Lanzaron ayer en Maldonado la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad

En un acto celebrado la tarde de ayer en el Paseo San Fernando de Maldonado, se lanzó oficialmente en este departamento la campaña de recolección de firmas para impulsar la anulación de la Ley de Caducidad. En el acto participaron representantes de prácticamente todos los gremios afiliados a la Mesa Intersindical de Maldonado, al igual que integrantes de la Mesa Ejecutiva del PIT-CNT y de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El acto comenzó con la exhibición de un audiovisual relacionado con el accionar militar durante la dictadura, dándose paso luego a un minuto de silencio en homenaje a los trabajadores fallecidos en el trágico accidente del pasado lunes en Ruta 1.

El periodista Carlos Peláez, tuvo a su cargo una exposición donde repasó los hechos más salientes de los años negros comprendidos entre 1973 y 1984, para luego explicar los alcances de la Ley de Caducidad y distintos aspectos de la campaña que se inicia para lograr su anulación, no su derogación como se menciona en algunos medios.

Luis Puig explicó que en el PIT-CNT, «resolvimos comenzar esto que es un debate democrático con el conjunto de la sociedad, e iniciarlo en el interior del país. El objetivo es desmenuzar hasta qué punto la ley de impunidad ha sido nociva para el país, no solo en el pasado, sino en relación al presente y de cara al futuro. Y la necesidad imperiosa de que nuestro país deje de ser un paraíso de impunidad para quienes violaron los derechos humanos, y en definitiva Uruguay procese a los delincuentes, procese a quienes desde la estructura del Estado, practicaron el terror en sus peores formas».

Puig agregó que nuestro país «asiste a espectáculos vergonzosos como las declaraciones de Gregorio Alvarez, como la fuga de Gilberto Vázquez», y que por eso «resulta imprescindible que Uruguay avance en la anulación de la ley.

Por su parte el doctor Oscar López Goldaracena, asesor del PIT-CNT, explicó algunos aspectos legales de la ley y su posible anulación. Consideró que, «tiene vicios de nulidad desde sus inicios, y desde el punto de vista jurídico debería ser anulada desde el Parlamento, ya que es contraria a disposiciones internacionales de los derechos humanos y esa incompatibilidad determina, que desde el punto de vista jurídico la ley pueda ser catalogada como inexistente». *