Juez pidió informes a Defensa sobre condiciones de reclusión de Vázquez

El juez penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, cursó un pedido de informes ante el Ministerio de Defensa. Además, entre esta semana y la próxima, prevé tomar declaración a Vázquez, su prima, y varios allegados al ex coronel involucrados en la fuga del Hospital Militar.

El Ministerio de Defensa deberá redactar un informe, detallando con lujo de detalles el funcionamiento de su sistema de vigilancia en la División de Ejército I, solicitado por el juez que investiga la fuga durante el pasado lunes 3 de junio.

A partir de mañana miércoles, Fernández Lecchini retomará las indagatorias para esclarecer la fuga del coronel (r) Gilberto Vázquez. Hasta el momento no hay personas detenidas por esta investigación.

La prima de Gilberto Vázquez, Serrana Rivas, se presentó voluntariamente a declarar en la sede de Interpol, donde compareció y fue de inmediato dejada en libertad. De todas formas, en el terreno estrictamente judicial, aún no ha sido interrogada.

Serrana Rivas es la propietaria del departamento Nº 304 de la calle Isla de Flores 1789, donde su primo, Gilberto Vázquez, permaneció oculto los cuatro días en que estuvo prófugo.

Ahora, la calidad de ex militar de Vázquez, en tanto miembro del Ejército, está siendo debatida por un Tribunal de Honor, el que resolverá si merece continuar usufructuando los beneficios como ex coronel.

Para el subsecretario de Defensa, José Bayardi, esta fuga «tuvo como propósito central erosionar la figura del comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz». Ayer lunes, no hubo mayores novedades respecto de esta investigación, ya que el feriado de hoy, de alguna manera, prolongó la Feria Judicial Menor, por lo que a partir de mañana comienza efectivamente la actividad judicial.

Mientras tanto, Gilberto Vázquez, además de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo «Turco» Arab (dado de baja), Jorge :Pajarito» Silveira y el ex policía de granaderos Ricardo «Conejo» Medina, se encuentra detenido administrativamente en Cárcel Central hasta que Fernández Lecchini se expida respecto del pedido de extradición de parte de la justicia argentina.

El juez en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Guillermo Montenegro, requiere a los ciudadanos uruguayos detenidos por la investigación que los vincula a delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, que coordinaba el accionar de militares de ambos países. Particularmente se vincula a los ex militares y al ex policía en la investigación sobre el secuestro de María Claudia García Irureta Goyena, esposa del Marcelo Gelman (hijo del poeta), ambos secuestrados en 1976 en Buenos Aires.

Este expediente tiene como principal acusado al teniente general (r) Jorge R. Videla, ex presidente argentino, por el cargo de «privación ilegal del libertad». En nuestro país, luego de que el gobierno excluyera el caso de la Ley de Caducidad, los oficios fueron archivados dos veces por el fiscal Enrique Moller, quien no halló mérito para juzgar.

Actualmente el magistrado argentino trabaja en la prueba solicitada por la defensa de los militares uruguayos. Aunque el magistrado uruguayo, Fernández Lecchini, consideró que «tiene ya elementos para expedirse sobre los extremos que es menester estudiar en un trámite extraditorio», resolvió que «es necesario complementar estos elementos de forma de poder llegar con más información a una resolución definitiva debidamente fundada». *