Funcionarios de las fiscalías en conflicto

En tanto, esta semana, una delegación de la Asociación de Fiscales y otra de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay fueron recibidas por separado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la que escuchó los planteamientos de las dos agremiaciones respecto a sus reclamos para el presupuesto quinquenal que se está estudiando.

Tras declararse en conflicto, los funcionarios de las fiscalías decidieron comenzar con diferentes medidas entre las que se encuentran tareas de propaganda masiva mediante volanteadas, carteles en lugares de trabajo y prensa; antes del vencimiento de los plazos del envío del mensaje complementario realizar una detención de tareas general con movilización y en coordinación con los demás organismos equiparados, además de cumplir una agenda de entrevistas con autoridades de gobierno.

También se resolvió coordinar con los demás organismos equiparados proponer a COFE una actividad de movilización nacional que incluya todos los estatales afectados por el artículo 30 (el que trata el destino de los fondos de libre disponibilidad, también conocidos como proventos); hacer una detención general de tareas el día que los funcionarios judiciales realicen la movilización más significativa antes de los vencimientos de los plazos del mensaje complementario y también llevar adelante medidas alternadas con las medidas del Poder Judicial en cuanto a la recepción de expedientes.

El presidente de Affas, Tabaré Bermúdez, indicó a LA REPUBLICA que por el artículo 222, además de los funcionarios de Fiscalía, perderían la equiparación con el Poder Judicial los funcionarios del Registro Civil Público, Fiscalía de Gobierno y Procuraduría del Estado.

Reclamos

La Asociación de Fiscales expresó fundamentalmente a la Comisión su preocupación por el artículo 222 enviado por el Poder Ejecutivo en el presupuesto quinquenal, derogando las equiparaciones con el Poder Judicial.

Los representantes del ministerio público también señalaron a los parlamentarios que hay equiparaciones no sólo salariales con el Poder Judicial, que están contenidas en una ley orgánica y que incluso hay normas en la Constitución.

Los magistrados tienen el mismo estatuto que los magistrados jueces, conservando las mismas incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades, siendo los únicos que poseen una incompatibilidad absoluta para ejercer cualquier función pública o privada salvo la docencia, lo que los coloca en una situación especial en relación a otros trabajadores.

Los funcionarios judiciales por otra parte, hicieron sus planteos a los legisladores presentes, quedando comprometidos a entregar a la Comisión un memorándum por escrito con sus propuestas, para que los legisladores lo tengan a consideración. Los miembros de la Comisión solicitaron que dicho memorándum llegara antes de que fuera recibida la Suprema Corte de Justicia y de esa manera tener sobre la mesa de trabajo las dos propuestas de presupuesto para el Poder Judicial.

Cabe señalar que los funcionarios judiciales reclaman que se cumpla con el acuerdo que blancos y colorados realizaron el 9 de noviembre de 1999, para apoyar la candidatura de Jorge Batlle en el balotaje y en el que se señalaba entre las medidas a tomar que el 10% del presupuesto del Poder Legislativo pasara al Poder Judicial, al igual que el monto de lo recaudado por el cobro de timbres y tasas. También solicitan que lo recaudado por este último concepto sea destinado a los escalafones 4, 5 y 6, los menos tenidos en cuenta en lo relativo a aumentos salariales.