Argentina justificó bloqueo a Uruguay

El miércoles, es decir antes de ir a Gualeguaychú como le reclamaron los vecinos al gobierno y no que una delegación ambientalista fuera al Palacio San Martín, el gobierno respaldó los cortes de ruta en la presentación que hizo la Argentina ante el Tribunal de Controversias de Asunción, lo que permite suponer que ese método podría volver a poblar el paisaje fronterizo con los primeros calores de la primavera.

La asamblea duró poco más de dos horas y combinó una primera exposición del canciller, sólo interrumpida por aplausos, y una segunda parte en la que respondió preguntas de los asambleístas. Taiana sumó a abogados de los asambleístas al equipo de expertos que trabajan en las próximas presentaciones ante la Corte de La Haya, e insistió con dos conceptos que la Argentina ya había llevado a La Haya: el daño irreparable que las pasteras tendrían en el medio ambiente y el mensaje a los inversores para que desistan de aportar capitales en el proyecto de las empresas Botnia (Finlandia) y ENCE (España). Así, el canciller sumó otro concepto: que el país «respeta pero no comparte» la primera resolución de La Haya, que casi por unanimidad rechazó un pedido de la Argentina de frenar las obras de las pasteras hasta que se realice un estudio de impacto ambiental exhaustivo.

Y que reforzando el «camino judicial» elegido será necesario demostrar la «impertinencia e inconsistencia» de los argumentos de Uruguay en la segunda etapa del juicio ante La Haya, de la cual surgirá un fallo definitivo sobre la demanda argentina, una faena que, reconoció, será «ardua» y que requiere de pruebas «fehacientes» de que «la localización de las plantas ocasionará un perjuicio irreparable», poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de sus habitantes. La nueva memoria con los nuevos antecedentes y pruebas que la Argentina logre reunir deberá estar lista a más tardar el 15 de enero próximo. Según adelantó Taiana, el próximo lunes parte del equipo técnico de la Cancillería comenzará a reunirse para elaborar la estrategia del memorial y un primer borrador se conocerá en el mes de setiembre.

También adelantó que en los próximos meses llegarán al país abogados internacionales que asesorarán al gobierno nacional en la presentación y en un nuevo gesto destinado a incluir a los vecinos en el proceso, les dijo que esos profesionales viajarán primero a Gualeguaychú para reunirse con ellos y conocer sus inquietudes.

Como ya lo habían hecho tanto Kirchner como la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, Taiana reiteró la advertencia a quienes financian las plantas de celulosa. «Mientras la Corte resuelve (la cuestión de fondo sobre la contaminación), seguiremos trabajando en otros ámbitos, como la acción ante entidades financieras, advirtiendo sobre los riesgos de financiar emprendimientos reñidos con el derecho internacional y con el medio ambiente», aseguró. Como se señaló, para el gobierno argentino los bloqueos de los puentes internacionales de Entre Ríos, fueron «una muestra de la libre expresión en defensa de un derecho que (los entrerrianos) consideran legítimo».

Es el argumento para rechazar la demanda que Uruguay presentó ante el Tribunal de Asunción, alegando que esos cortes le provocaron pérdidas económicas de alrededor de 400 millones de dólares. «La libertad de expresión, ejercida por los ciudadanos argentinos, constituye un derecho humano fundamental que goza, en nuestro país, de jerarquía constitucional», afirmó la Cancillería que restó importancia a los cortes, a los que calificó de «intermitentes».

Y dice que la actividad económica en el Uruguay no disminuyó durante esos meses, sino que incluso aumentó. «Controversia planteada por la República Oriental del Uruguay por omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes de vías de acceso a los puentes internacionales General San Martín y General Artigas», es la carátula de este sumario.

En primera instancia, un tribunal arbitral ad hoc debe emitir un laudo antes del 7 de setiembre. Esa decisión –que se reduce a si Argentina incumplió o no su deber de evitar los bloqueos– es apelable ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Por las dudas, se consignó que la demanda uruguaya «carece de objeto por abstracta, ya que no existían a la fecha de la presentación de la demanda, ni existen en la actualidad, manifestaciones populares en las rutas. Para la Argentina el derecho a la libre expresión no puede interpretarse «en desmedro de otro como la libertad de circulación, que está legalmente protegido, pero que no reviste la calidad de derecho humano fundamental». Sin embargo, hay actualmente miles de procesados por haber cortado rutas o puentes en demanda de reivindicaciones y Kirchner no ha dado curso a peticiones para sacar del ámbito judicial esas amenazas que pesan como espada de Damocles contra sectores populares. Una cosa es libertad de expresión, otra aliento a que se bloquee nuevamente al Uruguay. Pero Gualeguaychú creó un precedente. Para la Cancillería, durante los cortes «se mantuvieron abiertos pasos fronterizos alternativos». *