Stirling y APU coinciden: "Aumentó la intolerancia contra los periodistas"

San José

El periodista Andrés Cigales, agredido junto a su familia la semana pasada por seis individuos ya identificados efectivamente como funcionarios municipales de la comuna maragata, se reunió este lunes con el ministro Stirling por espacio de media hora junto a tres dirigentes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). En dicho encuentro, explicó Cigales a LA REPUBLICA, informó personalmente lo sucedido al jerarca y, además, le planteó su disconformidad por el trato dado a su caso en el comunicado emitido por la Jefatura de Policía de San José.

El director del diario Sur de Rincón de la Bolsa pedirá protección para su familia porque «las amenazas sufridas fueron gravísimas». Asegura que «se intenta minimizar la cosa, y el ministro estuvo de acuerdo en eso, aunque no me lo explicitara así». «Estamos desconformes en primer lugar porque el parte cuestiona el hecho de que seamos o no periodistas, y en realidad hace cinco años que la Jefatura nos está mandando comunicados de prensa».

Cigales también puntualizó, al referirse a la nota que publicó acompañada de una fotografía en el medio que dirige, que un grupo de funcionarios municipales «beben alcohol y hacen cebo en horario de trabajo». Testimoniaba entonces que no se puede poner en duda el motivo del ataque, «porque yo no tengo otra vinculación con esos hombres que no sea lo que decía la nota». Además según relata, los mismos agresores le gritaban que iban a «romperme la cabeza a mí y a mi familia si continuaba escribiendo artículos en contra de ellos».

Por estas razones Cigales denunció ante el ministro del Interior que la información divulgada oficialmente es «tendenciosa y tergiversadora» y agregó que intentó comunicarse con el jefe de Policía de San José para que el parte fuera corregido, pero no logró obtener «ninguna respuesta; aunque pienso que el ministro tomará cartas en el asunto».

El colega también adelantó a LA REPUBLICA que en la entrevista mantenida con el ministro del Interior, le informó que la APU solicitará concertar en las próximas horas una audiencia con la Suprema Corte de Justicia, porque se considera necesaria «una mayor celeridad de la Justicia en el pronunciamiento de este caso que es serio».

Cigales afirmó que el ministro «se manifestó favorable a este planteo y coincidió en que la Justicia en estos casos debería actuar más rápidamente y que en la sociedad uruguaya hay que tomar medidas rápidas para que tanto las organizaciones gremiales como las autoridades, entiendan el significado real de lo que es ser periodista». En el planteo elevado a la Suprema Corte, «también se va a hablar por el caso del periodista del Canal 4 y el fotógrafo de El País, porque de lo que estamos hablando es de un atentado a la libertad de expresión».

Junto a Cigales asistieron a la reunión los directivos de APU Manuel Méndez, Roberto Etcheverry y Hugo Machín. En el encuentro, el gremio planteó su «preocupación» por «hechos atípicos de intolerancia» de sectores de la sociedad que no son considerados como posibles «agresores». Además, recordaron el asesinato del periodista de una radio de Baltasar Brum, la agresión a periodistas de LA REPUBLICA por parte de dirigentes de Adeom y a trabajadores de El País y Canal 4 durante la marcha del 24 de agosto, entre otros casos.

Stirling, por su parte, coincidió con APU en que aumentaron los «síntomas de intolerancia» y se mostró partidario de realizar un llamado al «diálogo» para superar la situación.

Investigación

A nivel municipal, el propio intendente Juan Chiruchi declaró a la prensa local que «apoyado por el departamento jurídico» de la comuna, «aplicará las máximas sanciones» que le sean permitidas legalmente para sancionar a los involucrados, de comprobarse su culpabilidad. Para ello ordenó una investigación sobre los hechos, designando al abogado municipal Pablo Pucheu a llevarla a cabo.

En el informe elaborado por el profesional y elevado a la comuna en la noche del lunes luego de tomar declaraciones a los seis agresores, se establece que aún no se encuentran «elementos contundentes» para determinar medidas administrativas a aplicar contra los funcionarios, porque la versión de éstos sería «contradictoria» con la del periodista Cigales, a quien Pucheu no puede legalmente tomar declaraciones. Es factible entonces que la Intendencia aguarde el pronunciamiento de la Justicia, que sí recabará las declaraciones de ambas partes, para resolver, a su vez, la suerte profesional de los seis funcionarios.