Vázquez anunció el "fin de la joda" y desató ácidas críticas de la oposición

El lunes durante la apertura del Consejo de Ministros celebrado en Melo, el Presidente respondió a un cartel colocado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública que cuestionaba «¿Que pasó con el se va a acabar la joda?», afirmando que «estamos luchando para que se acabe la joda y que no sigamos como en algunas circunstancias sin acusar a nadie, sin pensar que nadie tenga culpa de nada».

Ello motivó la inmediata reacción de algunos líderes de la oposición que realizaron severas críticas al accionar del gobierno.

Es el caso por ejemplo, del ex presidente y líder del Herrerismo, Luis Alberto Lacalle, quien solicitó a Vázquez que aclare sus dichos e indique «dónde están esas prácticas que él quiere combatir», y que si fuera necesario se realicen las denuncias pertinentes ante la Justicia.

Además de poner énfasis en el léxico del mandatario, aseverando que la expresión utilizada por él constituye un «mal ejemplo» y que a su entender «el Presidente y sus ministros deberían usar palabras más correctas».

Las expresiones de Vázquez también fueron motivo de observaciones para el diputado José Amorín, de la Lista 15, quien sostuvo que «por más que el Presidente se exprese de esa forma, los hechos no dejan de pasar», utilizando como ejemplo las denuncias contra la ministra «Marina Arismendi, que contrata gente sólo porque es del Partido Comunista» y agregó que a su vez el Presidente «aumenta el número de sus guardaespaldas y también se compra un avión».

Las declaraciones efectuadas por los representantes de la oposición a varios medios de comunicación causaron gran malestar en filas oficialistas, donde fueron objetadas  en especial las correspondientes a Lacalle- recordando el procesamiento de jerarcas de gobiernos anteriores y casos más recientes como el de los ediles colorados en Rivera.

Algún funcionario del gobierno llegó a expresar con tono irónico que «debería recomendársele a la Cancillería, que para contar con personal idóneo para resolver el conflicto con Argentina, encomiende la labor a Daniel Cambón ya que tiene gran experiencia en diversas entidades del Estado y una actuación intachable. Y si no los encuentran que le pregunten a Lacalle que seguro él tiene alguien para recomendar».

 

Lo hecho

Más allá de los ofuscamientos cabe recordar una serie de investigaciones y auditorías realizadas desde la asunción de la actual administración, que por su diversidad pueden parecer hechos aislados pero que en conjunto conforman la «lucha» a la que se refirió Vázquez.

Al día de hoy la Auditoría Interna de la Nación continua revisando la gestión de la administración pública, empero en el 2005 realizó 32 intervenciones que determinaron una serie de recomendaciones relativas al uso de la telefonía celular, el gasto en combustible, la mejor distribución del personal y hasta la renovación de la flota automotriz de la Presidencia de la República y varios ministerios por lo costoso de su mantenimiento.

Las mismas fueron recogidas por los jerarcas que dispusieron límites para esos gastos, inició el reordenamiento de los funcionarios de acuerdo a las necesidades del gobierno y comenzó a gestionar el recambio de los vehículos por otros más nuevos pero con menor gasto en mantenimiento a raíz del precio más conveniente de los repuestos.

Las mismas auditorías detectaron hechos más graves en instituciones como el Banco Hipotecario del Uruguay u OSE (aquí mediante la actuación de comisiones investigadoras), donde se llegó a presentar demandas penales contra los ex jerarcas de ambas dependencias públicas.

En el primero de los casos el motivo fue la cobertura por parte del BHU de gastos de estricto orden personal, como operaciones de próstata y rodilla en el exterior, además de pasajes a destinos exóticos y cobro duplicado de viáticos.

En el segundo fue como consecuencia de la comprobación del cobro de viáticos inexistentes, conjunción de intereses, y abusos de funciones, así como el famoso otorgamiento de un gran porcentaje de publicidad a medios con escaso tiraje o audiencia que a la vez tenían relación con uno de los jerarcas. En relación con el BHU puede mencionarse también la demanda presentada contra los responsables del Plan Fénix, debido la venta de los padrones (de la playa de maniobras de AFE) a particulares por parte de la sociedad anónima designada para administrar los terrenos del programa urbanístico que nunca llegó a concretarse. También puede citarse la cancelación de varios contratos de obra y concesiones por incumplimiento reiterado de los pliegos de licitación, como fueron los casos de Consorcio Ruta 1, responsable de que el nuevo puente sobre el río Santa Lucía permaneciera inconcluso durante casi una década; o el de Cerro Free Port, empresa del grupo Moon que pretendía construir un puerto comercial en Puntas de Sayago pero en lugar de solicitar las autorizaciones necesarias pedía prórrogas y preparaba demandas por daños y perjuicios contra el Estado.

En la órbita del MTOP también se destacan las investigaciones (que podrían culminar en breve en una nueva denuncia penal) respecto a la mala calidad de los materiales y desconocimiento de las recomendaciones técnicas por parte de los ex jerarcas que autorizaron la construcción de un espigón de obra en San José, que además de no cumplir sus funciones alteró el medio ambiente.

A esto debe sumarse las decenas de sumarios iniciados a funcionarios de distintas dependencias implicados en irregularidades varias, alguno de los cuales ya fue destituido.

Como ejemplo basta citar el de un alto funcionario de la Dirección General Impositiva que en el año 2000 fue condenando como cómplice de un delito de estafa pero continuó desempeñando sus funciones debido a que «el expediente sumarial fue escondido», situación que se revirtió en diciembre de 2005 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas determinó su destitución.

Con un tenor menos trágico, en su cruzada el gobierno también atendió la regularización de los «becarios» que desempeñaban funciones desde hacía cinco y hasta más de 10 años, cuando la norma establece un plazo máximo de dos.

En el mismo sentido se canceló contratos de zafrales que permanecieron vigentes durante varios años tanto en intendencias como en dependencias del gobierno central, cuando el período de trabajo no puede ser mayor a seis meses.

Por último, pero no menos importante es la puesta a consideración del Tribunal de Cuentas de las licitaciones, compras directas, adjudicaciones o cancelaciones de contratos, que realiza el Estado y el acatamiento de sus resoluciones, lo cual según las actuales autoridades «no pasaba en otros gobiernos donde este organismo, si actuaba era desoído en la mayoría de las ocasiones». Corresponde subrayar que lo enumerado corresponde a acciones realizadas principalmente durante el primer año de gestión de la administración Vázquez, y que al día de hoy continúan varias investigaciones administrativas aunque aún restan auditar algunas dependencias estatales. *