Críticas al proyecto del Ejecutivo de reparación a víctimas de la dictadura

Si bien se aclara que no hay un rechazo del mismo, se advierte que con esta última modificación que hizo el gobierno, habrá gente excluida de esta situación.

El pasado 6 de julio, las siguientes organizaciones, Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos y el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, presentaron un anteproyecto de ley de reparación de los derechos jubilatorios ante el Ministerio de Trabajo.

Con algunas modificaciones, el Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento en noviembre del año pasado. La semana pasada, el mismo fue retirado, para la presentación de otra iniciativa, impulsada por el gobierno.

Esta nueva propuesta fue objeto de varias observaciones por parte de las organizaciones impulsoras de la iniciativa.

En tal sentido, el director del Banco de Previsión Social (BPS), en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari explicó que ante este nuevo proyecto, «queremos expresar que no nos sentimos comprendidos en el mismo porque no compartimos parte de su contenido y su filosofía».

Aclaró que si bien habrá un número importante de personas beneficiadas, «nos preocupa también los que quedan excluidos».

Aseveró que no se comparte que se mezclen temas de seguridad social con temas reparatorios.

Ferrari indicó que el nuevo proyecto no cumple con los principios de seguridad social en lo que tiene que ver con la igualdad y la unidad de criterios, haciendo discriminación en consideración de exiliados, clandestinos y presos.

Incluso, sostuvo, «se agrega un artículo sobre los detenidos desaparecidos frente a los cuales no opinamos», pero precisó que el Ejecutivo debió consultar a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Advirtió que las cuatro organizaciones no se oponen al proyecto, «porque beneficia a determinado universo; pero mantendrá la exclusión en otros».

El proyecto de ley reconoce como trabajado el período del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo del 1985 para aquellos que sufrieron la prisión, el exilio o la clandestinidad. *