Denuncian irregularidades en Anchoíta, la planta inaugurada por Batlle en 2004

La misma fuente amplió a LA REPUBLICA cómo se suceden todos estos hechos. Una de las principales muestras del «mal manejo» de la empresa pasa por el hecho de que la «gran mayoría» del personal con que cuenta es de procedencia chilena.

Esto se debe a que Pesquera Nacional, al cambiar su flota de embarcaciones pesqueras en Chile, la redujo, lo que provocó un gran desempleo en ese sector en el país trasandino, a lo que hay que sumarle el cierre de algunas empresas que tenía en otros países latinoamericanos.

Parte de ese personal fue derivado al nuevo -en ese entonces- emprendimiento de la empresa en nuestro país (ver recuadro aparte que explica el proceso).

«El tema irregular acá es que la empresa tiene más personal chileno que uruguayo arriba de los barcos, y eso que la legislación de nuestro país dice que debe ser 50 y 50″, manifestó el ex trabajador.

Según la normativa vigente de la Prefectura Nacional Naval -Circular Dirme (Dirección Registral y de Marina Mercante) Nº 037/999 del 26 agosto de 1999- los tripulantes extranjeros deben tener residencia legal constituida, la que se otorga luego de que son presentados y confirmados los certificados de buena conducta del país de procedencia del solicitante, trámite que demora varios meses.

 

Extranjeros ilegales son los que «mandan»

Como muestra de la irregularidad, el conductor de máquinas chileno del «Macarena IV», Marco Antonio Faundez Carrasco, ingresó al país el 12 de mayo de 2006 y el 7 de junio de 2006 ya recibía el permiso para embarcarse y asumir la mencionada responsabilidad.

Otra de las «cosas que están mal», dice la misma fuente, es el hecho de que no se cumple con lo acordado en los Consejos de Salarios con relación a los ingresos de cada categoría del sector.

Uno de los temas relacionados con los haberes percibidos es el que dice que los trabajadores chilenos cobran de manera mensual, mientras que los uruguayos lo hacen por jornal, lo que es considerado como una «discriminación», ya que «ellos cobran por todos los días, mientras que si nosotros no salimos no cobramos nada».

Además hay que sumarle que «los chilenos» perciben entre US$ 2 y 3 mil dólares, aunque ante el Banco de Previsión Social (BPS) figuran con el ingreso mínimo, unos $ 2 mil, «maniobra» que llevan adelante desde 2004, aseguró el ex trabajador.

«Los chilenos ocupan oficialmente puestos de segundo escalafón, pero en realidad son los que ‘mandan’ en los barcos. Si les decís algo te echan», manifestó el ex trabajador.

En tanto, también destacó que la empresa viola el permiso de pesca que tiene al llevar sus barcos más allá de las 50 millas de la costa, siendo que sólo puede capturar la anchoíta entre las 40 y las 50 millas, ya que la habilitación es de «media altura» y para ello tendría que serlo de «altura» (hasta 300 millas de la costa).

Esta habilitación además provoca que paguen menos porcentaje por las bodegas de los barcos y que tengan que incluir menos personal para poder zarpar en regla.

 

Amenaza ictícola

«El tema es que más lejos hay más cantidad de peces, por eso se van tanto. Además ahí han levantado cualquier cantidad, al punto que sólo así alcanzaron las más de 15 mil toneladas en 2005. Y encima de todo capturan caballa, para lo que no están habilitados, y lo que les puede generar una multa de la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos)», indicó.

En ese sentido recordó que la anchoíta es un «recurso forrajero», lo que significa que por su pequeño tamaño es la base de la pirámide alimenticia de los demás peces (merluza, corvina, entre otras 40 especies comerciales), por lo que su pesca indiscriminada puede provocar que la fauna ictícola existente en la zona no se alimente correctamente, bajando de peso, llegando hasta la muerte masiva de algunas especies.

Sobre el funcionamiento de la planta, el ex trabajador informó que «nunca funcionó para procesar las anchoítas, y sí sólo para elaborar harina y aceite, por eso son menos de 100 los que trabajan, entre todos, planta y barcos».

Destaquemos que la harina de anchoíta es utilizada para alimentar a los salmones que la empresa tiene en Chile, ya que ese emprendimiento le genera gran parte de sus divisas, que exporta esa especie tan cotizada de peces a Noruega y los demás países escandinavos a un elevado precio.

Con el aceite se hacen dos cosas; una parte es usada para la elaboración de cosméticos, porque se paga muy bien desde esa industria por el mismo; y la otra se mezcla con combustible para hacer biodiesel que se usa para alimentar las calderas que funcionan en la fábrica.

De esa planta se generan una serie de desperdicios los que son volcados a la bahía del puerto de La Paloma, lo que provoca olores desagradables para la población de la zona, además de contaminar las aguas, hecho que está siendo denunciado hace años por las organizaciones sociales del lugar.

 

Contaminación por todos lados

Eso provocó un «supuesto» cierre momentáneo de la fábrica, el que «nunca se efectivizó», expresó la misma fuente denunciante.

También reclaman los vecinos que las operaciones que lleva a cabo esa firma han producido innumerables dificultades en la operación del puerto debido a sus barcos varados o que embisten otros pesqueros amarrados en muelle, entre otras situaciones.

Por todo lo expuesto, la población de La Paloma exige el inmediato cierre de esta empresa, apelando a la caída de la concesión por incumplimiento de la concesionaria de las condiciones en que fue otorgada.

Lo que también contribuye para la contaminación y la agudiza, es el vertimiento de aceites que genera el mal estado de sus embarcaciones.

«La empresa compra aceite que daría para mover a todos los autos de Montevideo, porque los motores de los barcos son obsoletos y están en pésimas condiciones, lo que genera pérdidas enormes que caen al mar», enfatizó.

En otro orden, y al consultarle sobre cómo se puede dar esta serie de irregularidades sin que el Estado intervenga, el ex trabajador afirmó que «algo raro hay», ya que tanto desde la Dinara, como de la Prefectura Nacional Naval y la Armada Nacional, «faltan los controles pertinentes».

Concluyó diciendo que «increíblemente y a pesar de todo esto, o sea, de que no acuerdan con los trabajadores organizados, ofrecen trabajo de baja calidad, mal pagado, y utilizan a personas de otros países, muchas de las cuales las hacen pasar por condiciones de semiesclavitud, lo que les da ganancias enormes; aunque los balances de la empresa dan pérdida». *