"Z" rompió el silencio

El jerarca condenó a los dueños del local porque «le dieron manija a los trabajadores y los usaron como escudo, sacándolos a la calle».

Zaidensztat rompió el silencio que se había autoimpuesto el pasado 5 de junio, cuando el juez Néstor Valetti lo condenó a cinco meses de prisión por «desacato por ofensa», con suspensión condicional de la pena, a raíz de manifestaciones realizadas contra el juez Pablo Eguren.

Entrevistado ayer por Radio Carve, Zaidensztat dijo refiriéndose a La Pasiva ubicada en Av. Rivera y Soca, cerrada por sus propietarios y luego reabierta bajo la gestión de los trabajadores, que «hay otros negocios que tienen retenciones mucho más elevadas, no 6% sino hasta un 15%, y no se amagó a cerrarlos».

«La empresa declaró a través de su abogado, todos lo leímos en el semanario Búsqueda, que la empresa tenía una rentabilidad promedio del 8%, por lo tanto, lo que se está reteniendo es la utilidad de los señores empresarios», sostuvo el jerarca.

«Para pagar una deuda millonaria, de dinero que se defraudó durante años, es obligación de la DGI pedir las medidas cautelares a la Justicia y en la mayoría de los casos la propia Justicia dispuso la intervención de las cajas».

 

«Ni hijos ni entenados»

«Lo que a mí como ser humano y como uruguayo no me gusta, es cuando una empresa pone a sus trabajadores de escudo más débil, esa es una actitud deplorable».

«No se puede jugar con el trabajo de la gente. Se los sacó a la calle (a los trabajadores), se les dio manija y, ante una medida judicial de retención, se usó a los empleados».

«Por suerte para la masa de los trabajadores se recuperó la fuente laboral, pero también pienso en todos aquellos trabajadores de bares, pizzerías y restaurantes que fueron cerrando durante los últimos años. Todos esos boliches que cerraron dejaron empresarios fundidos, muchos de los cuales han perdido parte de su patrimonio y han quedado trabajadores en la calle».

«Eso ocurrió por una competencia desleal de muchísimos años de este grupo de empresas que se sentía por encima del bien y del mal. Tal vez, porque sus asesores eran un ex director de fiscalización de la DGI y un ex director de los servicios jurídicos de esta oficina».

«Acá no hay ni hijos ni entenados, somos todos iguales ante la ley y nosotros aplicamos la misma vara para todos los contribuyentes», enfatizó.