Blancos impulsan plebiscito por seguridad en Maldonado

Por primera vez en su historia política, el Partido Nacional será el mascarón de proa de una campaña por la realización de un plebiscito constitucional. Y para ello, el próximo lunes en la tradicional reunión semanal del Directorio blanco se ajustará la iniciativa popular en una reunión en la que estarán los representantes más identificados con esta empresa: Federico Cassareto (diputado por Maldonado), Sandra Etcheverry (Montevideo) y Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou (Canelones).

«Seguro firmo» se dará en llamar la campaña, que buscará recoger adhesiones de la población para llevar adelante una serie de modificaciones a las normas sobre seguridad ciudadana.

Conjuntamente al lanzamiento de la campaña el Directorio del Partido Nacional informará el lunes a la prensa sobre los seis proyectos de ley que su bancada legislativa ha redactado en este año y medio de trabajo vinculados a temas de seguridad. Algunos de ellos están en curso, como la baja de edad de los imputados, la reforma del código de la niñez, la creación de una dirección para la rehabilitación de infractores adolescentes, la de incorporar al Panes a los egresados del INAU, y la modificación de la vigencia de los antecedentes de los menores infractores.

La diputada Etcheverry confió que se buscará asociar en esta tarea de recoger firmas entre la población a organizaciones no gubernamentales vinculadas a las áreas de menores infractores, prevención en el consumo de drogas y alcohol y delincuencia juvenil.

 

El último proyecto

Recientemente, legisladores blancos han presentado un proyecto sobre seguridad, que se inspira en una iniciativa promovida tiempo atrás por el entonces ministro del Interior Guillermo Stirling.

Se trata de reducir la pena dictada por la Justicia a quien denuncie delitos vinculados a la venta de droga y en particular, la conocida «pasta base».

En su artículo primero, el proyecto señala que «la persona que revele la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso, o un significativo progreso de la investigación se le reducirá la pena a la mitad».

Los beneficios judiciales aumentan si la información proporcionada por el denunciante «hubiera permitido desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia y particularmente la relacionada con la droga «pasta base» u otras similares».

Este proyecto toma la estructura que presentara en el año 2003 el entonces ministro del Interior, escribano Guillermo Stirling, con un propósito más abarcativo y bajo la figura del «arrepentido». «La reducción de la pena de quien esté incurso en cualquier delito a cambio de información útil para combatir los que involucran estupefacientes, es una opción utilizada en el derecho comparado por la legislación que regula la figura del arrepentido», argumentan a su favor los diputados que proponen este proyecto. *