Tribunal Arbitral analiza la demanda del Uruguay ante los cortes de ruta
Las audiencias comenzarán a las 10 de la mañana en el Edificio del Mercosur, y se estima que por la gran cantidad de testigos y pruebas que presentará cada parte la jornada se extenderá hasta las últimas horas de la tarde.
Las sesiones serán cerradas y estarán fuertemente custodiadas por efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo.
El operativo implicará el control de acceso al edificio y también restricciones del tránsito en esa zona del Parque Rodó.
La demanda presentada por Uruguay solicita a los jueces que determinen si los cortes de ruta y la omisión de gobierno argentino para desarticularlos constituyeron una violación al artículo 1º del Tratado de Asunción, por el cual se garantiza la libre circulación de bienes y personas dentro del Mercosur.
En la audiencia a desarrollarse hoy las partes presentarán pruebas y testimonios para fundamentar los argumentos que componen la demanda y las respuestas remitidas por escrito al Tribunal en instancias anteriores.
En tanto que mañana los representantes legales de cada país deberán realizar los alegatos que refuercen cada una de las posturas y refuten los conceptos expresados en la jornada anterior.
La demanda uruguaya
La representación legal uruguaya está compuesta por los expertos en Derecho Internacional, Carlos Amorín, Hugo Cayrús, Miriam Franceschini y José María Robaina.
Si bien se mantiene en reserva el nombre de los 9 testigos que presentarán los abogados se sabe que participarán funcionarios del Ministerio de Turismo, funcionarios de los locales comerciales y gastronómicos instalados en la cabecera uruguaya de los puentes. Entre ellos, también estarán Gustavo Teske, en representación de las empresas de transporte, y los despachantes de aduanas Ricardo Lasalvia y Roberto Díaz.
Los testimonios servirán para fundamentar con datos y relatos de situaciones concretas los perjuicios ocasionados por los cortes a las rutas 136 y 135 que los ambientalistas mantuvieron (en especial el primero) durante cuatro meses.
En ese sentido se sostendrá que el gobierno argentino no actuó en Entre Ríos, a diferencia del rol que sí asumió en otras situaciones similares como los piquetes realizados por empleados petroleros en Santa Cruz, quienes fueron sacados de la ruta por la Gendarmería, o la represión policial de una manifestación en los subterráneos de Buenos Aires.
A la vez se subrayará que como resultado de esa coyuntura, el 90% de la flota de transportes de carga internacional quedó «atrapado» en los piquetes.
Además de que en la última temporada estival se registró el ingreso de 10 mil autos argentinos menos, así como que la cantidad de turistas de esa nacionalidad se redujo en 80 mil personas debido a los cortes de ruta. Lo que a su vez produjo el «lleno total» de un balneario entrerriano que nunca había alcanzado esos niveles de ocupación.
¿Qué hará Argentina?
La delegación oficial argentina llegó a Montevideo anoche y está compuesta por los funcionarios de la Cancillería Juan Vicente Solá y Nora Capello, y dos representantes de Entre Ríos, la fiscal de Estado provincial, Claudia Mizawak, y su adjunta, Rosa Alvez Pinheiro.
La representación viajó acompañada por seis testigos: el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray; el presidente de la Comisión Sindical del Transporte del Mercosur, Raúl Cuence, el titular de una cámara de transportistas, Aníbal Oszust, el economista Dante Sica, secretario de Industria durante la gestión del ex presidente Eduardo Duhalde, y Jorge Campañá, integrante de la asamblea ambiental de Gualeguaychú, elegido por no haber actuado como vocero ante los medios de prensa. La estrategia se basa en refutar con cifras de la Cancillería argentina los datos presentados por Uruguay en base a datos del Ministerio de Turismo, las cámaras empresariales y la Dirección Nacional de Migraciones. Para ello se indicará que en el período en que se realizaron los cortes de ruta se incrementó el comercio bilateral en un 39% y que ingresaron 13 mil argentinos más que en la temporada turística anterior. A la vez destacarán que los cortes constituyen parte del derecho a la libertad de expresión, el cual tiene primacía por sobre la libre circulación de bienes. Igualmente los testimonios deberán respaldar la afirmación de que los cortes de ruta nunca dejaron completamente interrumpido el tránsito binacional y que el Estado argentino no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la realización de los piquetes decididos por los asambleístas.
Tras escuchar a las partes, los árbitros tendrán tiempo hasta el 7 de setiembre para emitir un fallo entre ambos países, el cual luego podrá ser apelado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con sede en Paraguay. *
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