General (r) Pereira: con Vázquez "comenzó una verdadera etapa de sanación institucional"

«No se trata de llegar a la verdad sobre los desaparecidos preguntando a quienes no responden», afirma el militar en una extensa carta de su autoría que entregó a LA REPUBLICA y que se reproduce en forma textual. Pereira, a su vez, afirma que hay que «borrar» la ley de caducidad y que el Ejército debe pedir perdón «por haber cometido estos actos de barbarie y comprometiendo el Nunca Más que la ciudadanía reclama». En ese sentido, señala que durante la dictadura «se produjo un dramático quiebre en la conducta de la Fuerza, haciendo añicos la tradición del Ejército Artiguista forjado en la Clemencia para los Vencidos». Agrega que los delitos de lesa humanidad «confesados» en el informe entregado al presidente Tabaré Vázquez, el 8 de agosto de 2005, y el consecuente «reconocimiento por el deber cumplido» a los anteriores comandantes «reniega de la idealidad del Ejército Artiguista y agravia los fundamentos de su honor institucional». Para Pereira, «al no repudiar el mal y el consecuente quebrantamiento del honor de la institución, no se puede pretender que, en contrapartida, la sociedad reconozca la buena reputación de la fuerza». «Solo en el momento en que el Ejército deje de realizar esa valoración positiva de los autores de los delitos cometidos en el pasado reciente, y de considerar cínicamente a tales crímenes como una consecuencia indeseada de la guerra, se podrá pensar sensatamente en la readaptación institucional deseada por la mayoría de los compatriotas».

 

Los fundamentos del honor y la violación de los derechos humanos

Montevideo, 19 de julio de 2006

 

El honor

Los hechos absolutamente lamentables, que rodearon el infantil escape del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del coronel retirado Gilberto Vázquez, mientras se encontraba en custodia de la División de Ejército 1 y a disposición de la Justicia Civil, su exposición mediática y la tragicomedia de su posterior dantesca recaptura por la Policía Nacional, motivaron la toma de posición de múltiples protagonistas de nuestro quehacer político y militar, plenamente convencidos de la pertinencia de su reiterada invocación al Código de Honor de los militares, relacionado en esta circunstancia con el incumplimiento de la palabra. Es de destacar, que se trata de la actitud personal de un militar retirado, que se encuentra en una situación jurídica de ciudadano de pleno derecho, enteramente responsable ante la Justicia, elector y elegible, y que está absolutamente liberado de todas las obligaciones y limitaciones que impone el estado militar, excepto el deber de secreto (que nunca se ha definido formalmente) y el sometimiento a los Tribunales de Honor (básicamente reglamentados para los militares en actividad).

Más allá de las buenas intenciones en argumentar la defensa o el ataque de quienes se enfrentaron políticamente por estos hechos lamentables, que sin duda desprestigiaron internacionalmente la imagen de nuestro país y de su Ejército, creo que se ha pontificado con cierta ligereza y exageración sobre un tema tan particularmente sensible para todos los ciudadanos, como sin duda es el honor. En una sociedad como la nuestra, forjada desde la Escuela Primaria en la prédica de la Idealidad Artiguista (aunque algo renuente en su praxis cuando llega el momento de empuñarla como antorcha para alumbrar el camino), debemos reconocer que todos los orientales del Uruguay somos consecuentes con nuestro héroe, y distinguimos en el General Artigas al arquetipo del honor. Es por este motivo que nos merecemos un análisis más profundo de toda esta lastimosa situación, para no caer en aquello de que «el árbol no nos deja ver el monte».

A lo largo de nuestra historia, se fueron definiendo los fundamentos filosóficos, morales y éticos de nuestro Ejército Nacional, y hasta su intervención autoritaria en la década del 70, creo que en esos aspectos debemos considerarlo esencialmente artiguista. En tal sentido, en los albores del siglo XX, estos fundamentos fueron sabiamente expresados en el Artículo 3º del Reglamento General del Servicio Nº 21 (R21) : «El Ejército es una escuela de moral estoica, en la que la abnegación, el desinterés, el honor y la ecuanimidad, constituyen las cualidades básicas de su fin solidario«.

Debemos valorar que la definición del Ejército como escuela de moral estoica y la determinación de su fin solidario, tiene una importancia tan significativa, que cada uno de estos temas requiere por sí mismo un enfoque específico. Tengo la firme esperanza que oportunamente comiencen a encararlo los políticos, académicos y filósofos vernáculos, advertidos de la trascendencia de esta definición reglamentaria, que curiosamente, no está establecida en el ordenamiento legal vigente para las Fuerzas Armadas.

Todas las cualidades básicas reglamentarias se encuentran al mismo nivel de importancia, y al respecto debemos considerar: la abnegación como una natural disposición al sacrificio, el desinterés como desapego al provecho personal, y la ecuanimidad como imparcialidad al impartir justicia sin dejarse influir por las consideraciones personales. Aunque poco se le conoce en su esencia, el honor es sin duda la cualidad más invocada cuando se trata el tema militar, y por eso a continuación intentaré expresar mi opinión con la mayor claridad posible. Antes, corresponde dejar constancia, que ninguna de estas cualidades básicas mencionadas son exclusivas de los militares, y en tal sentido, es seguro que todos conocemos a muchos civiles que exhiben sobradamente estos atributos y a militares que no lo hacen. Sin embargo, debemos establecer que en el Ejército ellas son parte de la doctrina, y un deber ser, que desde siempre, ha sido bandera en la Institución.

Por tratarse de una temática compleja, escasamente analizada, trataré de profundizar específicamente sobre el honor a partir de algunos fundamentos teóricos.

Subjetivamente, podemos definirlo como el sentimiento de nuestra dignidad moral. Es una cualidad implícita en la conducta personal y determina la conciencia íntima de cada uno, lo que cada persona cree de sí misma; en última instancia el ser y su propia opinión. Sabemos que la dignidad se manifiesta en el respeto de sí mismo, también que el fundamento de la moral es hacer el bien y evitar el mal; por lo tanto podemos establecer que: La esencia del honor, está en la conducta intachable del hombre respetuoso de sí mismo, capaz de hacer el bien y evitar el mal, y en su convicción plena con tal proceder.

Objetivamente, el concepto anterior tiene la necesaria contraparte fuera del sujeto, porque se relaciona con la opinión que tienen los demás de la conducta de esa otra persona, y por tal causa, para que se cumpla con los requisitos éticos de un hombre de honor, debe corresponderse con la buena reputación, el parecer de los demás.

 

En síntesis:

– El honor de una persona se evidencia en el perfecto equilibrio entre: el ser, el creer ser y el parecer.

– El paradigma del hombre de honor se fundamenta: en la conducta intachable, que hace el bien, evita el mal y es consecuente al respeto por sí mismo, la autovaloración positiva y la buena reputación.

Este tema ha sido siempre tan complicado y dramático, que en última instancia se saldaba en la disyuntiva de matar o morir, y en tal sentido, desde las entrañas de la historia de los pueblos surgió el viejo axioma que: «El honor se lava con sangre», como solución final entre un ofensor y un ofendido, en razón de las conductas personales y sus consecuencias en la reputación de otros. En nuestro país, esto se conso
lidó en la Ley de Duelos vigente hasta hace poco tiempo, y son muy conocidas las historias de duelos famosos, y de personas ilustres muertas o heridas en enfrentamientos en el campo del honor por muy distintos motivos. En este aspecto, también se deben considerar los diferentes tipos de suicidios ceremoniales, por ejemplo en la cultura samurai y militar en general, por personas que encuentran la solución final para salvar su honor profesional, con una muerte voluntaria que por muy distintas motivaciones, la cultura a la que pertenecen reconoce como digna en circunstancias extremas. La Ley de Duelos ha sido derogada, y la sociedad en general, rechaza todos los actos de violencia para dirimir los conflictos morales y castigar a los ejecutores del mal; pero a través de sus organizaciones constituidas en el vigente Estado de Derecho, reclama sin claudicaciones el estricto cumplimiento de todas las normas legales, que son el reaseguro de la ética en las relaciones humanas e interinstitucionales.

Por extensión de lo expresado antes en relación al honor de las personas, se debe considerar que para una institución como el Ejército, que a lo largo de su historia se ha mostrado extremadamente celoso en la defensa del honor, idealizado en la conducta intachable de hombres que se respetan a sí mismos, la autovaloración positiva y la buena reputación, debería resultar particularmente importante la valoración objetiva de la mayoría de los compatriotas. En tal sentido, todos somos testigos que prácticamente a diario se cuestiona su buena reputación, en razón del papel protagónico que asumió en la historia reciente de nuestro país, cometiendo el reconocido y obvio delito de lesa nación, y los también reconocidos y hoy plenamente probados delitos de lesa humanidad, con la actual secuela de más de 200 desaparecidos.

 

La violación de los derechos humanos

En el período de la dictadura cívico militar (1973-85) se cometieron tales delitos, confesados hace prácticamente un año en el informe oficial elevado por el señor comandante en jefe del Ejército al señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, que a pesar de la posterior confirmación de omisiones e inexactitudes importantes, recoge muchas consideraciones dramáticas, y algunas se expresan textualmente en los siguientes párrafos:

 

» Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985

Montevideo, 8 de agosto de 2005

…………….

III- Detenidos…………

La autonomía con que funcionaron los Centros Operativos de Detención, determinaba que la Justicia competente tomara conocimiento de los hechos, una vez que se consideraba obtenida toda la información, circunstancia en la que recién se pasaban los antecedentes a dicho Organo Jurisdiccional y se registraban en las Unidades Operativas oficialmente.

Debido a lo expresado, cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la Justicia, y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad.

En algunos casos únicamente se emitía un comunicado solicitando su requisitoria para ocultar su fallecimiento».

…………..

IV- Exhumación e incineración de los restos (operación zanahoria )

Con respecto a los restos de los detenidos fallecidos y sepultados en predios militares, en el año 1984, se posee la convicción que se procedió a su exhumación, cremación en hornos artesanales, completándose por trituración lo que no fue posible cremar. No obstante la discreción en la que se realizó la citada operación, se habría llegado a establecer la ubicación final que se determina en cada caso particular.

En el proceso de exhumación de los restos, las dificultades que existieron a lo largo del mismo para precisar el lugar exacto de cada enterramiento, permite arribar a la conclusión de que no habrían sido exhumados la totalidad de los restos, no pudiendo precisarse con exactitud, cuáles fueron exhumados o cuáles no. No obstante se logró identificar, con la mayor precisión factible, el lugar de enterramiento de la mayoría de los detenidos fallecidos objeto de la presente investigación».

 

Pero al considerar la evolución de los acontecimientos en el tiempo real, se constata que el firmante del documento, que ostentaba en ese momento la responsabilidad de la conducción del Ejército y su representatividad de todas las épocas, eleva un documento principal adjuntando el informe de referencia, en el que, entre otras cosas, expresa textualmente:

«Consecuentes con lo que somos y con lo que nos identifica, no pido para el Ejército Nacional, más que el reconocimiento por el deber cumplido. Sabemos que cada circunstancia impone sus pautas y marca sus ritmos y no perdemos de vista que, en esta coyuntura histórica, estamos haciendo lo que las circunstancias imponen, como sabemos también que los camaradas que nos han precedido en esta responsabilidad cumplieron cabalmente con su deber en el tiempo histórico y político en el que les correspondió actuar y tutelar los destinos de la Fuerza».

A esto cabe agregar, que la omisión de mencionar el 2º vuelo desde Buenos Aires a Montevideo reconocido en el Informe elevado por la Fuerza Aérea, transportando ciudadanos detenidos todavía desaparecidos (que supone un asesinato y enterramiento colectivo absolutamente premeditado), y las inexactitudes informadas en cuanto a la cantidad de desaparecidos como sus posibles lugares de enterramiento, hacen que tal actitud reticente en el empeño con la verdad, sugiera un inaceptable intento de hacer cómplice a las nuevas generaciones de militares, con este abominable silencio y justificación de los hechos del pasado.

La primera confirmación de las aberraciones cometidas en el ámbito del Ejército, se produjo cuando por un informe de terceros, se llegó al horroroso descubrimiento en un cuartel de los restos de un ciudadano, que permaneció desaparecido durante más de tres decenios, porque en una repartición aledaña fue asesinado por tortura, y luego alevosamente sepultado en un trabajo de albañilería, realizado con la evidente intención de escamotearlo para siempre a su familia y amigos. Para completar la continua mentira, se había informado previamente por escrito que su enterramiento y posterior exhumación, cremación y esparcimiento de restos, se había producido en la zona de otra unidad. Todavía se procesa la identificación de un resto óseo humano, posteriormente encontrado en la misma repartición militar convertida en cementerio clandestino.

Mientras sucede todo esto, desde los centros sociales militares y unidades simbólicas, donde seguramente se encuentran agrupados la gran mayoría de los autores intelectuales, materiales y cómplices por acción u omisión de tales aberraciones, aparecen vociferantes los eternos temerosos de asumir ante la Justicia, las responsabilidades que nos puedan corresponder a todos quienes fuimos militares en actividad durante esa época de mortal enemistad entre uruguayos. Y lo que a mi juicio resulta más grave aún, es que se pretende arrastrar en el deletéreo compromiso con esta maldad del pasado, a los actuales oficiales en actividad que nada tuvieron que ver con ella y que no debería ser motivo de orgullo para nadie. También desde ahí, se mantiene la odiosa tesitura de no reconocer las violaciones perpetradas contra los derechos humanos, y se pretende justificar lo i
njustificable con reiteradas cantinelas al honor, la guerra, la defensa de la patria y la soberanía nacional.

Es indudable, que la simple lectura de los párrafos del informe del Ejército transcriptos textualmente y la descripción de los hechos mencionados, demuestra que en el período de la dictadura cívico militar se produjo un dramático quiebre en la conducta de la Fuerza, haciendo añicos la tradición del Ejército Artiguista forjado en la «Clemencia para los vencidos». Los delitos de lesa humanidad confesados en el informe oficial que se menciona, y el consecuente «reconocimiento por el deber cumplido» a los anteriores comandantes que «cumplieron cabalmente con su deber», reniega de la idealidad del Ejercito Artiguista y agravia los fundamentos de su honor institucional. Es a todas luces evidente, una notoria mala conducta de los ejecutores materiales e intelectuales, que perdieron el respeto por sí mismos, y de una forma absolutamente inexplicable, la autoridad que de tal manera reconoce que se cometieron delitos de lesa humanidad y el más claro terrorismo de Estado, se manifiesta con una valoración positiva de quienes los cometieron. Al no repudiar el mal y el consecuente quebrantamiento del honor de la institución, no se puede pretender que en contrapartida, la sociedad reconozca la buena reputación de la Fuerza. Sólo en el momento en que el Ejército deje de realizar esa valoración positiva de los autores de los delitos cometidos en el pasado reciente, y de considerar cínicamente a tales crímenes como una consecuencia indeseada de la guerra, se podrá pensar sensatamente en la readaptación institucional deseada por la mayoría de los compatriotas.

Por todo esto, hay que ser particularmente cuidadoso cuando se apela al honor por el incumplimiento de la palabra de un coronel (retirado y detenido) con el comandante en jefe del Ejército, porque muchos pueden pensar, y con razón, que eso es apenas un abuso de confianza de un individuo inescrupuloso, requerido por crímenes muy graves, que sí afectan el honor de la persona y de la institución a la que pertenece, y al cual las autoridades le facilitaron la ilicitud con sus decisiones laxas y equivocadas. Además, es muy obvio que las instituciones que tienen la custodia de detenidos, tienen la primera obligación de ser eficientes para que éstos no se escapen, y si cabe, ocuparse posteriormente de su honorabilidad. Además, corremos el serio riesgo de que las nuevas generaciones de militares, reglamentariamente silenciosas pero siempre expectantes en como se resuelven estos temas de actualidad que involucran a la Institución a la que pertenecen, pueden llegar a pensar que estamos en un país, donde es más grave para el honor de un coronel retirado, abusar de la confianza del comandante que ser acusado de gravísimos delitos de lesa humanidad.

El mando superior de las Fuerzas Armadas ha determinado en forma oportuna, clara y acertada, la política a seguir en esta temática relacionada con lo actuado por los agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, porque se ha fijado como objetivos: Mantener vigente y hacer cumplir estrictamente la Ley de Caducidad, e investigar el destino final de los más de 200 ciudadanos desaparecidos, hace más de 30 años, en el transcurso de operaciones de inteligencia, realizadas en el marco de la coordinación ejecutiva de las Fuerzas Conjuntas en nuestro país y el Plan Cóndor en los países de la región. Consecuente con la doctrina, a implementado una estrategia que consiste en preparar y aplicar los medios disponibles, para lograr el cumplimiento de estos objetivos en los plazos determinados.

Pienso que la evolución de los acontecimientos políticos y sociales, actualmente impone rever: el objetivo de mantener vigente la Ley de Caducidad, y la estrategia de focalizar la investigación sobre el destino de los desaparecidos en el ámbito de los respectivos comandantes de las Fuerzas Armadas; y a ello haré referencia a continuación.

 

La anulación de la Ley de Caducidad

En relación a la vigencia de la Ley de Caducidad, hoy en nuestro país han cambiado radicalmente las circunstancias políticas y sociales que confirmaron mediante referéndum esta siempre cuestionada ley, que en el mejor de los casos, es reconocida por sus defensores más firmes como el mal menor oportunamente elegido. Sabemos que en su momento, fue promovida por la mayoría de los principales dirigentes de los partidos tradicionales de nuestro sistema político, con el pretexto de mantener la estabilidad institucional en peligro por un probable desacato de los militares, que se negaban a concurrir a la Justicia Civil para responder por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el transcurso de la dictadura cívico militar. Creo que no está en discusión que esta Ley contraviene toda la legislación internacional reconocida en nuestro ordenamiento legal, y al margen de otras consideraciones humanas, legales y políticas que seguramente corresponden, quisiera plantear a continuación unas pocas consideraciones, que a mi juicio, justifican de forma terminante la imperiosa necesidad de «borrarla» de nuestro ordenamiento legal, de la forma que la alta cátedra jurídica entienda más ajustada a derecho (derogación o anulación).

Desde una perspectiva puramente militar (y dejando de lado la visión hacia el pasado centrada en posibilitar el juicio y castigo a los culpables de delitos de lesa humanidad, lo que sin duda es un tema medular para que los ex agentes del Estado rindan cuentas de su conducta hasta donde sea posible), yo me quisiera referir exclusivamente hacia el futuro. En tal sentido, quiero afirmar que esta ley es absolutamente dañina para la institucionalidad democrática, porque dinamita los fundamentos del honor militar y de la obediencia debida, tal cual debe predicarse en un Ejército Artiguista, y aunque no sea de aplicación en el porvenir estará totalmente vigente, por lo que será sistemáticamente analizada en todos los Centros de Enseñanza donde los planes académicos imponen el estudio de la Legislación Militar. A modo de ejemplo, comentó que mi texto de consulta se encuentra inserto en las páginas 88 al 90 de un ejemplar de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, impreso en octubre de 1995, y actualizado y concordado por el asesor jurídico jefe del Estado Mayor del Ejército.

En el Art. 1º de la ley, se habla de la «consecuencia lógica de los hechos«, de un «acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas«, y de que «ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares (—), por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.» Es terrible pensar, que para siempre se continuará explicando entre los militares de la República Oriental del Uruguay, que después de una dictadura, se impone la lógica de acordar entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, y que en su transcurso, es necesario legalizar la figura creada del delincuente militar impune, que cumple su deber por orden del superior, pero su convicción política le permite convertirse en un criminal sin castigo. Por otra parte, en el Art. 2º sólo se excluyen los delitos económicos, y en consecuencia, al no hacerse discriminación en la gravedad de los delitos, para nuestro oprobio se incluyen aquellos considerados muy graves, que se definen como crímenes en todo el mundo civilizado y comprenden los delitos de lesa humanidad.

En consecuencia, no resiste el menor argumento defensivo serio, esta ley antiética, por
que la ética se refiere al cumplimiento de las obligaciones, e inmoral, porque la moral se relaciona con hacer el bien y evitar el mal. Está claro que no la quieren ni los que la defienden, porque lo hacen por compromiso y sin convicción, con una visión retrospectiva y estática, que alude a hechos políticos del pasado: como que en su momento fue considerada el mal menor, su posterior ratificación por el voto ciudadano y la no inclusión de este asunto en el programa del gobierno, todo lo cual pretende presentar una sociedad congelada en fotografías de eventos aislados y sucesivos. Por el contrario, sabemos que la sociedad debe analizarse con una visión dinámica y prospectiva, como una película donde cambian los escenarios y las acciones de los protagonistas, para corresponderse con la respectiva trama. Al día de hoy, toda la ciudadanía Oriental del Uruguay es absolutamente consciente de que ha cambiado el escenario, también la actitud de muchos de los protagonistas, hay reconocimiento y prueba de las aberraciones que se negaban en el pasado, y los jóvenes que por motivos de edad no fueron oportunamente consultados, hoy no pueden ni deben permanecer al margen de esta realidad que le golpea los ojos, pues los que nacieron al inicio de la dictadura hoy tienen los 33 años de Cristo en la cruz y todo el derecho de manifestarse sobre la sociedad en la que quieren criar a sus hijos, porque ellos son en última instancia los verdaderos responsables de su propio futuro.

Según se ha relatado antes, se sabe que todos los delitos que caducan por el imperio de esta mala ley, son delitos de lesa humanidad, que en realidad no caducan nunca en ninguna parte del mundo civilizado, porque el compromiso con la verdad y el justo juicio de los acusados, es la única forma que tiene una nación para marcar con firmeza, su absoluto compromiso con el Nunca Más en ninguna circunstancia. Estoy convencido que el tratamiento de esta ley no es un tema político, es un tema social, y por lo tanto, es seguro que la sociedad organizada encontrará la forma de sensibilizar al todavía mayoritariamente renuente sistema político, para que se concrete en el menor plazo posible la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que es el símbolo espurio de la desigualdad de los ciudadanos ante la ley y de la indebida autonomía militar en una institucionalidad democrática sana. Incoherencia es no cambiar cuando cambian las circunstancias, porque no se honran las opiniones del pasado cuando se desobedece la conciencia.

Mantengo la esperanza, porque creo conocer la esencia del pensamiento artiguista de la mayoría de los militares, no activistas de los centros sociales y al margen de la ideología nostálgica del proceso, que en la medida que evolucionen los acontecimientos, se irán sumando a quienes pensamos que el mensaje a dar siempre a las nuevas generaciones, es que no necesitamos ninguna caducidad para enfrentar a la Justicia cuando es necesario asumir las responsabilidades, porque sabemos muy bien que esto no es una simple expresión altanera, sino un compromiso con el honor de enfrentar las consecuencias de nuestros actos en cualquier circunstancia de tiempo y lugar. Tampoco es de descartar, que algunos de los propios militares denunciados por delitos de violación a los derechos humanos, estén dispuestos a asumir plenamente sus responsabilidades, y en tal sentido, se pronuncien oportunamente a favor de la anulación de la Ley de Caducidad.

 

La investigación de los desaparecidos

Hasta el momento, la estrategia del gobierno para llevar adelante la investigación sobre el destino de los desaparecidos, ha sido la de asignar responsabilidades directas a los respectivos comandantes de las Fuerzas Armadas, y de tal forma permanecen desde el inicio de esta administración, absolutamente empeñados actuando en primera fila. Por este motivo, quedan permanentemente expuestos a la opinión pública y a los reclamos de los diferentes grupos sociales, que como es lógico y esperable, son extremadamente críticos, cuando constatan errores de conducción, se decepcionan con alguna actitud, o no advierten el celo que reclaman en las autoridades, para ir desenredando la madeja de los trágicos sucesos en las historias humanas a recomponer. También es muy importante tener en cuenta, que la magnitud y complejidad de la tarea para alcanzar el objetivo que se busca, indica que sólo puede conseguirse en el largo plazo, por lo cual es lógico presumir, que en el mejor de los casos, podrá cumplirse en forma medianamente satisfactoria al final de este período de gobierno, pero más probablemente se logrará en el próximo.

Es necesario tener presente, que cuando un comandante en jefe se expone a la opinión pública, también expone a la Fuerza que comanda, y por una simple cuestión de edad, los actuales militares en actividad están en su inmensa mayoría, al margen de toda responsabilidad en estos dramáticos acontecimientos que hemos mencionado, pero como no se puede pretender que la gente haga valoraciones etáreas cuando ve un uniforme, la opinión pública tiende a generalizar y a poner en tela de juicio a todos los hombres que lo visten. Pienso que resulta muy injusto que las nuevas generaciones se vean de tal forma directamente involucradas, porque me consta que muchos oficiales jóvenes han debido responder a preguntas embarazosas de sus hijos, que han visto en la pantalla de la televisión a militares rodeando los restos hasta ahora desenterrados de los desaparecidos, y le requieren conocer la participación personal que tuvo en estos hechos.

Partiendo de los requisitos que impone nuestra institucionalidad democrática, se debe establecer que no estamos ante un problema militar, sino ante un problema esencialmente político, y que solamente podrá ser resuelto en forma relativamente aceptable, si se emplean coordinadamente todos los recursos de que dispone el Estado, porque es de suponer, que las desapariciones fueron en última instancia el resultado de operaciones de Inteligencia, y sólo cabe esperar el resultado inverso atando cabos para desandar el camino.

Erróneamente, cada día que pasa se hace carne en la opinión pública que investigar es sinónimo de excavar, y todo hace suponer, que cuando la escasa información confiable a disposición del equipo de campo aconseje suspender las excavaciones, muchos quedarán con el sabor amargo del fracaso, porque en adelante sólo podrán confiar en la nueva información que quieran proporcionar los ex agentes del Estado que la posean, y alguna otra puntual proveniente de los canales informales. La Teoría en Inteligencia indica que es necesario buscar activamente la información necesaria, estableciendo pautas para la dirección del esfuerzo de colección y un adecuado plan de colección, lo que posteriormente permitirá cumplir en forma sistemática el llamado ciclo de información, que consiste en el desarrollo concurrente y continuo de las fases de: colección, procesamiento y utilización.

Como tampoco se trata de invertir recursos económicos siempre escasos, y se da por descontado que el objetivo político se mantiene firme y claro, creo que ha llegado el tiempo de cambiar la estrategia, organizando en dependencia directa del Señor Presidente de la República y en una oficina debidamente informatizada del Edificio Libertad, un Grupo Coordinador en la Investigación de los Desaparecidos, de no más de 15 personas debidamente seleccionadas, que provengan de todos los organismos que producen algún tipo de Información: MI, MRREE y del MDN: Dirección Nacional de Inteligencia de Estado, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, además de respectivos representantes del periodismo de investigación en esta temática y de la Asociación de Madres y Familiares de los
Desaparecidos. No es pensable alcanzar resultados plenamente satisfactorios, y mucho menos en un plazo razonable, si se continúa aplicando la táctica de buscar la confesión de los denunciados, porque no se trata de llegar a la verdad sobre los desaparecidos preguntando a quienes no responden, sino de investigar profesionalmente con la metodología adecuada, todos los pormenores y personas directa e indirectamente relacionadas con cada denuncia.

 

Pedir perdón y comprometer el nunca más

Por todo lo expresado antes, estoy plenamente convencido que la máxima autoridad de cada Fuerza (empezando en el Ejército por ser la más comprometida), que detenta la responsabilidad durante su tiempo de comando pero es depositario de su representatividad en todos los tiempos, debe responder a los requerimientos de la sociedad: pidiendo perdón por haber cometido estos actos de barbarie y comprometiendo el nunca más que la ciudadanía reclama.

El pedir perdón es una retrospectiva que significa la reparación ética institucional que le debemos a la sociedad, quienes integramos las filas de los militares activos en ese período dictatorial, quedando comprometidos en estos actos de maldad extrema, por acción o por omisión, y apoyando moralmente a quienes fueron sus autores directos. Los hechos que se han ido confirmando inexorablemente con el paso del tiempo lo han demostrado, y de una buena vez debemos reconocer francamente, que los que de verdad mantuvieron su honor, fueron los antiguos camaradas que pagaron muy caro (castigados con el desprecio, la reforma y algunos con muchos años de severa reclusión), sus actitudes contrarias a la intervención política y a la violación de los derechos humanos. Los demás, mal que nos pese, seguiremos endeudados con el honor hasta el final de nuestros días.

Comprometer el nunca más, es una prospectiva que debe interpretarse como el primer capítulo de un Código de Conducta para las actuales y próximas generaciones, porque no se trata de algo meramente declarativo, sino de establecer las pautas para incorporarlo a la educación continua que se imparte en los institutos militares de cualquier nivel. Todos estos lamentables sucesos que referimos y que de una u otra forma todavía afectan la sana Institucionalidad democrática, nos hacen reflexionar sobre un punto que considero muy importante, en el sentido de que la generación a la que pertenezco, así como las inmediatas anteriores y posteriores, fueron militarmente formadas en la escuela de moral estoica para defender al sistema de derecho, y en la prédica de las cualidades básicas reglamentarias de la abnegación, el desinterés, el honor y la ecuanimidad, pero no para cometer estos delitos de lesa nación y de lesa humanidad que mencionamos, ni para ser los agentes del terrorismo de Estado que hoy nadie discute; pero a pesar de todo, los cometimos y eso fuimos. Debemos recrear las condiciones para hacer carne la conducta honorable, de tal forma que se cumpla el indispensable requisito de recuperar la buena reputación y toda la dimensión de esta cualidad básica que es el honor, tan mencionada y tan compleja; para educar en este aspecto también en el sentido negativo, porque es algo que en nuestro país no puede volver a repetirse jamás con ningún pretexto.

 

La perseverancia

Es necesario reconocer que es mucho y muy importante lo que se ha hecho en corto tiempo, pero todavía nos agobia el pensar todo lo que queda por hacer en esta dramática búsqueda de la verdad, sobre la bestial violación por parte del Estado uruguayo de los Derechos Humanos de numerosos compatriotas durante la dictadura cívico militar. Creo que a pesar de los enfrentamientos y la rispidez social que el tema ocasiona, con la política establecida a partir del 1º de marzo del 2005, comenzó una verdadera etapa de sanación institucional en nuestra sociedad, seriamente traumatizada por estos gravísimos sucesos del pasado que aún nos acusan en el presente, pero todavía persisten los efectos residuales y nocivos de la política respectiva en los dos decenios anteriores, donde a juzgar por el resultado, interesaba más predicar la negación, el olvido y la ignorancia.

Por otra parte, no hay que dejarse engañar y caer en la trampa de la falsa dicotomía que plantean (creo que de mala fe), quienes pretenden catequizar sobre la importancia y prioridad de otros temas en la agenda del gobierno, tratando de dejar en la opinión pública la mentirosa idea de que se debe renunciar a la conquista de un objetivo moral porque es una pérdida de tiempo, cuando urge ocuparse de otros asuntos relacionados con la economía, la pobreza, el trabajo y el bienestar. Es muy claro que un elenco de gobierno, debe trabajar permanentemente en todos los temas en forma concurrente, porque en todos tiene la obligación de ser eficiente, y para eso fue elegido por la ciudadanía que permanece vigilando su accionar. Una gran parte de ella está desde hace 30 años largos, particularmente afectada por esta situación resultante de la violación de los derechos humanos, y así seguirá, hasta que finalmente vislumbre por sí misma que el Estado empeñó todos sus recursos e hizo todo lo que estuvo a su alcance en la búsqueda de la verdad.

Cuando la sociedad en su conjunto lo reclama, los ciudadanos no debemos ser omisos ni timoratos para asumir las responsabilidades que nos puedan corresponder en cualquier circunstancia, pues tenemos pleno derecho a la defensa y a emitir las opiniones que entendamos de recibo en cada caso, ya que en un Estado democrático, el Poder Judicial independiente es nuestro garante de un juicio justo y de que se haga justicia en la sentencia final. Pero cuando llega el momento de justificar las conductas ante la opinión pública, debemos tener muy presente que desde la perspectiva del honor todas las invocaciones deben hacerse con extrema cautela, para no confundir a los jóvenes espíritus orientales del Uruguay, porque ellos deberán llevar gravada a fuego en sus mentes la más pura idealidad artiguista que sentencia la virtud, porque de aquí a la eternidad, el honor verdadero seguirá fundamentado: en la conducta intachable, que hace el bien, evita el mal y es consecuente al respeto por sí mismo, la autovaloración positiva y la buena reputación. *