Denunciarían penalmente al ex intendente Tortorella

Carlos Peláez – Maldonado

Según se confirmó a LA REPUBLICA, la posibilidad es evaluada desde el viernes pasado por varios ediles y dirigentes del Encuentro Progresista, aunque también es analizada por el dirigente nacionalista Ricardo Alcorta. La crisis comenzó a gestarse después de que llegara a sus manos el informe que al respecto elaboró el Tribunal de Cuentas.

El 9 de marzo pasado Tortorella firmó el decreto 1131 mediante el cual exoneraba a la empresa Baluma SA, propietaria del Hotel Conrad, de varios tributos y tasas municipales. La resolución se fundaba en lo establecido en el decreto 3714 de la Junta Departamental, aprobado el 17 de octubre de 1997.

Las exoneraciones abarcan el pago de Contribución Inmobiliaria, tasas de alumbrado y pavimento, y habilitación higiénica. Sin embargo el legislativo municipal fijó límites muy precisos sobre los porcentajes de descuentos y los establecimientos comprendidos por la norma, por lo que la decisión, también firmada por Real, fue un acto arbitrario del ex jefe comunal, quien se fundó en el asesoramiento de Adriasola.

La Intendencia estaba obligada a enviar el expediente a la Junta Departamental para que ésta aprobara la excepción correspondiente. La violación a la normativa tuvo repercusiones tanto en el ámbito político como empresarial.

En marzo pasado la ex edila nacionalista Cristina Pérez llevó el tema a la Junta «porque el intendente está regalando los dineros públicos». En tanto que fuentes hoteleras calificaron la decisión como «parcial e injusta, dictada con nombre y apellido». Los ediles solicitaron entonces un informe al Tribunal de Cuentas. El dictamen con fecha 21 de junio llegó la semana pasada a todas las bancadas.

Los exoneraron hasta de tasas que no correspondían

El extenso informe del TC  carpeta 187854; oficio 1924/2000  está firmado por la secretaria general del organismo, escribana Elizabeth Castro, y en otras palabras dice lo mismo que la edila Cristina Pérez: el intendente regaló dineros públicos.

En varios tramos, el informe descalifica el asesoramiento de Adriasola y expresa que «el argumento esgrimido supera el contenido del decreto» y afirma que «el intendente no se encuentra habilitado para exonerar a la empresa Baluma SA del ciento por ciento de las tasas».

En otro tramo hace referencia a la resolución municipal mediante la cual se exoneró en ese porcentaje la tasa general de alumbrado, pavimento, habilitación higiénica y forestal. «Sin embargo» –dice el TC– «el decreto 3714 no menciona la tasa forestal por lo que no debió ser incluida en las exoneraciones autorizadas».

El documento concluye con que «por todo lo expuesto, la exoneración autorizada por la Intendencia no se encuentra entre las situaciones previstas por el Decreto 3714 y su posterior reglamentación, ya que la misma se lleva a cabo por un porcentaje superior al previsto en la norma, teniendo en cuenta inversiones que no corresponden al año anterior, como se exigía, e incluyendo tasas que no habían sido contempladas en el Decreto. Por lo tanto la exoneración configura una modificación de recursos».

En su momento, el asesor legal de la Junta Departamental, doctor Miguel Loinaz, informó a la presidencia del legislativo que la exoneración decretada por la Intendencia sobre los tributos del Conrad «era un acto complejo que necesariamente requería de la aprobación legislativa por tratarse de una excepción». Obviamente, como ese trámite no se había cumplido el decreto municipal 1311 del 9 de marzo pasado era ilegal.

Por su parte, el entonces director de Auditoría Municipal, Oscar Torielli, informó con exactitud lo que corresponde exonerar y de allí surgía que la comuna estaba «regalando» unos 310.000 dólares. Por su parte el asesor jurídico de Hacienda, Gabriel Adriasola, si bien había concordado con lo expresado por Torielli, también recordó que el decreto 3714 de la Junta Departamental le permite al jefe comunal extender las exoneraciones «con resolución fundada».

A renglón seguido le dio los argumentos que se necesitaban. Pero olvidó que la resolución hubiera requerido la aprobación de los ediles.

Evalúan camino a seguir

Ayer algunos abogados de la coalición de izquierda evaluaban el camino a seguir, mientras se acentuaban los contactos políticos en previsión de lo que se visualizaba como una nueva crisis política a nivel departamental.

Por lo pronto estaría definido que la acusación penal contra Tortorella sería por un presunto delito de abuso de funciones, ya que aprobó una exoneración impositiva que no tenía respaldo legal. Por la misma figura se denunciaría a Real y a Adriasola.

Sin embargo, también se piensa incluir en la acusación un posible delito de fraude al producirse un daño importante al erario, ya que por una resolución arbitraria, la comuna dejó de recaudar 310.000 dólares. Varios ediles evaluaban también reclamar que, tal como lo establece la Constitución, los denunciados respondieran con su patrimonio personal por el daño causado a las arcas municipales.