Después de La Haya: imaginar la fórmula para "ganar los dos"

En otros canales televisivos se podía presenciar la asamblea de ambientalistas de Gualeguaychú, donde estaba presente la simpática e inteligente secretaria argentina de Estado, Romina Picolotti.

El escenario de la asamblea era patético.

Los ambientalistas estaban congelados, en tanto Picolotti buscaba en la letra chica de la resolución de La Corte una cuota de esperanza o un seguro para que no la responsabilizaran del fracaso, porque los ambientalistas comenzaban a creer que el gobierno de Néstor Kirchner los empujaba a una lucha que de tan prolongada puede llegar tarde.

Fue así que la flamante secretaria de Medio Ambiente pidió ante la asamblea de Gualeguaychú, en términos de la Amsterdam, que «aguante Argentina» porque el fallo de la Corte «no es de ninguna manera el fin del mundo», sino «el primer paso, y la lucha continúa». Muy pocos le creyeron, pero no tenían otra ante el resultado de 14 a 1 favorable a Uruguay.

Picolotti, el mismo jueves, sacó de la manga una nueva política de confrontación que denominó «estrategia económica», que pasa por presionar al Banco Mundial y al sistema financiero internacional para que no apoyen a los inversores en Uruguay.

Veinticuatro horas después el estado de ánimo cambió y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció que el gobierno de Argentina, además de no descartar el planteo de «una nueva medida provisional» y de «seguir impulsando el proceso frente al tribunal hasta una sentencia definitiva», pide «que el sistema financiero internacional se abstenga de invertir». El anuncio llevaba la firma de Néstor Kirtchner. Las sanciones económicas, un nuevo tipo de bloqueo esta vez sobre los créditos internacionales, pasaban a ser la nueva arma de los que gobiernan en el occidente del Río Uruguay.

También el viernes, minutos después de que hablara Fernández (el argentino) el presidente Kirchner, en la misma línea que el antecesor, manifestó que defenderá con «dignidad, responsabilidad y fortaleza» la postura de su país. «Esto recién empieza», dijo el primer mandatario, alentando así a la protesta contra Uruguay.

Por su parte los ambientalistas, además de cortar las rutas, confirmaron que realizarán un escrache al presidente Tabaré Vázquez, durante la próxima cumbre del Mercosur en Córdoba, que se hará el 20 de julio. Solicitaron, a la vez, que el gobierno de Argentina declare persona no grata al presidente Tabaré Vázquez. Otra actitud mostró, es justo reconocerlo, el embajador argentino en nuestro país, Hernán Patiño Mayer, quien señaló que «el diálogo entre ambos países está abierto» y que la situación está planteada de esta manera: «Ganamos los dos o perdemos los dos», dijo.

Mientras, en estas costas, el canciller Reinaldo Gargano sacó a relucir toda su experiencia: «Uruguay va a continuar actuando con la misma actitud que tuvo hasta ahora, racionalmente, con mesura, con templanza, no convirtiendo esto en un acto de triunfalismo, sino como una oportunidad para encontrar un camino de entendimiento».

«Llamo a todos a tener en cuenta que se nos ha dado la razón, pero que la razón debe ser administrada con corrección y con equilibrio», agregó el presidente del Partido Socialista, hoy al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Ir al encuentro

Ante esta nueva etapa de la lucha por instalar las plantas de celulosa y desarrollar la industria forestal, es la hora de la responsabilidad nacional, en primer lugar del sistema político y de las organizaciones sociales.

Con el triunfo en La Haya sobre sus hombros el gobierno tiene la obligación de concertar con todos los partidos un camino conjunto, pero a la vez la oposición debe cerrar filas junto al gobierno, aunque le guste o no le guste el canciller Reinaldo Gargano quien se ha fortalecido.

Los empresarios, los sindicatos, la academia y la intelectualidad tienen también mucho por hacer dentro de una política que apunte a ir al encuentro de lo más racional de la sociedad argentina. La próxima reunión del Foro de San Pablo, es una buena oportunidad para ello.

Esta nueva etapa abre la posibilidad de conjugar una política de firmeza con el máximo de amplitud posible, para que los dos países encuentren un clima político y socio cultural adecuado y común, que permita nuestro desarrollo, defendiendo el medio ambiente de los dos países porque es la mejor forma de «ganar los dos». El gobierno tiene que salir a explicar a los uruguayos que las pasteras significan no solo más trabajo en ellas, sino también más trabajo en los ferrocarriles, los puertos y los servicios.

Es que en esta batalla que no queremos y que no inventamos, decide la gente y los lazos de amistad entre los pueblos. *