Partido Nacional no votará artículo sobre cese de pasantes y becarios

«Hasta ahora», los puntos conflictivos del Presupuesto, para el Partido Nacional, tienen que ver con algunos artículos relacionados con el Banco de Seguros, «el más polémico es el que elimina la obligación por parte de las empresas públicas de contratar un seguro con dicho banco», según confió una alta fuente nacionalista. También entienden que algunas normas «incrementan» el peso de la Presidencia de la República y por otro lado que es «difuso» el anuncio de aumentos salariales para militares, docentes y policías.

En este marco, ayer, en la Cámara de Representantes, la bancada del Partido Nacional resolvió rechazar el artículo del Presupuesto Nacional, por el cual los actuales becarios y pasantes en un número estimado entre 5.000 y 9.000 deberán dejar la Administración cuando finalice su contrato en un plazo de dos años y «defender la permanencia en los puestos de trabajo» (ver nota aparte).

Mientras tanto, en el Senado, los legisladores herreristas Carlos Garat y Francisco Gallinal se hicieron escuchar en la hora previa con asuntos que involucran la desregulación de Ancap y la modificación del destino de los fondos de un Convenio a firmar con el BID, respectivamente.

Por su parte, el senador Luis Alberto Heber valoró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) pueda contar con una herramienta a través de Internet a la hora de su relacionamiento con los laboratorios proveedores pero reclamó la atención en el suministro de medicamentos para una policlínica del departamento de Rivera, ubicada en un barrio pobre (ver nota aparte en página 4).

«Detener la aventura»

El senador Garat sostuvo que «no hemos escuchado ninguna palabra de los combustibles para poder abaratarlos y que no incidan negativamente en la producción nacional».

«Ancap ha incursionado en una dudosa y peligrosa política de inversiones en la República Argentina, según conceptos vertidos por sus autoridades en el ámbito de la comisión de Industria del Senado, todo haría presumir que con un pésimo resultado financiero hasta el momento», agregó Garat.

El parlamentario señaló que según las manifestaciones expresadas «si Ancap no tiene una escala y cierta calidad en sus productos no podrá competir en un mercado abierto».

«Para ello ha efectuado inversiones en Argentina, asociándose con empresas privadas en un plan de expansión que hasta ahora no tiene ninguna certeza de rentabilidad ni de retorno del capital que invierte».

Pero lo más grave –indicó Garat– es que Ancap para expandir sus negocios petroleros en la región «precisa construir una nueva refinería que le brinde mejores niveles de experiencia y escala suficiente de competitividad regional, con una inversión de centenares de millones de dólares, tan escasos en la actualidad, tanto a nivel de reserva como de capacidad de endeudamiento».

«Todo esto se hará –según los directivos de Ancap– en el marco del mantenimiento del monopolio del ente. Dicho claramente: si continúan las pérdidas de Ancap en Argentina en la aventura emprendida, si la multimillonaria apuesta a una nueva refinería no da los resultados previstos, las deudas contraídas las pagarán los uruguayos, víctimas cautivas del monopolio, ineficiente y antieconomómico de Ancap», manifestó el senador blanco.

Garat consideró que las decisiones tomadas en Ancap «deberían ser motivo de una seria investigación por parte del gobierno». «La construcción de una nueva refinería de petróleo que brinde un producto para vender en Argentina, en competencia con compañías de gran capacidad y experiencia que ya producen a menores precios que Ancap, en un mercado abierto y altamente competitivo, terreno hostil para una empresa pública uruguaya, es una aventura de seguro fracaso que hay que detener antes de que sea demasiado tarde y cause mayores perjuicios al país», enfatizó.

El legislador herrerista también se opuso al contrato de distribución de combustibles que Ancap «planifica llevar a cabo con Repsol, IPF y con Dasa» en que «pasaría a ser minoría accionaria» y «desprenderse sin pérdidas y si es posible con ganancias, de las inversiones realizadas en Argentina, y comenzar un proceso de adaptación de los servicios de Ancap a las necesidades reales del país, y por lo tanto no construir una nueva planta».

Según Garat, «el gobierno debe dar su opinión y de no hacerse siempre le queda al Parlamento, como ámbito de contralor, el actuar en defensa de los intereses nacionales».

Renegociación

En tanto, el senador Francisco Gallinal planteó «una renegociación» del Convenio que se firmará con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de U$S 822 millones, a los efectos de destinar parte de esos recursos en los sectores productivos «ante la dramática situación del país».

Gallinal mocionó para que sus palabras fuesen dirigidas al Ministerio de Economía y Finanzas. «En ese convenio o Programa Operativo 2000-2002 Uruguay-BID se destinan a competitividad de integración regional U$S 30 millones, a infraestructura vial U$S 230 millones, a multisectorial de créditos U$S 100 millones, al programa de desarrollo ganadero U$S 40 millones».

«Dentro de la modernización del Estado y gobernabilidad se destinan a modernización de la gestión pública U$S 150 millones, a desarrollo de la gestión municipal U$S 100 millones, a modernización del Poder Judicial U$S 5 millones y a la mejora de la gestión departamental de la IMM U$S 3 millones», relató.

«Otro de los capítulos –agregó– es el de bienestar y equidad social, por el que se destinan U$S 50 millones a formación de recursos humanos de salud; U$S 4 millones para apoyar la gestión y el ordenamiento ambiental del territorio; U$S 75 millones a modernización de la educación media y formación docente, y U$S 35 millones para atender a la infancia y a la familia».

Según Gallinal, «si la situación del país es tan dramática, como lo es, y el Uruguay a través de sus distintos sectores políticos está haciendo un esfuerzo de imaginación muy importante para obtener recursos frescos, que sin pasar por el endeudamiento y el aumento impositivo permitan enfrentar las dificultades por las que hoy atraviesa el país –básicamente a nivel de los sectores productivos– creíamos oportuno hacer estas consideraciones y ponerlas en conocimiento del gobierno».