Argentina rechazó monitoreo conjunto de plantas de celulosa

Mientras hoy y mañana comenzará a procesarse en Montevideo la demanda de Uruguay ante el Tribunal Arbitral del Mercosur, el gobierno argentino formalizó ayer su rechazo a la propuesta de Uruguay de realizar un monitoreo conjunto del impacto ambiental de las plantas de pasta de celulosa que se levantan en la orilla oriental del fronterizo río Uruguay, informó la Cancillería del vecino país. El rechazo está contenido en una carta que el canciller argentino, Jorge Taiana, envió a su par uruguayo, Reinaldo Gargano, quien en una misiva anterior había invitado al gobierno de Buenos Aires a participar de un monitoreo conjunto. Al cierre de esta edición, la misiva era analizada por el canciller uruguayo y su equipo de colaboradores, según supo LA REPUBLICA. Argentina argumentó que aceptar la propuesta «implicaría convalidar un acto ilícito contra la Argentina», según una fuente diplomática citada por la agencia oficial Télam. Taiana insistió además en que Uruguay había violado reiteradamente el Tratado del Río Uruguay firmado en los 70 y en el cual ambos países se comprometieron a proteger de la contaminación la importante vía fluvial. Argentina se opone a las fábricas de pasta de celulosa que están construyendo la finlandesa Botnia y la española ENCE a la vera del río y demanda un estudio de impacto ambiental acumulativo e independiente, pero Uruguay asegura que se utilizarán modernas tecnologías que minimizarán la contaminación. La respuesta argentina -cuyo contenido no se divulgó a la prensa- fue entregada por el vicecanciller Roberto García Moritán al embajador de Uruguay, Francisco Bustillo. Argentina insistió en la suspensión de las obras para realizar el estudio ambiental y, ante la negativa uruguaya, presentó el tema ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, instancia que contempla el Tratado del Río Uruguay para dirimir controversias. El tribunal ya rechazó una medida cautelar solicitada por Buenos Aires de paralizar por 60 días las obras, pero el gobierno espera que los jueces contemplen los argumentos argentinos cuando fallen en la cuestión de fondo. *