Interior comenzó a diseñar seguridad ante instancia del Tribunal Arbitral de Mercosur

ENCE mantendrá actitud de prudencia hasta que se solucione la controversia

La carta que el presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, le envió al presidente Tabaré Vázquez dice que su empresa «en estos momentos tiene un patrimonio forestal del que todos nos podemos sentir orgullosos y vamos a seguir trabajando para mejorarlo». En otra parte de la misiva, Arregui sostiene: «Me gustaría de nuevo confirmarle el compromiso de ENCE de llevar a cabo este proyecto aunque las circunstancias nos obligan a tomar una actitud de prudencia mientras se soluciona la controversia». La carta del presidente de ENCE culmina diciendo: «Seguiremos colaborando con ustedes, con las diferentes autoridades uruguayas competentes para llevar a buen fin nuestro proyecto».

Además del contacto establecido por ENCE a través de la carta, el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, confirmó que «hubo algunos contactos por parte de algunas autoridades del Poder Ejecutivo con representantes de ENCE en Montevideo». Consultado sobre la posibilidad de que la planta de ENCE pueda ser relocalizada, Arana dijo: «No hay absolutamente ninguna expresión (de parte de ENCE) que pueda dar motivo a semejante interpretación».

 

Seguridad

Ante la eventual llegada de un contingente de integrantes de la asamblea ambiental de Gualeguaychú a Montevideo, el Ministerio del Interior analiza qué tipo de dispositivo de seguridad instalará para salvaguardar el normal funcionamiento del Tribunal Arbitral del Mercosur durante las audiencias fijadas para la próxima semana. Según trascendió en la víspera la asamblea ambiental de Gualeguaychú organiza una nueva caravana de protesta contra la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

En esta oportunidad, la movilización tendría como destino Montevideo y por fin acompañar a los representantes argentinos que concurrirán a las audiencias fijadas por el Tribunal Arbitral del Mercosur para los próximos 9 y 10 de agosto.

Cabe recordar que los abogados de la vecina orilla incluirán dentro de los elementos de prueba que presentarán para fundamentar el planteo de que el corte de los puentes binacionales constituyó una expresión de la «libertad de expresión y pensamiento» y jamás un «bloqueo total» a Uruguay sino una serie de medidas de protesta «intermitentes», el testimonio de los voceros de la organización entrerriana.

Consultadas al respecto fuentes del MI aseveraron ya estar en conocimiento de la situación, razón por la cual comenzaron a evaluar el dispositivo de seguridad que se implementará en la zona del edificio del Mercosur esos días para salvaguardar el normal funcionamiento del órgano de resolución de controversias. «Sin dudas va haber un operativo especial porque es de rigor que se prevean medidas para asegurar la seguridad de los individuos y los inmuebles durante cualquier evento o espectáculo público», subrayaron.

Si bien aseveraron que como medida mínima se establecerá un vallado que circunde la sede del bloque regional y se afectará a efectivos a la vigilancia del mismo, precisaron que todavía se carece de elementos para definir si también se requerirá de una zona de exclusión u otro tipo de operativo más complejo.

«En sí todo depende del número de personas que integren la movilización, recién cuando podamos establecer qué cantidad de autos u ómnibus llegarán podremos definir el dispositivo de seguridad que será necesario», detallaron. En tal sentido explicaron que en caso de que la delegación de la asamblea ambiental sea similar a la que concurrió a la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Córdoba  unas 150 personas  será suficiente con la instalación de un vallado perimetral.

Más allá de ello, las fuentes remarcaron que la política del MI es permitir la realización de manifestaciones siempre que se efectúen de manera pacífica señalando que «si los asambleístas vienen con la intención de protestar sin provocar ningún tipo de incidentes podrán hacerlo sin inconvenientes».

Como se recordará el emplazamiento del Tribunal Arbitral ad hoc en Montevideo motivó una nueva impugnación por parte de Argentina, la cual fue presentada como parte de la respuesta a la demanda iniciada por Uruguay a principios de mayo, ya que considera que el hecho de sesionar en uno de los países implicados en el diferendo puede actuar como un elemento de «presión» para los árbitros. Desde el ámbito de resolución de controversias se desestimó la argumentación del gobierno vecino y se expresó el deseo de que «las audiencias puedan seguir su curso normal».

Empero se remarcó que «se debe recordar que en Montevideo no gobierna Jorge Busti ni Kirchner y no se toleran los desmanes de los entrerrianos». El litigio iniciado por Uruguay tiene por objetivo que el Tribunal determine si los cortes de ruta que ocasionaron pérdidas económicas al país por más de 400 millones de dólares, así como la omisión del gobierno argentino en tanto no los desarticuló, conforman una violación del artículo 1º del Tratado de Asunción por el cual se garantiza la libre circulación en el Mercosur de personas y mercancías. *

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