Un testigo del secuestro de Quinteros pidió a "soldados de tropa" que declaren

“A los soldados de tropa, que no participaron en las torturas –porque para eso tenían equipos especiales– pero que tienen datos, les pido que vengan a dar información” a la Comisión para la Paz, dijo un informante anónimo que se presentó ayer ante este grupo de trabajo.

La Comisión recibió ayer a varias personas que presentaron información sobre el tema de los desaparecidos. Dos de ellas lo hicieron respecto al caso de la maestra Elena Quinteros, secuestrada de la embajada de Venezuela en junio de 1976.

Una de las personas, Miguel Millán fue testigo de ese secuestro. Millán se presentó ante la Comisión en la mañana de ayer, y prestó su testimonio por espacio de 30 minutos.

En la reunión, ratificó la información brindada días atrás sobre el secuestro. Millán, junto a Alberto Grille y su esposa, y Roberto Barone, se encontraban el 26 de junio en la embajada de Venezuela en Montevideo, cuando secuestraron a Quinteros.

Según su relato, Barone “vio a uno de los policías, Cacho Bronzini, del departamento Cinco de la Jefatura de Policía. En el caso nuestro estábamos en ese momento en el fondo de la embajada, pero sentimos los gritos desesperados de María Elena Quinteros, diciendo ‘embajador, asilo, embajador’. Nosotros subimos por una escalera y pudimos ver desde una ventana cómo la sacaron las fuerzas policiales desde el jardín de la embajada.

Cuando miramos, vimos sólo los funcionarios de la misión diplomática, magullados por los golpes que les habían dado los policías en el propio recinto de la embajada”.

El caso Quinteros fue investigado por el Poder Ejecutivo por una orden de la jueza Estela Jubette, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la madre de la maestra secuestrada, María Almeida de Quinteros.

La investigación, realizada por el Ministerio de Defensa y entregada al presidente Jorge Batlle semanas atrás, no arrojó ningún dato, según dio a entender el ministro Luis Brezzo.

Pedido a los soldados

Otra persona –que prefirió no identificarse– también brindó información sobre distintos hechos, incluso del caso Quinteros, aunque no fue testigo presencial. Esta persona explicó que con su testimonio pretendió aumentar el número de informantes para “hacer verosímil el escenario del caso Quinteros”. “Esto es para que le lleven al Presidente (Jorge Batlle), 50 testigos en lugar de uno”, agregó.

Sostuvo que el aporte de información “es moralmente necesario”, y aseguró nadie correrá “ningún riesgo, porque guarda (los testimonios) en una caja fuerte. Esta es una comisión para la paz, no para la guerra”, manifestó.

Además afirmó que llamaría a los soldados de tropa “que no participaron de la tortura –porque para eso había equipos especiales–” a que brinden información. Señaló que en algunos casos fue testigo directo de movimientos militares en unidades del Ejército.

Indicó que los soldados “no tienen nada que temer, no van a perder la jubilación, (aunque) algunos están diciendo que su jubilación peligra”.

Por otro lado, integrantes de la Comisión dejaron trascender su malestar por la forma en la que se ha manejado alguna información que estaría “violando” la privacidad de los involucrados.

Expedientes NN

Finalmente para este jueves quedó fijada la reunión en la que la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Colonia entregará a la Comisión para la Paz la documentación sobre los cadáveres NN aparecidos en las cosas de ese departamento durante la dictadura militar.

Uruguay y la Corte Penal Internacional

Son 100 los países que han firmado el estatuto para la creación de la Corte Penal Internacional y 17 de ellos ya lo han ratificado. Para su entrada en funcionamiento es necesario que 60 países lo ratifiquen, y de esa forma lograr que el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no queden impunes.

Durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti, Uruguay se mostró en un principio favorable a la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional, pero luego marcó distancia de la misma, siendo uno de los países que ni siquiera la ha firmado (junto con Perú el único en toda Latinoamérica) y alineándose de esta forma con países como China, Arabia Saudita y Kuwait. Una delegación de la Coalición por la Corte Penal Internacional arribó a Uruguay para dialogar con diferentes autoridades nacionales sobre esta Corte y la posición de nuestro país ante ella, como parte de una campaña mundial en pro de esta corte. Brigitte Suhr (USA), Eduardo González Cueva (Perú) y Leonardo Kammermon (Amnistía Internacional- Uruguay) se reunieron ayer con el presidente Jorge Batlle para analizar el tema.

Tras la reunión los representantes de la Coalición comentaron a LA REPUBLICA que el encuentro fue “positivo”. “Nos quedó claro que Uruguay no tiene problemas jurídicos para firmar el estatuto”, dijo González. Agregó que el mandario se encuentra abocado a “resolver el tema” a nivel político. Los integrantes del grupo se reunirán además con parlamentarios así como con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Mariño.

Es intención de esta delegación activar una pronta definición de Uruguay tendiente a la firma del Estatuto .