El Tribunal del Mercosur escuchará hoy alegatos finales de Uruguay y Argentina

A las 10 de la mañana de ayer comenzó la primera de las audiencias orales que constituyen el núcleo central del litigio entablado por el gobierno uruguayo contra el Estado argentino por la omisión de éste en prevenir o remediar los impedimentos al libre tránsito regional generados por los cortes de ruta efectuados por la asamblea ambiental de Gualeguaychú para protestar por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

El primer turno en las presentaciones correspondió a los argentinos, quienes al llegar al Edificio del Mercosur -donde tiene sede el tribunal ad hoc- realizaron una pequeña manifestación antipasteras levantando en alto stickers con la consigna de la asamblea ambiental «no a las papeleras». Fue el único acto de protesta realizado en el marco de las audiencias, motivo por el que se estima hoy se reducirá el dispositivo de seguridad.

Las presentaciones de los 6 testimonios argentinos implicó 5 horas -durante las que los testigos uruguayos esperaron en una sala contigua  en las que se intentó fundamentar que los cortes fueron intermitentes, realizados con aviso y además de ser una manifestación del Derecho a la libertad de expresión no causaron los perjuicios económicos detallados por Uruguay.

Con ese fin los jueces escucharon al director general de Aduanas, Ricardo Echegaray, que aseguró que entre enero y mayo pasados el flujo comercial entre ambos países se incrementó en un 33% y que las importaciones de Uruguay hacia Argentina subieron un 14,5%.

Asimismo el representante de la Secretaría de Turismo, Alejandro García afirmó que nunca bloquearon en simultáneo los tres pasos fronterizos y que tampoco se afectaron los índices del turismo hacia Uruguay.

Otro testimonio de importancia, fue el del integrante de la asamblea ambiental de Gualeguaychú, Jorge Campañá, quien detalló las características de la organización, su funcionamiento y estructura, con el objetivo de dar sustento al argumento oficial de que los cortes no eran sorpresivos sino protestas parciales y anunciadas con anticipación para que los posibles damnificados tomaran vías alternativas.

 

Prudente hermetismo uruguayo

Pasadas las 15.30 horas comenzó la presentación de los 11 testigos uruguayos, entre los que había funcionarios de Ministerio de Turismo, de los locales comerciales y gastronómicos instalados en la cabecera uruguaya de los puentes, representantes de las empresas de transporte, y de despachantes de aduanas de Fray Bentos.

El detalle de las declaraciones se mantuvo en reserva, según el director de Integración y Mercosur de la Cancillería Carlos Amorín, para evitar «más problemas a Uruguay si entráramos a divulgar el procedimiento violando la norma de confidencialidad que rige esta etapa».

Igualmente trascendió que el eje de la presentación fue detallar los daños por 400 millones de dólares ocasionados por los cortes, destacando ejemplos como la paralización del 90% de la flota de transportes de carga terrestre, el descenso en el ingreso de vehículos argentinos en unos 10 mil autos y de turistas en unas 80 mil personas, y sus consecuencias.

A las 21.00 horas se estimaba que las declaraciones uruguayas continuarían algunas horas más, sin embargo fuentes de la Cancillería aseguraron que «todo marcha bien para los intereses del país».

Si el tribunal emite un fallo favorable a la demanda uruguaya Argentina deberá cesar en su omisión de manera inmediata y adoptar las medidas necesarias para asegurar que los cortes no se reiteren en el futuro. En tanto que Uruguay contará con un elemento de peso para entablar juicios exigiendo la reparación económica ante la Justicia común.

 

«El tribunal dará la razón a quien la tenga»

Hoy el tribunal escuchará los alegatos de los abogados de cada país para reforzar sus respectivas posturas y refutar los conceptos expresados ayer por la contraparte.

Luego las legaciones remitirán resúmenes de sus presentaciones a los árbitros, quienes deberán llegar a un laudo antes del 7 de setiembre. Al respecto el doctor José Gamio, árbitro ad hoc designado por Uruguay, destacó que quienes integran el tribunal lo hacen en calidad de jueces y no de representantes de la partes, por lo que «el tribunal tendrá que decidir a favor de quién tenga la razón».

El órgano de resolución de controversias está compuesto, además de Gamio, por el español Luis Martí Mingarro y el argentino Carlos Barreira.

Tras conocer el fallo las partes cuentan con 15 días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Permanente de Revisión, con sede en Asunción del Paraguay. *