Cayó el coronel aviador Araújo, que fue el coordinador del segundo vuelo

La orden de captura con fines de extradición fue librada por el juez de 2º Turno en lo Penal Gustavo Mirabal a primeras horas de la tarde.

El magistrado recibió ayer información ampliatoria sobre el segundo pedido de extradición que implica a militares uruguayos, que había remitido el juez federal argentino Norberto Oyarbide.

Mirabal tomaría hoy mismo declaración a Araújo Umpiérrez, quien a última hora pasó a ocupar una celda en Cárcel Central. El juez Oyarbide instruye la causa sobre el secuestro y desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, trasladada ilegalmente a Uruguay y despojada de su hija Macarena.

El juez Mirabal está a cargo del segundo pedido de extradición proveniente de Argentina por casos que incluyen la desaparición de la nuera de Gelman.

La solicitud librada por el juez argentino Norberto Oyarbide, había sido devuelta por el magistrado uruguayo ya que, a su juicio, contenía imprecisiones. No explicitaba por qué delito se requería a los militares uruguayos, y se solicitaba a un tal «José Jumpérez», quien no figuraba en los registros de identificación civil de nuestro país. Este último, después se comprobó, era en realidad José Uruguay Araújo Umpiérrez, un coronel (r) de la Fuerza Aérea que sí aparecía denunciado por organismos de derechos humanos.

La inclusión del no identificado «José Jumpérez», se debió sencillamente a un error en los expedientes. Una vez librada la orden de captura, la Justicia argentina cuenta con un plazo de entre 15 y 30 días para expedir formalmente una solicitud de extradición.

El coronel aviador Araújo Umpiérrez, alias «Paleta Quemada», ingresó a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) el 13 de abril de 1950, y se retiró en 1988. En 1962, como capitán, sirvió en la Base Aérea Nº 2 de Santa Bernardina (Durazno). En 1972 ascendió al grado de teniente coronel y se desempeñó en la Base Aérea Boiso Lanza. En 1976 ocupó el cargo de coronel de la aviación del SID (datos recopilados en el libro «A todos ellos»; p. 546; editado por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos)

Asimismo, ocupó el cargo de subdirector del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) y se lo vincula al llamado «segundo vuelo» desde Argentina con el traslado de prisioneros políticos, cuya existencia fue reconocida por la Fuerza Aérea en su informe entregado a Presidencia, en agosto de 2005. De acuerdo con dicha información, el primer vuelo tuvo lugar el 24 de Julio de 1976 y el segundo, el 5 de octubre de aquel año.

Como resultante de investigaciones de LA REPUBLICA, Araújo Umpiérrez habría sido el coordinador del segundo vuelo de la muerte: «… aquel vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), fue piloteado por el mayor Walter Pintos, tripulado por el capitán Daniel Muñoz y coordinado por el coronel (av) Uruguay Araújo Umpiérrez».

En dicho vuelo fueron ejecutadas veinte personas y finalmente desaparecidas. Se trató, en todos los casos, de «operaciones aéreas ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese servicio», según el informe oficial de la FAU. De acuerdo con este documento el motivo de los traslados alegado por el SID «fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina», pese a que en este caso, no habría sobrevivientes. Sobre este asunto, el Ejército no dio respuesta en su informe.

De esta forma, los detenidos administrativamente en Cárcel Central requeridos por la Justicia argentina son ahora seis: los militares José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge «Pajarito» Silveira, el ex militar (dado de baja) José Ricardo Arab y el ex oficial de Granaderos Ricardo «Conejo» Medina, a los que se suma desde ayer el coronel aviador. El coronel Ernesto Rama, también requerido, se encuentra aún internado en el Hospital Militar. Además, la justicia argentina también solicitó la captura del coronel (r) Manuel Cordero, actualmente prófugo en algún lugar de Brasil.

Los militares retirados y el ex policía que están detenidos desde mayo, fueron requeridos en primera instancia por el juez federal Guillermo Montenegro, por la causa que tiene como principal acusado al teniente general (r) Jorge R. Videla, ex presidente de la Nación, por el cargo de «privación ilegal del libertad».

Dicho pedido de extradición es instruido en Uruguay por el doctor Juan Carlos Fernández Lecchini, juez de 1er. Turno en lo Penal, quien hizo lugar a la prueba exigida por la defensa, por lo que el magistrado argentino debe remitirle mayor información.

Debido al coincidente objetivo de ambas investigaciones, el juez Mirabal adelantó que solicitó información a Fernández Lecchini, ya que su expediente se ocupa del Plan Cóndor, que abarca el caso Gelman.

A principios de julio, en el marco del episodio protagonizado por el coronel (r) Gilberto Vázquez, quien se evadió del Hospital Militar y estuvo prófugo por cuatro días, los militares fueron trasladados desde las dependencias del Ejército, donde estaban detenidos, a Cárcel Central.

María Claudia García de Gelman fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 junto a su esposo y luego trasladada en forma clandestina a Montevideo, donde dio a luz a una niña que fue entregada en adopción. El cuerpo del hijo del escritor fue encontrado tiempo después en la capital argentina.

La nieta de Gelman fue hallada en el 2000 en Montevideo, pero los restos de su madre continúan desaparecidos.

 

Caso Gelman en la OEA

El Estado uruguayo deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el caso Gelman, en un plazo aproximado de 30 días.

Consultado por LA REPUBLICA, el abogado de la familia Gelman, en Uruguay, el doctor José Luis González, explicó que la denuncia fue presentada ante la OEA el pasado 19 de mayo. En consecuencia, en los primeros días de junio, la Comisión Interamericana envió la denuncia al Estado uruguayo exigiendo una respuesta escrita en un plazo menos a los 60 días, por lo que el informe deberá ser remitido en los primeros días de setiembre.

Básicamente el Estado debe redactar un informe que detalle porqué la Justicia de nuestro país no permitió investigar, y eventualmente juzgar, a los responsables de un crimen. Lo que se solicita, entonces, es que se remuevan los obstáculos, que determinaron que el fiscal Enrique Moller sugiriera el archivo de la causa, y el doctor Mirabal actuará en consecuencia.

La denuncia fue interpuesta en Uruguay en mayo del 2005, por el abogado de Gelman, José Luis González y por la ONG bonaerense Cejil (Centro por la justicia y el derecho internacional), conjuntamente firmada por el poeta argentino Juan Gelman y su nieta, María Macarena.

Si Uruguay no solicita una prórroga, la primera audiencia se realizaría en el mes de octubre, en Washington, Estados Unidos, y en caso de no llegar a un acuerdo, ambas partes, la Comisión emitirá su fallo. En caso de que la Comisión fallara a favor de la familia Gelman, podría recomendar la anulación o derogación la Ley de Caducidad, y se abriría nuevamente el caso en el país. *