Ley de usura a estudio del Parlamento

La Comisión de Hacienda de Senadores tiene a su estudio el proyecto de ley de usura, en el que se establece que deberá calcularse una «tasa implícita», producto de la igualación del valor de los desembolsos con el flujo de pagos del capital prestado, más comisiones, intereses y los cargos usuales. Pero no se incluye el IVA sobre interés y cargo fijo por hasta un máximo de 90 unidades indexadas (UI). En caso de que un crédito sea menor a dos millones de UI y la tasa implícita superior al 60% de la tasa media fijada por el BCU, se verificará el delito de usura.

Además, la iniciativa en curso otorga «un margen de desvío por encima de la tasa de interés de referencia (60%) para todo lo que es la operativa de tarjetas de crédito, microcrédito u otras operaciones que tienen otros riesgos y otras características, que corresponden al porcentaje que está por encima de esa tasa de referencia».

Según el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio, que es uno de los promotores del proyecto, el mismo es «concebido para combatir la usura y proteger a la gente más vulnerable».

Aunque el tema clave «no es el de las tarjetas de crédito, que están dentro de la normativa vigente, sino las prestadoras de dinero en efectivo, los prestamistas particulares y una serie de operativas de venta en cuotas de empresas comerciales», modalidades «que cubren a un sector muy vasto de la población».

También se está estudiando una ley general de cooperativas en la que ya fueron aprobados cerca de 20 artículos.

La iniciativa, que fue presentada por la Confederación de Entidades Cooperativas (Cudecoop), sostiene en su argumentación que la secuencia de normas, concebidas en momentos históricos muy diferentes, convirtió a la legislación cooperativa nacional en una suma de disposiciones inconexas, inspiradas en diversas concepciones filosóficas sobre la naturaleza, el rol y el potencial de desarrollo del fenómeno cooperativo en nuestro país.

Por tanto, Cudecoop entiende que la diversidad de concepciones se expresa hasta en la propia calificación jurídica de las cooperativas, que en algunas normas son asimiladas a las sociedades comerciales, mientras que en otras son distinguidas claramente, llegándose a reconocer la especificidad del denominado «acto cooperativo». Con el proyecto propuesto Cudecoop pretende «generar una norma que establezca principios generales y contribuya a armonizar y dar coherencia a la compleja legislación vigente». Al mismo tiempo, se propone un conjunto de soluciones puntuales a las principales dificultades y vacíos legales existentes, a la vez que se introducen algunos elementos novedosos que han sido recogidos en las últimas normas de este tipo incluidas en la legislación comparada. *