta Nacional de Drogas, que sería centro de internación y centro diurno para tratamiento de adicciones. Pero, insisto, no queremos quedar solos, queremos ir asociados a Salud Pública y a la Junta Nacional de Drogas. Nosotros asumimos que hay serias carencias en el tratamiento que ofrece INAU, y que en general ofrece el país. No hay lugares del Estado donde se trabaje las adicciones. Nosotros trabajamos por convenio con organizaciones privadas que tienen larga experiencia y hasta trayectoria internacional. Pero son modelos, en general, para trabajar con sectores medios y altos. Los muchachos del INAU no siempre se integran adecuadamente allí, y esas organizaciones no siempre están dispuestas a recibirlos…

 

–…ese es todo un problema, porque achica las posibilidades…

–…así es, sí. Y el otro problema, que creo hay que decir, es que no se trata solamente de qué hace un organismo público o privado con el tema drogas, sino qué pone la propia persona para el tratamiento. A veces vemos que, entre los jueces, se dice «no, éste cada vez que lo agarramos pide tratamiento, y cada vez que lo mandamos no se lo dan». Y nosotros vamos a la ficha y vemos que ese muchacho ha sido citado innumerables veces para ser tratado y no ha concurrido. Claro, en el juzgado tiene un momento de depresión y pide tratamiento, pero dos días después cambió.

 

–¿Y cuál es entonces la solución?

–No es sencillo. Lo compulsivo tiene enormes límites. Lo que logra es un inicio de relación, pero nadie es tratado contra su voluntad. Esto no es una operación de apendicitis. Todo lo que pasa por la psiquis implica un trabajo conjunto entre el paciente y los técnicos. Si no hay en el muchacho una mínima voluntad, es imposible tratarlo.

 

Madres y legalizaciones

–Le pregunta respondía a que han aparecido nuevos actores y nuevos aspectos. Está el grupo de madres, cuya situación cualquiera comprende, que ha generado una amplificación del problema.

–Yo he conversado con la señora Rocío Villamil en más de una oportunidad. Y me parece que la preocupación que expresan es legítima. Es gente que ha sufrido mucho por sus hijos y da testimonio del deterioro que esto ha implicado en el entorno familiar. Reclaman dos cosas: un mayor control, una mayor eficacia en la represión del tráfico, de la venta, y un mejor tratamiento. La represión corresponde al Ministerio del Interior, aunque nosotros también vemos esa realidad: los muchachos nos dicen dónde compran la droga, dónde están las bocas, y uno maneja esa información y a veces no ve respuestas inmediatas. Ahora, eso tiene sus explicaciones. Las bocas son móviles, tienen su entorno de seguridad, distintos mecanismos por los cuales aparecen y desaparecen y no es fácil pensar en un procedimiento que tenga un gran impacto. En cuanto al tratamiento, es para nosotros una prioridad presupuestal. En esta Rendición de Cuentas se está votando una suma importante para las obras que le mencioné y pensamos que en seis meses todo eso puede estar operativo.

 

–¿Qué piensa del debate abierto por los jóvenes socialistas acerca de la legalización de la marihuana?

–Es un tema complejo. Yo creo, y comparto la opinión de algunos especialistas, que la diferencia entre drogas legales e ilegales es arbitraria. Por lo pronto, la experiencia con la regulación del hábito de fumar da cuenta de que, aun cuando el tabaco es una droga legal, el Estado intervino para regular y disminuyó el consumo y el riesgo para la salud general. Además, para mí, la principal preocupación es el alcohol. Cuando la gente habla de drogas suena a una cosa mucho más grave, pero el alcohol, que es legal, está haciendo estragos en la juventud uruguaya. En el interior del país el consumo es terrible, porque es alto y desde edades muy tempranas y con un hábito de hacerlo en la vía pública, compulsivamente, con el estilo del «fondo blanco», que no es el estilo tradicional del consumo en Uruguay. Esto está generando problemas sociales graves. Y bueno, ahí aparece el tema de la marihuana. Es una droga aparentemente no tan dañina, que está en esa especie de frontera entre lo legal y lo ilegal, porque cada vez hay más tolerancia social a su consumo, y se dice que la represión podría estar favoreciendo la inclinación hacia la pasta base. Es muy difícil. Las medidas de legalización también hay que pensarlas en términos regionales, no sólo de país. Por ahí se genera una especie de fumadero regional que trae una serie de problemas, hasta una eventual base de tráfico para los países limítrofes. No es sencillo. Tal vez haya que revisar la legislación para tener una mayor represión y penalización en aquellas drogas más dañinas.

 

Código de la Niñez y la Adolescencia

–¿Cómo ve la aplicación del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia? Porque aprobado con beneplácito general, ahora aparece demonizado por muchos, como responsable de un cierto ablandamiento de las defensas sociales frente a la minoridad que delinque.

–En primer lugar, el Código es bueno. Implica el avance de la legislación  incluso de acuerdo a compromisos internacionales del país– con una postura garantista. No es sólo un código de proceso penal juvenil. Hay capítulos de adopción, de identidad, de normas de reconocimiento de la descendencia. Ese Código fue aprobado en un momento muy difícil del país. Acá hay una contradicción entre el avance legislativo y el retroceso en la calidad de vida de la niñez uruguaya. Además, se aprobó sin formar debidamente a los operadores, sin la inversión necesaria en infraestructura ni equipos técnicos. Y de la noche a la mañana se pretendió cambiar la lógica de funcionamiento de algunas instituciones que recién hoy, un año y medio después, están empezando a responder como es debido. Es cierto que hay problemas de aplicación, y no sólo del Poder Judicial. Por ejemplo, hay una idea muy extendida de que la policía no puede actuar frente a los menores que están generando problemas en la vía pública. No es así. El Código obliga a la policía a actuar cuando los menores están atacando derechos de terceros. Ahí la cosa es más político instituciona
l. El Código no dice que no se puede intervenir. De todos modos, creo que hay que hacerle algunas modificaciones para darle más coherencia a su filosofía, no para cambiar su raíz. Puede ser en el tema de las adopciones, que las dificulta notoriamente, y hay ciertos aspectos también en el plano penal, dándole al juez otras alternativas, en la parte cautelar, que no sean sólo la privación de libertad: la semilibertad, la libertad vigilada u otras. Lo que está pasando es que, frente a dificultades prácticas aún vigentes, los jueces tienen la opción de la privación de la libertad o, de lo contrario, la devolución a la familia. Claro, la familia de estos muchachos es muy disfuncional, lo que genera una suerte de inequidad. Si el muchacho tiene un buen respaldo familiar, es probable que lo continente y él se vea favorecido. En cambio, si no tiene ese respaldo muy probablemente termine privado de libertad.

 

Algunos números y el futuro

–Veo que tiene unos números a la vista…

–Fíjese que en 2003 la cantidad de muchachos privados de libertad fue 470, en semilibertad 418 y en libertad asistida 500. En total, unos 1.400. En 2004 estos números se elevaron algo y en 2005 comienzan a descender: 300 muchachos con privación de libertad, 560 en semilibertad y 192 en libertad asistida. Y este año tenemos apenas 176 con privación de libertad. O sea, la tercera parte de lo que teníamos en 2003.

–¿Y qué lectura hace de eso?

–Hay varias lecturas. Esto no implica el número de delitos cometidos, sino los muchachos derivados al INAU con medidas judiciales. Creo que hay una revisión de los criterios de los jueces, que están privando menos de libertad, por lo que el efecto del Código vendría a ser un efecto diferido. Y posiblemente estén devolviendo a sus familias, sin medidas, a una franja de infractores más amplia que antes. Esto también cuestiona la imagen pública de que los delitos cada vez son más y cada vez más los cometen los adolescentes.

 

–Como cierre, director. ¿Qué INAU imagina que podrá dejar al final del mandato?

–Un INAU más cerca de la gente. Es el encargado de promover y proteger los derechos de niños y adolescentes. Esto implica una cierta focalización en los sectores más vulnerables, pero no una exclusividad. Debemos tener una mayor presencia en la comunidad y por eso estamos trabajando en la descentralización, área donde se ha avanzado mucho: en Montevideo han sido creados tres nuevos centros «Casa Amiga», en coordinación con la Intendencia y Unicef. En el Interior estos nuevos centros ya son seis, en poblaciones donde el INAU no estaba. Y habrá de ser un INAU más profesionalizado, dando mejores condiciones laborales, y un INAU que no se mueva en soledad, que esté articulado con otros organismos públicos y de la sociedad civil que trabajan en el tema. Finalmente, un INAU que transforme su imagen frente a la opinión pública: un organismo de protección de derechos, sin esa imagen de hoy, como yo digo, un poco en broma y un poco en serio, «del hombre de la bolsa». *