La Justicia Federal argentina analiza solicitar más pedidos de extradición

La Justicia Federal de Argentina analiza la posibilidad de pedir la extradición de otro grupo de oficiales militares uruguayos que pudieron estar implicados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocidas como el Plan Cóndor.

Los jueces federales Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide tienen a su cargo varias causas judiciales que implican a militares y policías uruguayos cuyo pedido de detención y captura podría solicitarse una vez finalizada la Feria Judicial que en Argentina finaliza el lunes 7 de agosto.

El Poder Judicial argentino ya pidió la extradición de los ex oficiales del Ejército José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Jorge Silveira, del policía Ricardo Medina, y del aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez, quienes se encuentran detenidos en la Cárcel Central.

La extradición de los siete militares y el policía está a estudio del Poder Judicial uruguayo, que aceptaría el envío del grupo de represores a Buenos Aires para ser juzgado, siempre y cuando no existan causas en Uruguay que permitan su procesamiento por parte de la justicia local.

El juez Guillermo Montenegro instruye los casos relacionados al operativo represivo conocido como Plan Cóndor, Daniel Rafecas estudia las causas de los «pozos» entre los que incluye el centro de detención Automotores Orletti, y Norberto Oyarbide atiende los casos de secuestros de niños.

 

Futuros extraditables

Entre los eventuales requeridos se encuentran el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general (r) José Pedro Malaquín, el ex director del Servicio de Información y Defensa (SID), coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, y diez ex comandantes en jefe del Ejército.

Malaquín, quien fuera edecán y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) durante las dos presidencias del colorado Julio María Sanguinetti, se encuentra implicado en el traslado ilegal del «segundo vuelo» en el que un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina fue traído a Uruguay.

Rodríguez Buratti era el jefe del SID en el período en que se realizó la coordinación del Plan Cóndor, por el que cientos de uruguayos fueron detenidos o desaparecidos, entre ellos varios niños que en su mayoría pudieron recuperar su verdadera identidad.

La Justicia argentina ya pidió la extradición de un grupo de ex comandantes del Ejército encabezados por el ex dictador Gregorio Alvarez, que firmaron una carta pública en la que asumieron la responsabilidad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura civico-militar entre 1973 y 1985.

La carta también está firmada por los tenientes generales retirados Carlos Berois, Guillermo de Navas, Juan Modesto Rebollo, Juan Curutchet, Raúl Mermot, Fernando Amado, Juan Geymonat, Carlos Daners y Santiago Pomoli, cuya detención ya está a estudio de la Justicia Penal uruguaya.

 

Pedirían testimonios

Los jueces argentinos que instruyen las causas sobre la represión de las dictaduras, también podrían solicitar el testimonio de algunos militares en actividad que, por el momento, no serían encausados, como del actual comandante de la Fuerza Aérea, brigadier general (av) Enrique Bonelli.

Bonelli fue el piloto del «primer vuelo» de uruguayos detenidos en Buenos Aires en 1976, que fueron trasladados el 26 de julio de ese año a Montevideo, donde permanecieron detenidos en varias bases clandestinas hasta su procesamiento por la Justicia Militar luego de un falso operativo de detención.

El testimonio de Bonelli podría comprometer al coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, subdirector del SID en 1976, que coordinó los traslados ilegales de uruguayos secuestrados en Argentina, y al ex comandante José Pedro Malaquín, copiloto del «segundo vuelo» del que no hay sobrevivientes.

Malaquín fue el copiloto del vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), que piloteado por el mayor Walter Pintos y el capitán Daniel Muñoz, trajo a Montevideo a una veintena de uruguayos secuestrados en Argentina, quienes fueron ejecutados y sepultados, probablemente, en una fosa común.

La causa del «segundo vuelo» fue presentada ante la Justicia uruguaya en el marco de una serie de juicios a los mandos de la dictadura militar, quienes no están amparados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que desde 1986 ha impedido el enjuiciamiento de los represores uruguayos. *