Zaidensztat apela ante la SCJ; no descarta denuncia en el exterior

La sentencia de primera instancia sentenció la culpabilidad de Zaidensztat por un «Delito de Comunicación», como lo es el «desacato por ofensa».

Ayer miércoles 26 de julio, desde las 15:15 horas, y durante casi una hora, los ministros del Tribunal de Apelaciones argumentaron y dejaron constancia de la vigencia del fallo del doctor Néstor Valetti Rodríguez, juez de 16º Turno en lo Penal, quien resolvió procesar con prisión en suspenso, por cinco meses, al contador Zaidensztat.

Eduardo Zaidensztat prefirió no hacer declaraciones a la prensa, alegando que tenía mucho trabajo en la DGI, y finalmente agregó: «Mi conciencia está tranquila y no tengo que tomar pastillas para dormir».

Juan Fagúndez, el abogado defensor del jerarca de la Dirección General Impositiva (DGI) adelantó que ante la confirmación de la sentencia, presentará (hoy jueves), junto al abogado que lo secunda, el doctor Oscar Brum, un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El recurso de casación es a los efectos de que la SCJ revea el caso en virtud de asegurar su normal procedimiento, debiendo pronunciarse en los 15 días hábiles posteriores. En caso que el fallo sea homologado por la SCJ, Zaidensztat acudirá a los organismos internacionales, según adelantó su abogado.

El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, integrado por sus tres ministros, el doctor José Balcaldi, el doctor William Corujo, y el doctor José Bonavota, al igual que el juez Valetti, entendió por unanimidad que efectivamente existió «dolo», figura jurídica protagónica en este caso.

El «dolo», según el Código Penal, es una lesión, donde existe intención, con causa, ocasional. En tal sentido, tanto el magistrado, en primera instancia, como el Tribunal, el día de ayer, consideraron que existió dolo en las declaraciones del contador Eduardo Zaidensztat, cuando manifestó su parecer respecto del fallo del juez Eguren.

Argumentaron los ministros que estas declaraciones fueron agraviantes en tanto, el director de rentas, inviste un cargo jerárquico de importancia en un órgano estatal, en tanto profesional universitario, y en tanto las declaraciones trascendieron públicamente a través de los medios de comunicación.

El abogado Juan Fagúndez se manifestó notoriamente indignado frente a la resolución del Tribunal, ayer en la audiencia, oral y pública, en calle Yí 1523, e hizo claras alusiones al corporativismo que, en su opinión, predomina a nivel del Poder Judicial.

A propósito manifestó irónicamente que, a partir de ahora, no se podrá opinar respecto de los fallos de los jueces, y que los procedimientos penales, de aquí en adelante, serán de otra forma.

En referencia al resultado de la apelación, dijo que «hay un análisis desde el punto de vista del derecho procesal penal, donde según el tribunal, ahora los abogados podemos ir con nuestros testigos cuando hacemos denuncias, y podemos coayudar con los fiscales.

Así que el Ministerio Público y Fiscal debe enterarse de que ahora, los abogados que hagamos denuncias vamos a ir con nuestros testigos, con el fiscal, vamos a interrogar a los testigos, y vamos a actuar igual que el fiscal, porque el Tribunal de Apelaciones acaba de resolver que se puede».

El doctor Fagúndez, quien dijo además que había funcionado el corporativismo, se refiere claramente a los vicios de procedimiento que, en su opinión, existieron en el juicio, en el que el juez Eguren formó parte en calidad de codenunciante, y su defensa participó interrogando a los testigos.

Es en consecuencia que la defensa del contador Zaidensztat había resuelto de antemano presentar un recurso de casación ante la SCJ, en virtud de su visión de un proceso viciado, y con ciertas «anormalidades».

Este recurso «sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de normas de derecho, en el fondo o en la forma», conforme lo expresa el artículo 15 de la Ley N° 14.861, referente al Tribunal de Apelaciones (8 de enero de 1979). La defensa solicitó se absuelva al contador Zaidensztat de la imputación deducida por el representante del Ministerio Público y Fiscal. El doctor Pablo Eguren interpretó como una ofensa al Poder Judicial los dichos del director general de Rentas, desde Argentina, a un periodista, en los que afirmaba que «por suerte los Eguren son una minoría, si no, seríamos una república bananera». El jerarca de la DGI se disculpó ante la Suprema Corte de Justicia, disculpas que fueron aceptadas. No obstante, el juez Eguren consideró insuficiente la actitud del jerarca. A partir de hoy, jueves 27 de julio, una vez presentado el recurso de casación por la defensa, la Suprema Corte de Justicia cuenta con un plazo de 15 días hábiles para resolver al respecto. *