Vázquez remitió proyecto sobre ex presos y exiliados

La exposición de motivos que antecede al texto de la iniciativa afirma: «El objetivo que persigue la normativa proyectada tiende a proporcionar una solución para aquellas personas que, como consecuencia de expresar sus ideas políticas y/o ejercer la actividad sindical, sufrieron la prisión, el exilio, o la clandestinidad, viéndose imposibilitadas de ejercer el derecho al trabajo y, por ende, acceder a una protección social digna».

Según establece la iniciativa, que sustituye un proyecto anterior presentado en noviembre del año pasado, podrán acogerse a la ley las personas que «se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional, siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995″, así como las personas que «hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente».

Para las dos categorías mencionadas anteriormente se señala una «asignación computable mensual» equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (cada base asciende actualmente a los $1.482), es decir, que el monto a percibir es $16.300.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales como Crysol -que agrupa a ex presos políticos-, Comisión del Reencuentro, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y la Representación de los Trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), indica también que las personas detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil, y que «como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985″, tendrán derecho a una pensión «especial reparatoria» de 8 Bases de Prestaciones y Contribuciones, monto que hoy por hoy ascendería a unos $ 12.600.

Además, se indica que el monto mínimo de asignación de jubilación de las personas amparadas en la ley, «en ningún caso» podrá ser inferior al equivalente de cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigente al momento de ingresar al goce de la prestación.

En el capítulo de las exclusiones a la normativa, se establece que quedarán excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales Uruguay posee acuerdos de seguridad social, las personas comprendidas en leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza para actividades específicas y quienes debido a su actividad estén amparados por Cajas Paraestatales, y ya hubieran sido reparados por dichos organismos.

 

Análisis parlamentario

Actualmente el proyecto se encuentra en la Presidencia de la Cámara de Senadores, y será el propio Rodolfo Nin Novoa el encargado de derivarlo a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara baja. Según explicó a LA REPUBLICA la senadora Susana Dalmás, durante la sesión especial del próximo miércoles -en la que se recibirá al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, se entregará a la mencionada comisión, que luego la enviará a la cámara para su discusión. En caso contrario, Nin Novoa traspasará la iniciativa durante las primeras sesiones de la Cámara alta en el mes de agosto. *