Fau planteó pedir al Ejecutivo ampliación de fundamento para venia del coronel Neira

Según expresaron a LA REPUBLICA legisladores de ese grupo parlamentario, el planteo de solicitar una ampliación de información sobre el fundamento para esta postulación de Neira fue esbozado en la sesión de ayer por el senador Yamandú Fau (Foro Batllista).

El pronunciamiento sobre la designación de Neira iba a realizarse ayer pero se postergó por una semana en virtud que el senador Juan Adolfo Singer (Lista 15) se encuentra enfermo y solicitó que la definición se lleve a cabo estando él presente, lo que fue aceptado. Singer es un ferviente partidario de esta nominación. Tiempo atrás explicó que maneja información proveniente de las primeras actuaciones donde los detenidos no mencionan a Neira como responsable de la tortura. Calificó de «injustas» las acusaciones y aseguró que Neira «nunca torturó a nadie».

En cambio, los senadores encuentristas José Korzeniak y Eleuterio Fernández Huidobro se oponen a la misma al evaluar los informes contrarios de organizaciones de Derechos Humanos que sindican a Neira como participante en actos de tortura, que posteriormente, además de las nefastas consecuencias humanas, originaron juicios penales ante la Justicia. En la sesión de la víspera el senador socialista José Korzeniak hizo un primer adelanto de su postura contraria a esta propuesta.

Semanas atrás, consultado por LA REPUBLICA, el coordinador de la bancada frenteamplista, el socialista Manuel Núñez, reiteró que la postura de su fuerza política es la de votar en forma negativa toda solicitud de ascenso que sea cuestionada a través de organizaciones de Derechos Humanos, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), o por el grupo de trabajo del Frente Amplio que entiende en la materia.

Por su parte, el senador herrerista Carlos Garat aún no se ha pronunciado sobre este asunto, aunque fuentes allegadas al parlamentario sostienen que el legislador nacionalista considera que estamos ante «un tema complejo».

Tampoco emitió una postura el senador forista Yamandú Fau, quien ayer esbozó la posibilidad de promover una petición al Poder Ejecutivo a los efectos de obtener mayores datos sobre el fundamento de la solicitud de venia.

A nivel legislativo, durante la administración nacionalista, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, cuando ocupaba la cartera de Defensa Nacional el ministro Mariano Brito, se había remitido una propuesta para promover a un militar para ocupar un cargo similar, y la comisión devolvió las actuaciones transmitiendo su oposición a la misma, por lo cual ese planteo no fructificó.

Tras haber sido detenidos ilegalmente en 1976, durante 117 días, y de haber padecido torturas, sumarios, destituciones y varios procesos judiciales que los libraron de toda culpa, doce ex funcionarios del puerto iniciaron ya en democracia un proceso judicial de reparación moral contra el Estado que ya lleva once años.

Si bien todas las instancias recorridas demostraron las arbitrariedades, la Justicia no habilitó aún el pago de las indemnizaciones cuyo valor en los últimos tres meses sufrió una depreciación en varios miles de dólares.

Las víctimas eran en este caso funcionarios portuarios, políticamente afines a los partidos tradicionales, algunos de los cuales ocupaban cargos gerenciales.

Uno de ellos, el de más alto grado, Omar Rodríguez, gerente del Servicio Terrestre, murió al tercer día de las torturas.

Cuando este proceso está próximo a su fin, los demandantes se enteraron por la prensa que el Poder Ejecutivo propuso como conjuez militar de la Suprema Corte de Justicia al coronel (r) Neira, uno de los oficiales que participó en las torturas.

Neira, quien desempeñó varios altos cargos a nivel del Ministerio de Defensa Nacional –fue ayudante del ex ministro Mariano Brito–, fue designado por Batlle para sustituir al coronel Kleber Pampillón,

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) recibió en mayo un recurso de casación presentado por la defensa de los ex funcionarios que reclaman la indemnización por los daños sufridos durante las detenciones y los interrogatorios a los que fueron sometidos.

A fines de 1998, su ascenso al generalato fue desestimado, pese a ocupar el primer lugar en la nómina de coroneles artilleros. A raíz de esto, el militar solicitó el pase a retiro. El 18 de noviembre, LA REPUBLICA publicó la sentencia de la jueza Estela Jubette, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, que dispuso que tanto el Estado uruguayo como la ANP debían indemnizar a cada uno de los doce actores o sus sucesores por el daño moral derivado de la prisión, de los maltratos y sus consecuencias que todavía padecen, y por la privación de un empleo digno con posterioridad a su liberación. El fallo estableció que el Ministerio de Defensa debía abonar el 70% y la ANP el 30% restante.

El monto de la indemnización, con sus reajustes, desde la fecha de la demanda y hasta su efectivo pago, elevaba la suma a cifras millonarias. En la sentencia de primera instancia, la jueza, en abril de 1975, manifestó que durante los interrogatorios «se constataron malos tratos» como «castigos, torturas, violencias» y hace responsable al Estado «por haber actuado sus funcionarios (capitán Neira, capitán Carbone, Julio Castro, JC Rapela y otros, con una ilegitimidad que vulneró los más preciados derechos individuales».

La sentencia fue apelada por el Ministerio de Defensa y por la ANP, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, salvo el monto en que la jueza estimó el daño moral, el cual revocó y disminuyó significativamente. Esto motivó la presentación de un recurso de casación de los demandantes que está a consideración de la Suprema Corte de Justicia.