Tabaré Vázquez excluyó de la Ley de Caducidad otras cinco desapariciones

De esta forma, Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio del Interior comunicaron oficialmente que dichos casos «no se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, consagrada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.848″.

La exclusión de dicha ley, según consideración del Poder Ejecutivo, es producto de que los casos «refieren a desapariciones forzadas ocurridas en principio fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera, ignorándose si los ciudadanos antes mencionados fueron o no trasladados posteriormente a nuestro país».

Además, el Ejecutivo pone en consideración que, «tratándose de denuncias promovidas contra los mandos militares y policiales que actuaron durante el gobierno de facto y, específicamente, en el año 1976, éstos no se encuentran alcanzados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado».

La denuncia fue presentada el 29 de mayo de este año, ante la doctora Gabriela Merialdo Cobelli, juez de 9º Turno Penal, fiscalizada por la doctora María del Huerto Martínez.

La denuncia original implica a cuatro uruguayos víctimas del centro de represión clandestino «Automotores Orletti». Posteriormente fue ampliada y agregado el caso de Bernardo Arnone, militante del PVP secuestrado en Buenos Aires el 1º de octubre de 1976, posiblemente trasladado desde Orletti a Montevideo, y posteriormente desaparecido.

En el juicio a los mandos responsables se pide la citación de Gregorio «Goyo» Alvarez, diez ex comandantes y el ex policía Ricardo «Conejo» Medina, además del testimonio de los actuales comandantes, civiles y periodistas.

El «segundo vuelo» fue denunciado por el periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, en 2002, en el marco de la investigación que dio como resultado la recuperación de Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez. En 2005, las Fuerzas Armadas confirmaron que efectivamente existió un segundo vuelo, el 5 de octubre de 1976, cuando una veintena de uruguayos, que se suponían desaparecidos en Argentina, podrían estar en nuestro territorio.

En junio de este año, la denuncia fue ampliada en virtud del resultado de las investigaciones del periodista de LA REPUBLICA, referente a los móviles económicos que incriminan a la «patota del OCOA» (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubvercivas) con los delitos cometidos durante la dictadura, y por ende, relacionados al «segundo vuelo».

La denuncia original, y luego su ampliación, fue presentada por un grupo de abogados impulsores de casos sobre violaciones a los derechos humanos, quienes incluyeron el «segundo vuelo» entre una serie de causas contra los mandos militares de la dictadura.

Algunos de ellos son, Oscar López Goldaracena, Hebe Martínez Burlé, Guillermo Paysée, Graciela Romero, Javier Miranda, Pablo Chargoñia, José Luis González y Walter de León.

El 3 de junio, El Observador difundió una entrevista con el ex policía Ricardo «Conejo» Medina, miembro de la OCOA y denunciado como el asesino material de María Claudia García de Gelman. Medina negó acusaciones pero confirmó que «los mandos sabían» lo que la represión hacía. *