Tensa jornada en Dancotex: comenzó retiro de máquinas y nuevo embargo

La situación comenzó cuando el pasado martes la jueza Morales falló a favor de Soloducho y ordenó el retiro de ocho grupos de máquinas (las que significan más de 35 máquinas de un total de 140 que se encuentran en el interior de la fábrica), muestras de tela, hilados y algunas computadoras de la planta capitalina de Dancotex.

Según se informa desde la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la medida fue dispuesta a solicitud del propietario de la empresa, quien presentó la necesaria contracautela, lo que consiste en bienes inmuebles y dinero en efectivo que se encuentra depositado a disposición de la sede judicial.

Con relación a la medida en sí, la actividad en los alrededores de la fábrica, ubicada en Veracierto casi camino Carrasco, comenzó alrededor de las 4.00 de la mañana cuando efectivos policiales, de Caminera y de la Guardia Metropolitana, comenzaron a colocar vallas en un radio de 200 metros a la redonda, para así evitar que grupos de trabajadores de otros gremios intentaran frenar la decisión judicial.

Con el amanecer, camiones de la empresa y personal contratado para el retiro de máquinas (unas 10 personas) se hicieron presentes en el lugar, estimando la Justicia que demorarán unas 36 horas en efectuar dicha tarea, aunque ese plazo no es rígido, ya que si se necesita más tiempo para el desarme se le otorgará, pero se estima que la tarea no pasará de esta jornada.

Al mismo tiempo, en el lugar se encontraban algunos dirigentes sindicales –como ser el integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Juan José Ramos y el dirigente de Funsa Luis Romero–, y casi la totalidad de los cerca de 230 trabajadores que han llevado adelante la guardia gremial en estos más de cinco meses.

Romero llegó a amenazar con que, de ser necesario, se detendrían las tareas en la empresa de neumáticos y todo el personal se trasladaría hasta el lugar a tratar de evitar el cumplimiento de la medida, lo que fue considerado como innecesario ya que había una firme decisión, tanto de la central obrera como de los propios obreros de la textil, de permitir que se cumpliera el fallo judicial a pesar que abiertamente manifestaban que no estaban de acuerdo con el mismo.

 

Desarmado y desazón

Paralelamente se hizo presente la jueza Morales –quien está a cargo del caso– acompañada por una alguacil, el abogado de los trabajadores, doctor Alejandro Chape, y los asesores legales de Soloducho, doctores Enrique Crespo y Ernesto Rodríguez Altez.

Es de destacar que con el correr de las horas fue creciendo la cantidad de efectivos policiales en la zona, alcanzándose a algo más de un centenar, número que comenzaría a mermar paulatinamente luego de que se normalizara el tránsito y se tuviera la certeza de que los trabajadores no intentarían «frenar» la medida.

A media mañana llegó a la fábrica la notificación de un nuevo embargo trabado contra Soloducho de parte de un grupo de funcionarios que no llevan adelante las medidas de lucha.

Lentamente, y hasta la caída del sol, los trabajadores contratados fueron «desarmando» las máquinas, ante la desazón de todos los obreros que se encontraban apostados frente a la planta y en un local gremial ubicado en un terreno lindero a la misma.

En ese contexto, Ana, una ahora ex obrera, expresó: «El quiere que nos vayamos a Colonia, quiere que dejemos a nuestras familias, y eso no se puede», y denunció que «el año pasado él fomentó que sacáramos créditos en el BROU, que estaba ‘todo bien’, que iba a haber trabajo por mucho tiempo y ahora ¿quién paga mi deuda?».

Sobre las 19.00 horas, unas seis de las ocho máquinas (urdidoras, de hilandería, tejeduría y para teñir telas), que son de las más modernas que existen en la planta montevideana, ya estaban sobre los camiones prontas para ser trasladadas a Colonia -hecho que se concretaría tan sólo minutos después-, al igual que las telas, hilados, muestras y computadoras.

Mientras tanto, LA REPUBLICA intentó consultar a Soloducho, quien dijo que aconsejado por la jueza Morales no efectuaría declaraciones, aunque quien sí dio su punto de vista ante la situación fue uno de sus abogados, Ernesto Rodríguez Altez.

El profesional afirmó -entre otras cosas- que el fallo civil coincide con el que había realizado en su momento la justicia laboral, aunque tiene diferencias que residen esencialmente en los motivos de una y otra causa.

 

Embargo sí

En tanto, desde los trabajadores se continúa sosteniendo que hay un embargo por parte de la Justicia laboral que la jueza en lo civil «está desconociendo» y que «no se tuvo en cuenta a la hora del fallo».

En este sentido, el dirigente sindical Miguel Olivera sostuvo que

ante tales hechos, los trabajadores de Dancotex denunciarán tal «contradicción» ante la SCJ y además ya reanudaron un trámite de embargo sobre los bienes de Soloducho que restan en Montevideo y los que tiene en Colonia, expediente que recayó sobre el Juzgado laboral de 7º Turno.

Ramos dijo que la jueza se encontraba «muy nerviosa, alterada», y reiteró que «no iban a actuar en contra» de la decisión de la Justicia. No obstante ello se expresaron en contra de la misma y tomarán las medidas cautelares que correspondan.

«Aunque las máquinas vayan al fondo de la tierra, se las lleven a Colonia, Artigas, donde sea, van a estar embargadas por nosotros», dijo Ramos, quien además calificó a Soloducho de «mal empresario», ya que «se aprovechó de los beneficios que le otorgó el país a su empresa», y se preguntó «¿con qué fundamentación técnica los directorios del BROU de los gobiernos anteriores le prestaron 10 millones de dólares? ¿Con qué avales? Además, todos sabemos que Soloducho no es neutro políticamente, y es por eso que hoy (ayer) buscó un enfrentamiento, pero el movimiento sindical busca otras salidas para estas situaciones».

Agregó que «no puede cumplir con el pago de lo que adeuda en concepto de despidos, licencias correspondientes al año 2005 y las generadas en el actual, salarios vacacionales de ambos años, aguinaldos e indemnizaciones por despido, porque no tiene la plata para pagar los despidos».

«Esta es una empresa que está en quiebra, y con este fin sin un acuerdo con los trabajadores, Soloducho pasará de ser deudor 2 a 4 del BROU, con lo que el aumento de los intereses será enorme, lo que la fundirá», aseveró el dirigente bancario.

Ante tal situación, los trabajadores embargarán «todas las máquinas, materias primas, todos los autos, todo lo que tenga Dancotex para ser embargable», para poder cobrar sus despidos, expresó Ramos.

Destaquemos que la deuda del empresario es calculada por los trabajadores en más de medio millón de dólares, pero con los agravantes (cambio unilateral del contrato de trabajo, entre otras irregularidades) que aseguran que los más de 300 despidos serían abusivos, el monto por dicho concepto ascendería a dos millones.

 

Embargo no

Sobre el particular, desde la SCJ se aclaró que no pesa embargo alguno sobre los bienes que se están retirando, y esta afirmación se basa en que el pasado 15 de junio, los operarios de la textil desistieron del trámite por el cual habían solicitado ante la Justicia laboral -causa que primero estuvo a cargo de la jueza Nancy Corrales y luego de la magistrada Elisa Lizaso-, una medida cautelar de embargo sobre bienes ubicados en el interior de la planta montevideana.

A fines del mismo mes de junio, luego de estudiar el asunto, la doctora Lizaso dispuso el levantamiento de los embargos trabados sobre bienes de la empresa.

La resolución de la jueza laboral fue debidamente notificada a los defensores de las partes en litigio y ha qu
edado «ejecutoriada», es decir, transcurrió ya el plazo legal en el que cualquiera de las partes hubiera podido presentar un recurso para su modificación.

Agreguemos que antes de resolver la implementación de la medida que se está cumpliendo -entre ayer y hoy-, la doctora Morales solicitó información a la doctora Lizaso, la que le remitió constancia de lo actuado por la misma en el mencionado caso, por lo que «no hay contradicción entre justicia civil y la laboral». *