Reclaman el relevo de los mandos policiales implicados en Filtro
Norma Morroni, madre de Fernando Morroni, fue la encargada de leer la proclama. En tal sentido, recordó que «fueron al Filtro, convocaba todo un pueblo, se sumaba el PIT-CNT, hacía el llamado el propio Frente Amplio en su conjunto, estaba el hoy presidente Tabaré Vázquez y toda la camarilla completa. ¡Cómo no ir! Fueron y los asesinaron a sangre fría. Fue un crimen premeditado y alevoso. Fue un crimen de Estado».
Asimismo, la plataforma de esta marcha, convocada por la Plenaria Memoria y Justicia, pugna por dejar en claro cuál en su demanda, y a quiénes, con nombre y apellido, consideran responsables. Es así que Norma Morroni prosiguió: «A 12 años sabemos quienes dieron las órdenes: Lacalle y Gianola (Ministro del Interior). Sabemos quienes estaban al mando: Raúl Guarino (actual Jefe de Policía de Flores), Juan Miguel Rolán (a cargo de la guardia de Coraceros y Granaderos en Montevideo) y Herodes Ruiz (Jefe de Policía de Lavalleja), entre otros… Sacan al represor Navas de la dirección de Cárceles y nombran a otro que estuvo en la represión del Filtro, a Julián Rodríguez Alsina». La dirigente de Plenaria, Memoria y Justicia Irma Leites, reclamó el relevo de los jerarcas policiales involucrados en los incidentes.
24 de agosto de 1994
Los incidentes ocurrieron en el marco del operativo de extradición de Mikel Ibáñez, Luis Mari Lizarralde y Josu Goitía, ciudadanos vascos acusados por España de pertenecer a ETA.
El 15 de mayo de 1992 la Policía detuvo a unas 30 personas, todos refugiados vascos, en la denominada «operación lagarto», de las que luego fueron procesadas trece.
De este total, el Estado español pidió prisión para diez, y finalmente demandó la extradición de ocho de ellos: Mikel Ibáñez, Luis Mari Lizarralde, Josu Goitía, Amaia Arakistain, Juan José Urrutia, Pedro Gómez, Agurtzane Delgado y Josu Lariz (cuya orden de expulsión de Uruguay fue dejada sin efecto por el nuevo gobierno). Uruguay sólo accedió a entregarles a los tres primeros.
En setiembre de 1997, el juez penal Jorge Imas procesó sin prisión a los cuatro jerarcas policiales que comandaron el operativo del Hospital Filtro, pero tanto él como el fiscal actuante se quejaron por la falta de colaboración de la Policía para identificar al autor del homicidio de Fernando Morroni. El capitán de Coraceros Jacinto Omar Ojeda y el teniente primero Miguel Rolán fueron procesados por «comisión por omisión de reiterados delitos de lesiones personales en modalidad culposa», y el inspector mayor Héctor Darío Domínguez y el mayor Miguel Nery Moura, ambos del cuerpo de Granaderos, por «reiterados delitos de lesiones personales graves y gravísimas en calidad de comisión por omisión de modalidad culposa.»
De esta forma, los convocantes a la marcha, entienden que no han sido esclarecidos los asesinatos de Morroni y Facal, y menos aún, se ha hecho justicia. A propósito se prevé presentar en breve una nueva denuncia penal. *
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