Trece cooperativas bajo denuncia de usura y manejo irregular de créditos

Las comisiones de Hacienda y la especial sobre marco cooperativo ultiman los detalles de pedidos de informes a organizaciones estatales de contralor, tras haber recogido experiencias de uruguayos que aseguran haber sido estafados en cifras millonarias por cooperativas casi «fantasmas», o por creer estar ante «un evidente manejo usurero» luego de haber gestionado un crédito cooperativista.

El diputado de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta, presidente de la comisión parlamentaria que tiene como cometido darle un nuevo marco regulatorio al cooperativismo uruguayo, señaló que «a partir del año próximo y tras aprobarse el marco regulatorio que en la comisión se está definiendo, los casos de cooperativas de dudosa legalidad no podrán funcionar, ni siquiera gestarse».

En los últimos días, la Comisión de Hacienda de la Cámara baja remitió un pedido de informe con carácter grave y urgente a la Auditoría Interna de la Nación, ante la situación generada por la denominada cooperativa Cafcu, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Familia Uruguaya.

Según la información que manejan algunos legisladores, la cooperativa se forma a instancias de un grupo de personas deudoras en dólares, integrantes de la Comisión de Deudores, a la que adhirieron miles de personas esperando un préstamo que nunca llegó, a pesar de haber previamente depositado en ese emprendimiento cooperativo una cifra considerable de dinero, como ya se ha informado en este diario.

A nivel político se sospecha de que se está ante una gran estafa que podría llegar a cifras millonarias en dólares.

Según el Banco Central del Uruguay, la Cooperativa de la Familia Uruguaya -Cafcu- «no existe» y no tienen registro de la misma.

En el pedido de informes enviado a la Auditoría Interna de la Nación se solicita conocer la fecha de formación y domicilio de Cafcu, datos de sus directivos, volumen de operaciones, patrimonio, cantidad de empleados y ejercicios fiscales de la cooperativa.

 

Van por más

Ahora, la semana próxima los integrantes de la Comisión Especial del Marco Cooperativo serán los que remitirán un nuevo y segundo pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Auditoría Interna de la Nación, pero no por una, sino por 13 cooperativas que funcionan en el país.

En este nuevo caso, las interrogantes se generaron tras una andanada de denuncias sobre aparente ejercicio de la usura en préstamos crediticios.

Las cooperativas denunciadas son CASH, Cossac, Caccsoe, Coacc, Cosur, Colón, Asccan, Socaci, Ceacs, OCAC, Cooperativa Artigas, Coprobien y Codac.

Las consultas de los legisladores tienen que ver con la necesidad de corroborar la fecha de formación, domicilio y sede de la cooperativa, datos personales de sus directivos, reseña histórica de su creación, si tiene sucursales, «en qué localidades y cuáles son los domicilios, detallando mensualmente las cuotas cobradas y los créditos otorgados», estados contables y cumplimiento de los «extremos legales y reglamentarios acerca del funcionamiento de sus órganos sociales» como asambleas, actos electorales y reformas de estatutos.

A nivel del gobierno, el funcionamiento administrativo de las cooperativas también está bajo la lupa y, en particular, del ministro de Economía, Danilo Astori. El proyecto de reforma tributaria contiene una serie de propuestas que modifican sustancialmente el régimen cooperativo en su plano interno y su forma de tributación.

Sin embargo, esas propuestas no han sido bien vistas por los legisladores del Frente Amplio que, en la mayoría de los sectores de la izquierda con representación parlamentaria, se inclinan más por darle trámite político a los parámetros que en la Comisión especial sobre el nuevo marco cooperativo se está estructurando. Se argumenta que la propuesta del equipo económico insertada en la reforma tributaria sobre el régimen cooperativista «le elimina el carácter solidario» en la gestión, «esencial en la administración cooperativa». *